Los nuevos abogados de Juan Carlos I se estrenan para frenar el proceso en Londres

El rey Juan Carlos I ha decidido utilizar la bala de oro cambiando de bufete de abogados en Londres. Este lunes no solo dos magistrados de la Justicia británica escucharán los argumentos de Carter-Ruck, el nuevo despacho que ha desplazado a Clifford Chance, sino que todo el que se conecte a la web de la Corte de Apelaciones puede ver cómo el barrister (el letrado que se encarga de estar en la Sala) trata de defender que la inmunidad del Rey cubría todo aquello que hiciera y, por tanto, el acoso del que su examiga Corinna zu Sayn-Wittgenstein o Corina Larsen le acusa no se pueden perseguir.

La enfermedad de uno de los dos jueces retrasó el pasado lunes la vista que se celebra hoy a partir de las 15:00 hora peninsular y que será determinante para que Don Juan Carlos adquiera el permiso de apelar. Es una primera barrera procesal: si los abogados convencen a la Corte de Apelaciones de la División Civil podrán presentar el recurso para que los magistrados entren a debatir sobre la inmunidad del que fuera Rey; pero de suceder lo contrario se cierra el capítulo de la inviolabilidad y la demanda de Larsen seguiría adelante.

De la mano del mega exclusivo despacho Clifford Chance Londres, el exjefe del Estado perdió la primera batalla en primera instancia. En una sentencia del 24 de marzo el juezMatthew Nicklin lo dejó claro: “Ninguno de los fundamentos para defender la existencia de inmunidad de Estado ha logrado demostrarse y, por tanto, la demanda debe seguir adelante”.

La decisión de deshacerse del despacho ahora ha causado cierta sorpresa en España. Las fuentes consultadas cercanas al procedimiento explican que Juan Carlos supervisa muy de cerca cada paso que se da y si la relación con los letrados empezó a deteriorarse, lo mejor era sustituir a los profesionales “antes de agotar una nueva fase procesal”.

Según reveló la revista inglesa ‘The Lawyer’, la defensa corre a cargo de Guy Martin que lleva 32 años siendo socio de la firma. Es un experto en sanciones y bloqueo de activos y ha participado en procedimientos en Londres, en el Tribunal de Justicia Europeo y en la Oficina del Defensor del Pueblo de Naciones Unidas. Por ejemplo, coordinó el caso de un multimillonario empresario de Arabia Saudí -país en el que reside Juan Carlos I desde 2020- a quien en 2001 la ONU le había congelado activos en todo el mundo tras los atentados del 11 de septiembre. El comité de sanciones de Al Qaeda eliminó a este empresario de la lista el 5 de octubre de 2012, un caso que Carter-Ruck vende como éxito en su página web. Además, Guy también destaca en su trayectoria procesos administrativos en “contexto diplomático” o “gestión de reputación”. El despacho, aun siendo de unas dimensiones más reducidas que el anterior, fue elegido entre las mejores firmas en 2022 por la revista The Times.

Juan Carlos I ha depositado sus esperanzas en la destreza de este nuevo despacho para evitar que se aireen todas sus intimidades en un pleito que, de continuar, será muy incómodo para la monarquía española. Pero pase lo que pase, el camino será largo y con toda probabilidad llegará a 2023, como publicó LA RAZÓN. Si la vista de hoy prospera, serán los jueces de la división civil de la Queen’s Bench los que decidan si el juez de primera instancia erró al retirar la capa inquebrantable del exjefe del Estado español. Algo que puede tardar meses. Si fracasa, igualmente el calendario será muy extenso para que de nuevo en manos del magistrado Nicklin se entre en el fondo de la cuestión.

Larsen interpuso en diciembre de 2020 una demanda por un supuesto delito de acoso continuado del padre de Felipe VI y de los Servicios de Inteligencia españoles desde 2012. De hecho, no está descartado que el que fuera jefe del CNI, Félix Sanz Roldán, también acabe involucrado en el procedimiento, puesto que en la última sentencia de Nicklin pide a la empresaria alemana que aclare si también quiere ir contra él.