El Gobierno puso el mes de junio como horizonte temporal para lograr la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Así lo señaló el propio Pedro Sánchez, tras participar en su primera reunión con Alberto Núñez Feijóo en La Moncloa. Sin embargo, el plazo está a punto de vencer y el próximo día 12 caduca el mandato de cuatro miembros del Tribunal Constitucional. Aunque desde el Ejecutivo siguen apelando a promover la renovación del CGPJ en condiciones de “normalidad”, esto es, a través de un pacto con el principal partido de la oposición, pero son conscientes de que el bloqueo se mantendrá, al menos, hasta después de las elecciones andaluzas del 19 de junio.

El Ejecutivo necesita desbloquear el órgano de gobierno de los jueces si quiere un Constitucional de mayoría “progresista”. El mandato de otros cuatro magistrados vence el próximo día 12, tres de ellos adscritos al bloque conservador, y la designación de los nuevos magistrados del Alto Tribunal está condicionada por la imposibilidad del CGPJ de hacer nombramientos si, como todo parece indicar, para entonces sigue en funciones. El veto lo fijó el propio Sánchez, vía reforma legal, hace un año para intentar incentivar –sin éxito- la renovación del Consejo.

Esos relevos voltearán la mayoría conservadora en el TC, pues la renovación de ese tercio de magistrados corresponde a partes iguales al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial –a razón de dos cada uno–. La entrada de tres progresistas –los dos a propuesta del Ejecutivo y otro más a través de la cuota socialista en el CGPJ– cambiará el equilibrio de fuerzas y dejará al sector conservador en minoría, al sumar el bloque progresista siete magistrados. Por ello, aunque sigan apostando porque el PP cumpla con su obligación institucional, el Gobierno estudia el sustento legal de renovar por su cuenta a los dos magistrados que corresponden al Ejecutivo.

Esta maniobra es arriesgada porque podría descarrillar en el Pleno del Tribunal Constitucional, que tiene que dar el visto bueno a las nuevas incorporaciones, si este tumbara la decisión. El artículo 159.3 de la Constitución deja claro que los integrantes del tribunal «se renovarán por terceras partes», por ello, en Moncloa siguen apostando por llegar a un pacto con el PP como primera opción, aunque dejan la puerta abierta a tomar la iniciativa.

“El PP puede decir misa, pero la realidad es que el Tribunal Constitucional hoy pende del nombramiento de sus magistrados de la renovación del CGPJ”, ha destacado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que ha calificado de “inaceptable” que el principal partido de la oposición “se niegue a cumplir la Constitución”. “Lo que el Gobierno exige es que se avenga a cumplir la Constitución, para así poder nombrar con normalidad a los magistrados del Tribunal Constitucional, esa es la demanda del Gobierno”, ha apuntado, aprovechando el primer cara a cara de Sánchez y Feijóo en el Senado para emplazar al PP a desbloquear la cuestión: “Podríamos hacerlo esta misma tarde, si esta tarde Feijóo aprovecha esa intervención para mostrarnos que es un hombre de Estado. Esta misma tarde nos ponemos a negociar”, ha resuelto.