La actividad legislativa se reduce a mínimos con Pedro Sánchez

Pedro Sánchez escogió a Podemos y Esquerra como socios prioritarios desde que desalojó a Mariano Rajoy de la Moncloa con la moción de censura de junio de 2018 y, desde entonces, ha arrastrado una mochila muy pesada que ha condenado a los sucesivos gobiernos a la debilidad y la inestabilidad. Y los datos dan buena cuenta de ello: la actividad legislativa se ha reducido a mínimos en los últimos cuatro años. En paralelo, para sobrevivir, el Ejecutivo nacional ha recurrido a la carta de los decretos, que acumula dos años consecutivos en cifras récord (2020 y 2021).

Desde que Sánchez es presidente, hace justo ahora cuatro años, tan solo se han aprobado 80 leyes (sumando ordinarias y orgánicas), solo ligeramente por encima de las que aprobó el Gobierno de José María Aznar en 1997 (72) o de las que aprobó el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 (72), cuando ya se había deteriorado mucho las relaciones con la Esquerra de Josep Lluís Carod-Rovira a raíz del pacto del Estatut y se abrazó a la CiU de Artur Mas en 2006 (tanto Aznar como Zapatero estaban, entonces, sin mayoría absoluta, también). Según el análisis realizado por LA RAZÓN, en los últimos cuatro años gobernados por Mariano Rajoy –para realizar un análisis justo– se promulgaron 95 leyes ordinarias y orgánicas.Por tanto, el balance para Sánchez, a día de hoy, es agridulce.

Lo cierto es que tanto en el Gobierno como en las filas socialistas rechazan, como es natural, que el Ejecutivo sea débil porque las leyes van saliendo adelante, algo que es totalmente cierto porque ha perdido muy pocas votaciones en lo que va de legislatura, que arrancó en diciembre de 2019.

Si bien, también es cierto que se están aprobando muchas menos iniciativas porque el Gobierno se está exponiendo menos, arriesga menos: a la vista está que hay muchas leyes que están adormecidas, atascadas porque siguen sin encontrar los apoyos necesarios para aprobarse. El Ejecutivo prefiere alargar los plazos antes de presentar proyectos que puedan peligrar en su tramitación final y que, por ende, arrojen la foto de la debilidad. Algunas de esas leyes, con una gran importancia política porque forman parte del acuerdo de Gobierno firmado entre PSOE y Unidas Podemos. Lo cierto es que, teniendo en cuenta que 2018 y 2019 fueron dos años de máxima inestabilidad (el primer año porque Sánchez accedió a la Moncloa con tan solo 85 diputados de los 175 que requiere una mayoría absoluta y el segundo año porque hubo repetición electoral), 2020 y 2021 tampoco han sido muy prolíficos a nivel legislativo.

En este sentido, 2020 sumó tan solo 14 leyes, el quinto peor registro desde 1977 (teniendo en cuenta que los peores años han sido 2004, 2008, 2016 y 2019, todos ellos con elecciones por medio). Y 2021 sumó 22 leyes ordinarias y otras 11 orgánicas: en total, 33 normas (desde 1977, tan solo 16 años han sumado menos leyes que el 2021). En este primer semestre del año, el Ejecutivo ha sumado ocho leyes ordinarias y cuatro orgánicas. A su vez, en el Congreso duermen ya varias leyes y proposiciones de ley. Hasta 42 se encuentran en plazo de enmiendas, es decir, a la espera del informe del ministerio competente. Es el caso de dos iniciativas remitidas a las Cortes antes de que comenzara la guerra en Ucrania con el objetivo de rebajar la factura de la luz. Ejemplo de este «atasco» es que la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término «disminuido», medidas urgentes de apoyo al sector turístico por la Covid o la reforma del Código Penal para la protección de la libertad de expresión, todavía no han sido aprobadas.

Y no parece que se atisben mejoras en el horizonte porque parece inviable que Sánchez cambie de socios pese a que Esquerra se aleja todavía más de la posibilidad de acuerdo. De hecho, hay quien asume desde las filas socialistas que la situación con Esquerra se puede ir complicando porque «no es lo mismo el inicio de legislatura que el final», donde los republicanos van a intentar marcar más distancias de cara al próximo ciclo electoral, aunque hay bastante convencimiento y se da por seguro que Sánchez concluirá la legislatura, a finales de 2023. Sánchez, lejos de rectificar, tampoco ha exhibido mucha predisposición a tratar de explorar otras vías, como la del PP de Alberto Núñez Feijóo, e insiste en seducir nuevamente a Esquerra y consolidar la alianza con Podemos (un partido que también ha acentuado su inestabilidad interna y erosiona, a su vez, al propio Gobierno). También es cierto que en las filas socialistas hay quien tampoco se fía del nuevo PP, que lo consideran un partido todavía «en transición» y que tampoco ha hecho excesivos cambios que permitan considerar que ha roto con la etapa de Pablo Casado. No obstante, en los últimos meses,los populares sí se han mostrado más cooperantes y han salvado varias iniciativas del Gobierno mientras ERC daba la espalda.

En cualquier caso, el Gobierno tiene por delante todavía una importante agenda legislativa, tanto por los compromisos con Europa como por los acuerdos con sus socios de legislatura (Podemos y los independentistas). De hecho, de aquí a finales de año tiene por delante que aprobar en torno a una cuarentena de normas para seguir cumpliendo con Bruselas y recibir los fondos europeos. Serán vitales, entre otras, la segunda reforma de las pensiones, la reforma fiscal, la ley del cine o del Sistema Nacional de Salud, entre otras. Si bien, en muchas de ellas tendrá que decidir si lo trata de hacer con los socios de investidura o con la derecha. Los socios de investidura se han alejado del Gobierno, pero tampoco se resignan y mantienen la mano tendida para seguir acordando porque no quieren dejar escapar la oportunidad de una «mayoría progresista». Lo más inmediatos ahora son los planes de empleo, que tienen que salir adelante antes del 30 de junio, aunque el Gobierno sigue sin tener claros los apoyos suficientes tras un difícil trámite. También, esta misma semana tendrá que aprobar el decreto para topar el precio del gas y reducir la factura eléctrica.

Esta presión se une a la que proyecta desde Moncloa el socio minoritario. Unidas Podemos pide a Sánchez «pisar el acelerador» para cumplir al completo el acuerdo de coalición. Los morados han logrado la aprobación de la ley de Libertades Sexuales y se garantizan que en el próximo periodo de sesiones se tramite la ley de Diversidad Familiar, pero son más ambiciosos. Y es que los morados son conscientes de que la única herramienta con la que cuentan es con este acuerdo, donde se vuelcan muchos de sus compromisos electorales y con el que pueden ejercer presión a los socialistas, denunciando –si no se lleva a cabo– «incumplimientos de gobierno». Así, de cara a la recta final de la legislatura, los morados inciden en desempolvar la ley de Memoria Democrática o a ley de Seguridad Ciudadana, normas con tintes especialmente ideológicos que se concibieron como los grandes proyectos para aunar al Gobierno con sus aliados parlamentarios.