El nuevo CGPJ nacerá atascado: tiene ya sobre la mesa 62 nombramientos pendientes

La reforma legal que impide al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hacer nombramientos cuando se encuentra en funciones condicionará los primeros meses de mandato del nuevo Consejo. PSOE y Podemos alumbraron la medida, que entró en vigor en marzo del pasado año, para forzar al PP a negociar la renovación (el mandato del actual CGPJ expiró en diciembre de 2018), pero esa limitación legal de sus funciones (sobre cuya constitucionalidad el Tribunal Constitucional aún debe pronunciarse) ha acarreado que el número de nombramientos pendientes se dispare hasta los 62 actualmente a la espera de designación, según fuentes del CGPJ, que no dudan en calificar la situación creada por la reforma de “calamitosa”.

Pero ese atasco de nombramientos -al que tendrá que hacer frente el nuevo Consejo o el actual si antes de la renovación el TC declarara la inconstitucionalidad de la ley orgánica 4/2021- va a adquirir proporciones aún mayores en los próximos meses, pues la previsión es que el año se cierre con 75 nombramientos pendientes según esas mismas fuentes.

Los nombramientos que están en el aire a la espera de un CGPJ con capacidad para ejercer sus funciones con plenitud afectan desde la más alta magistratura de nuestro país hasta los tribunales superiores de justicia, audiencias provinciales y la propia Audiencia Nacional.

Catorce vacantes en el Supremo

Según los últimos datos que maneja el CGPJ, en el Tribunal Supremo son ya catorce las vacantes (ocho en la Sala de lo Contencioso, que se lleva la palma, tres en la Sala Social, dos en la Militar y una en la Civil), unas carencias sobre las que alertó recientemente el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes. También están pendientes de esos nombramientos seis presidencias de tribunales superiores, en los que en total las vacantes suman 24.

A éstas hay que añadir 15 presidencias de audiencias provinciales, otras ocho en la jurisdicción militar (entre ellas el auditor presidente del Tribunal Militar Central) y la presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (vacante desde que su presidenta, Concepción Espejel, fue designada magistrada del TC).

Según las fuentes consultadas, al CGPJ que afronte esos nombramientos “le llevará meses” cubrir todas esas plazas, pues el procedimiento incluye un plazo para que los magistrados interesados las soliciten, manden sus currículum y se sometan a las preceptivas entrevistas antes de que el Pleno del Consejo decida.

Pero si el Gobierno y el PP no son capaces de ponerse de acuerdo en el segundo semestre del año (y el TC no lo impide resolviendo los recursos de PP y Vox contra la polémica reforma, lo que abriría la puerta a una posible declaración de inconstitucionalidad), hasta el próximo 31 de diciembre se producirán otras 15 vacantes. Otras tres en el Tribunal Supremo (una en la Sala de lo Contencioso-Administrativo y dos más en la Sala Social), siete más en los TSJ (entre ellas la de un presidente, tres presidentes de salas de lo contencioso y otros dos de una sala social) y, por último, tres presidencias de audiencias provinciales.

Medidas de refuerzo: dos reveses y una buena noticia

A esta falta de provisión de plazas vacantes se sumó este mismo año otro contratiempo: la negativa del Ministerio de Justicia -en sendas resoluciones de 17 de febrero y 3 de junio- a aprobar decenas de medidas de refuerzo en juzgados de toda España (suplentes, sustitutos, comisiones de servicio, etc.) que habían sido propuestas por el Consejo del Poder Judicial. La situación, no obstante, se ha remediado en parte (únicamente respecto a las medidas que había que prorrogar, y no en cuanto a los nuevos planes de refuerzo propuestos en febrero, precisan fuentes del CGPJ) con el acuerdo alcanzado esta misma semana para prorrogar hasta el próximo 31 de octubre un centenar de planes de refuerzo que vencían el próximo 30 de junio.

“Siempre se había denegado alguna medida de refuerzo, pero no en masa”, apuntas fuentes de la institución respecto a esas dos negativas iniciales de Justicia. “Parece que se sigue la política de cuanto peor, mejor”, se quejan esas mismas fuentes, que consideran que el objetivo es “no dar ni agua a este Consejo porque no está renovado”. Pero, se preguntan, “¿por qué van a pagar los ciudadanos un problema político? Es absurdo”. “El problema no es que el Consejo esté en funciones, el problema es la ley 4/2021″, denuncian.

El pasado 17 de febrero, el ministerio que dirige Pilar Llop desestimó nuevas medidas de refuerzo propuestas por el CGPJ para los juzgados de lo Social de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife; así como para los juzgados de lo Penal de Salamanca, de primera instancia de Arona (Tenerife), de lo Contencioso números 1, 2, 3 y 4 de Santa Cruz de Tenerife, el juzgado de lo Penal número 15 de Madrid, la Audiencia Provincial de Ávila y las secciones civiles número 1, 11, 14, 16 y 17 de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Del mismo modo, Justicia también rechazó aprobar medidas de refuerzo en la sección 5ª de la Sala de lo Contencioso del TSJ de Madrid, en la sección 6ª de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife, en las secciones penales de la Audiencia de Barcelona, en los juzgados de lo Penal números 1 y 2 de León, en la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, en la sección 3ª de la Audiencia de Tarragona, la sección cuarta de lo Contencioso del TSJ de Cataluña, el juzgado de primera instancia número 50 de Barcelona, los juzgados de lo Social de Murcia, el juzgado de lo Penal número 18 de Madrid, el de primera instancia número 1 de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) y el de primera instancia número 7 de León.

Prórroga de planes de refuerzo

Las peticiones de refuerzo de magistrados del CGPJ también incluían el juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas, la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña, los juzgados de lo Social número 1, 2, 3 y 4 de La Coruña y los números 1, 2 y 3 de Lugo, los juzgados de primera instancia e instrucción números 1, 2, 3, 4, 7 y 8 de Elche, así como doce comisiones de servicio sin relevo de funciones para reforzar los 48 juzgados de primera instancia de Barcelona que no tienen competencias exclusivas.

Cuatro meses después, alegando también razones presupuestarias, el Ministerio de Justicia respondió de nuevo el pasado día 3 con una negativa al CGPJ respecto a otro paquete de medidas de refuerzo. Éstas afectaban al juzgado de primera instancia número 7 de Guadalajara, a la Sala de lo Contencioso del TSJ de Castilla-La Mancha, a la sección primera de la Audiencia Provincial de Lugo, a la sección 6ª de la Audiencia de Málaga, a la sección segunda de la Audiencia de Albacete, a los juzgados de lo Social de Málaga y Granada, a la sección primera de la Audiencia de Albacete, a la sección segunda de la Audiencia de Toledo y a la Audiencia de Ciudad Real.

Del mismo modo, entre quienes optaban a esas medidas de refuerzo figuraban el juzgado de primera instancia número 50 de Barcelona, la sección 15ª de la Audiencia de Barcelona, la sección primera de la Audiencia de Almería y la sección única de la Audiencia de Salamanca.

Es precisamente este segundo paquete de medidas -relativo a la prórroga de esas medidas de apoyo que expiraban en unos días- el que ha solventado en parte la decisión de Justicia de prorrogar cuatro meses más un centenar de planes de refuerzo “que vienen funcionando satisfactoriamente desde haces meses”. Ahora, el CGPJ volverá a la carga con los planes de refuerzo que han sido rechazados y que considera prioritarios.