“Caso Pegasus”: El CNI no se cree a Sánchez

Paz Esteban es una funcionaria que lleva trabajando en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) desde hace cuarenta años. Los protocolos en cuanto al sistema de seguridad de los miembros del Gobierno no se modifican por el cambio de color del partido que ocupa el Palacio de la Moncloa. Son criterios estrictamente profesionales. Y no es posible que se produzca una intromisión en un dispositivo móvil y que pasen meses sin que se perciba esta injerencia por parte del usuario o de los sistemas de vigilancia. Siempre dejan algún rastro, y más dentro de unos procedimientos de control como los que afectan a Presidencia y Ministerios.

En suma, la versión de Moncloa sobre la fecha en la que ha tenido conocimiento del espionaje por Pegasus en el móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, no resulta creíble para los funcionarios expertos en la materia ni dentro del servicio de inteligencia ni tampoco en las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Los miembros del Gobierno son instruidos por el CNI en materia de seguridad, y los ataques dejan huella en los teléfonos, de tal manera que es prácticamente imposible que su usuario «no notara que había algo raro».

El «caso Pegasus» se ha convertido en una bomba de relojería para el Gobierno porque en cada uno de los pasos que está dando arrastra nuevas consecuencias y se debilita más institucionalmente.

La vía de escape de ofrecer al independentismo la cabeza de la directora del CNI no saldría gratis. En este movimiento, el Gobierno tiene en contra el criterio de los servicios de inteligencia, que arropan a la directora del centro, y también a Policía y Guardia Civil. En el ámbito de la inteligencia no dan crédito a la versión que ofreció el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el pasado lunes en una comparecencia de urgencia en Moncloa. Entonces denunció una intromisión en los móviles de Sánchez y de Robles, que habría tenido lugar en 2021, pero que hasta ahora no conocían.

Los expertos no entran en criterios políticos, ni buscan explicaciones en el contexto de la pugna de partidos, pero sí hay coincidencia en resaltar que los elementos del puzle no cuadran, después de que hace más de un año Moncloa ya supiera que tenía móviles infectados, entre ellos el de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.

Fuentes conocedoras de los procedimientos con los que se gestiona este ámbito de la seguridad interna coinciden en que «si hay que dar por buena la versión de que no se enteraron de la intromisión, entonces estaríamos ante un fallo claramente político, y consecuencia de que desde el Consejo de Ministros se han desatendido las indicaciones dadas y los protocolos».

En la evolución de esta crisis, los socios pidieron a Sánchez cabezas políticas por el caso Pegasus. El Gobierno dedicó una semana a ofrecer versiones cruzadas, mientras la titular de Defensa fue la única que cerró filas, sin matices, en apoyo al funcionamiento de los servicios de inteligencia.

El último movimiento, que coloca al jefe del Ejecutivo en la posición de aparecer como una víctima más de Pegasus, no puede quedarse en una mera operación de maquillaje comunicativo. A los socios independentistas no les convence. Abre una desconfianza absoluta dentro del Gobierno, y ha dejado ver a miembros del mismo, como la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz,poniendo en duda la seguridad de la intimidad de sus conversaciones.

El golpe daña aún más la confianza exterior, después de que desde los homólogos españoles del CNI y desde la diplomacia de otros países ya se hayan interesado por la seguridad que ofrece España ante la próxima Cumbre de la OTAN, que se celebrará a finales de junio en Madrid.

Moncloa ha empezado a filtrar, a través de alguna de sus terminales, que duda de la eficacia del CNI y del trabajo de su directora. Esto son palabras mayores porque, a diferencia de lo que ocurre en la batalla por el control del Poder Judicial, aquí no hay pugnas políticas, sino que se entiende como un «ataque» contra la profesionalidad de funcionarios del Estado, «a los que el Gobierno tiene la obligación de proteger y no puede utilizar a su servicio ni dañar su imagen para proteger su estabilidad política».

La izquierda ha empezado a difundir la teoría conspirativa de que existe una presunta corrupción dentro de las Fuerzas de Seguridad, de tal modo que el uso ilegal de Pegasus se hubiera hecho desde agujeros negros en las mismas. No hay ni un sólo elemento que corrobore esta denuncia, pero ya ha entrado a formar parte de la retórica no oficial.

«Estamos ofreciendo la imagen de un país de tercera. Que no controla a sus servicios de inteligencia. Que tiene un Gobierno que no se entera de que le espían. Y que está en un proceso de deslegitimación institucional muy peligroso», sentencian fuentes del CNI.

Esta denuncia de los servicios de inteligencia, y que comparten en las Fuerzas de Seguridad, coincide, por cierto, con el criterio de expertos en ciberseguridad nacionales e internacionales.

En ese sentido, un informe del CNI, publicado por OK Diario, prueba que Moncloa conocía el espionaje desde julio de 2021. El organismo entregó un dossier al Ejecutivo apenas un mes después de que los móviles de Sánchez y Robles fueran espiados. Fue el Centro Criptológico Nacional (CNN), adscrito al CNI, el que elaboró dicho informe al dispararse los casos de líderes internacionales espiados con el software de origen israelí Pegasus.

Esta crisis agrava la desconfianza dentro del Gobierno de coalición y aleja al PSOE de sus socios naturales de investidura. Su principal apoyo está siendo el PP, no porque comparta la gestión de Sánchez, sino porque antepone la protección del Estado. Primero quiere escuchar las explicaciones de la ministra de Defensa y ver la información que se traslada a la comisión de secretos oficiales.