El Gobierno no ve «en riesgo» la legislatura por ERC

«Momento delicado». Así definen en Moncloa el estado de situación de sus relaciones con ERC, un socio preferente e imprescindible para hacer viable la precaria mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez. Tras meses ignorando las demandas del Govern para reunir la «mesa de diálogo», desde el Ejecutivo no se tardó ni 24 horas en agendar –en domingo– una reunión entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y su homóloga, Laura Villagrá, en la Generalitat para abordar el conflicto generado por el «caso Pegasus». En el Gabinete central asumen que se trata de una «situación complicada», pero mantienen que «no tienen nada que ocultar» y por ello han centrado sus esfuerzos en desbloquear la creación de la comisión de secretos oficiales, propiciando, además que tengan acceso a ella todas las formaciones políticas.

Será en este foro donde se promoverá que la directora del CNI y otras personas puedan aportar información y documentación. También se impulsará un «ejercicio de control interno» dentro del CNI, cuyas conclusiones se elevarán también a la citada comisión para que puedan tener acceso a ellas y examinarlas antes de la rendición de cuentas de su directora. En paralelo también trabajará el Defensor del Pueblo, que ha iniciado su propia investigación para esclarecer estos hechos, y existe el compromiso de desclasificar aquellos documentos reservados que sean imprescindibles.

En el Gobierno consideran que esta batería de iniciativas es «valiente» y útil para esclarecer los hechos, mientras que en la Generalitat la desacreditan, tachándola de «insuficiente». En el Ejecutivo entienden que ellos han dado «un paso adelante» que demuestra su vocación de contribuir a resolver la cuestión y creen que ERC necesita ahora «margen» para moverse e ir modulando su posición. En todo caso, en Moncloa son taxativos: «La legislatura no está en riesgo», dicen, sobre las amenazas de los republicanos de retirarles su sostén parlamentario. Sí creen que, en este «momento difícil», tendrán que trabajar para «recuperar la confianza». «Tenemos mucho por delante, mucho que hacer. Queremos contar con aliados parlamentarios que puedan ir facilitando que la sociedad española y catalana tengan mayor calidad de vida», señaló ayer el ministro Bolaños.

En concreto, se refiere a la primera prueba a la que se enfrentará su convulsa relación. Será este jueves en sede parlamentaria con la aprobación del decreto anticrisis por la guerra de Ucrania. Desde Moncloa intentan desvincularlo de la coyuntura del «caso Pegasus», pero no son ajenos a la amenaza de ERC de votar en contra. «No entenderíamos un “no” a ese decreto. Es decir “no” a la bonificación de los carburantes, a la rebaja de impuestos en la factura de la luz, a las ayudas a los sectores afectadas y a muchas familias con el Ingreso Mínimo», exponen fuentes socialistas, que cuestionan que los republicanos se puedan permitir oponerse a un paquete de medidas que mejora la vida de los ciudadanos. «Ya lo hicieron con la reforma laboral”» recuerdan inmediatamente, a modo de precedente. Una forma de advertencia y de acumulado, que su base electoral no comprende, y que le colocan como un socio «poco fiable».

Acelerar la comisión de secretos oficiales

El Gobierno ha establecido como su gran apuesta la reactivación de la comisión sobre secretos oficiales y busca acelerar el paso, de manera, que su desbloqueo se perciba como el «gesto» que demandan desde el soberanismo. El citado foro parlamentario lleva dos años sin constituirse por los vetos cruzados que se imponen mutuamente las diferentes fuerzas con representación. Especialmente relevante es el del PP, a independentistas vascos y catalanes, por su peso en las mayorías, por lo que desde el Ejecutivo se abre la puerta a una modificar los números necesarios para su constitución, con el objetivo de salvar los tres quintos imprescindibles para hacerlo.

«Se están barajando distintas fórmulas que garanticen que todos los grupos parlamentarios estén allí presentes», aseguró Bolaños en TVE, apuntando a que una resolución de la Cámara sería suficiente para convocar la comisión. En este sentido, la Mesa del Congreso analizará hoy en su reunión una nueva resolución presentada por Meritxell Batet, que contaría con los votos de socialistas y Unidas Podemos y que rebajaría la mayoría de 210 a 176 diputados. En paralelo, en el PSOE trabajan también «dialogando» con el PP, de manera que «no bloquee una institución más». Este es el «plan A» hacerlo conforme a las reglas del juego actuales, pero si no fuera posible por el rechazo de los populares, operaría el «plan B» de proceder a cambiarlas.