El Supremo cierra filas con ‘el juez del CNI’: «es hermético y muy serio»

El Tribunal Supremo observa en la distancia y con cautela todo lo que está sucediendo en torno al espionaje a más de 60 personas del mundo independentista con el programa israelí Pegasus. Saben que, eventualmente, el asunto podría terminar en sus manos y magistrados consultados por LA RAZÓN no muestran remilgos en defender al único juez que conoce de los temas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Pablo Lucas: «Es hermético, un hombre muy serio». De forma unánime creen que la actuación judicial estuvo por fuerza bien hecha, descartan un espionaje masivo e injustificado y puntualizan que si hubo errores no deben atribuirse al magistrado que desde 2009 se reúne con los funcionarios más anónimos de España.

«Jamás de los jamases ha comentado nada», expresa un muy veterano magistrado de la Sala Tercera que comparte pasillo con Lucas. A esta misma Sala, que ve los asuntos de lo contencioso-administrativo, pertenece el juez desde hace más de 20 años. «Aquí alguien tiene que caer, pero no creo que se les ocurra disparar contra el pianista», indica este compañero. Lucas realiza su labor diaria firmando y deliberando sentencias de forma independiente a lo que despacha con el CNI. «Su autonomía es absoluta de la propia Sala», aclara otro magistrado de la misma jurisdicción.

Pablo Lucas fue elegido en 2009 por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para cumplir esta función en secreto y, según las fuentes consultadas en el órgano de gobierno de los jueces, su labor ha sido tan satisfactoria que hasta en dos ocasiones le han renovado. La última en 2019 por un plazo de cinco años. Corresponde al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, hacer esta propuesta con el único requisito de que sea una persona con más de tres años de servicio en esa categoría. De forma adicional se nombra a un suplente que pertenece a la Sala de lo Penal -actualmente Andrés Martínez Arrieta- y que solo rubrica escritos del CNI cuando el titular está enfermo o de vacaciones. De lo contario, ni se entera.

«Las actuaciones son secretas, con absoluta legalidad», defiende un magistrado que ha conocido de primera mano las labores del ‘juez del CNI’. Remarca que lo que los servicios de Inteligencia buscan no son actos delictivos. Cada año los espías españoles se deben a una serie de directrices para la seguridad del Estado de las que deben dar cuenta al Gobierno y, entre ellas, las fuentes señaladas sitúan el control de la unidad territorial nacional. Por eso, a ninguno sorprende que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, o sus antecesores -como Quim Torra, Carles Puigdemont o Artur Mas, que aparecen en la lista elaborada por «Citizen Lab»- pudieran haber estado vigilados.

«Los fines del CNI no son averiguaciones de delito, es información para dar al Gobierno», insisten. «Un procedimiento del CNI no pretende una sanción de la que deba defenderse nadie, sino que se fundamenta en conjurar unos riesgos contra el orden constitucional, la libertad o la integridad nacional, entre otros», expresa otra fuente de la Sala Segunda.

Uno de los puntos que más fricciona con el derecho que impregna a los magistrados del alto tribunal es el hecho de que en el listado de espionaje aparezcan abogados como Gonzalo Boye, o Andreu Van der Eyden. En el caso de este último, el análisis canadiense ubica el «malware» en su teléfono el 14 de mayo de 2020, es decir, cuando toda España estaba todavía encerrada en sus casas por la pandemia durante el primer estado de alarma. Boye, por su parte, recibió 18 mensajes infectados con Pegasus, aunque el estudio no aclara cuántos pudieron afectar de forma efectiva al teléfono.

Es en este punto en el que los magistrados del Supremo presentan más dudas. «A mí me cuesta pensar que durante el procés se estuviera vigilando a abogados», señala uno, mientras que otros creen que «una vez que se aprecia que hay necesidad de investigar una determinada actuación de alguien, para conjurarla, es irrelevante que el escuchado sea abogado o no. Nada se perjudica por el hecho de que sea abogado». Algunos apuntan a la delicadeza de que terceros intervengan las comunicaciones de abogados -por el derecho a la defensa- y de periodistas -por la libertad de información. Si bien la mayoría se esfuerza en hacer entender que la Inteligencia no persigue delitos, es más, si se toparan con ellos no podrían judicializarlos y, en este marco, el espionaje es igual para todo el mundo, dicen. Además, no es descabellada la posibilidad de que hayan sido espiadas decenas de personas si cada una de ellas tiene un texto motivado -como exige la ley- por parte del centro que dirige Paz Esteban y la firma de Lucas. La cantidad no importa, exponen, porque sobre esto la ley no pone límites.

El control que ‘el juez del CNI’ hace sobre el organismo que depende del Ministerio de Defensa se lleva a cabo desde 2002, cuando el Gobierno de José María Aznar aprobó una pequeña ley en la que buscaba, entre otras cosas, poner freno a la polémica desatada por las escuchas del CESID (anterior nombre del CNI). Y sobre el magistrado no hay nadie más. «En algún sitio tienen que terminar las cosas», indican. Pero si en algo coinciden los togados es en que Lucas es un magistrado «magnífico», «honesto» y «preparado» para ejercer como garante de los derechos. «Es uno de los mejores magistrados del Supremo», señala un alto cargo del Tribunal.

Por eso, no quieren que la maraña de dudas que se condensan en el bautizado «CatalanGate» terminen cargadas a las espaldas de los jueces. Incluso, se esfuerzan en recordar que Pegasus está al alcance de más Estados y que no solo el Gobierno ha tenido o tiene interés en saber cómo se mueven los líderes independentistas y su círculo. En cualquier caso, si hubo o no autorización judicial para todas estas intervenciones sólo puede saberse de dos maneras: en la Comisión de Secretos oficiales en el Congreso (de puertas para dentro) o desclasificando los papeles por parte del Gobierno si así un juez se lo pide. Y el asunto ya está, al menos, en un juzgado de Barcelona.

Dudas en la custodia de los teléfonos

La ministra de Defensa, Margarita Robles, en su intento de proteger la actuación del CNI ha puesto en tela de juicio la fiabilidad de este estudio llevado a cabo por la Universidad de Toronto (Canadá) que ha analizado miles de terminales móviles para conocer el alcance de Pegasus. Este periódico ha hablado con una de las personas que participó, previa firma de contrato, poniendo su teléfono a disposición de los investigadores.

En su relato cuenta que recibió una llamada de uno de los responsables del análisis proponiéndole participar allá por el mes de marzo de 2021. Decían que había gente a su alrededor a la que se le había inyectado el virus y que su caso podría ser uno más. Le dieron unas instrucciones para sacar del teléfono un informe con una serie de metadatos que envió a Canadá y, como si de un test-Covid se tratara, la respuesta fue “positivo”. Su móvil había tenido Pegasus. En su caso no pudieron determinar cómo se introdujo porque él había borrado todo sms o mensaje sospechoso con anterioridad, pero, según le indicaron, Pegasus deja un rastro cuando se va del terminal así que situaron ahí los parámetros temporales en los que tuvo el malware.

Esta persona se había desecho de móviles anteriores algo bastante común por lo que, según diversos consultados, deducir que con anterioridad no fue atacado puede llevar a equívocos. «Citizien Lab» pone la chincheta de la mayoría de los ataques entre 2017 a 2020, pero expertos en asuntos digitales señalan que hay algunas conclusiones difusas. Por una lado, esto, el hecho de que la línea temporal sea débil puesto que muchas personas cambian de móviles y puede haber información que se esté perdiendo por el camino, y, por el otro, la cadena de custodia de estos terminales lo cual también puede afectar al resultado final.