Un año del “caso Ghali”: de la ministra imputada al giro de Sánchez en el Sáhara

A las 19:25 horas del 18 de abril del pasado año, un avión oficial de Argelia aterrizaba en la base aérea militar de Zaragoza. Sólo permaneció en la pista 28 minutos, pues a las 20:53 despegaba rumbo a Argel. Dentro ya no estaba Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, que viajaba en una ambulancia del Servicio Riojano de Salud en dirección al hospital San Pedro de Logroño, donde permanecería ingresado hasta el 1 de junio.

El Gobierno de Pedro Sánchez había accedido a la petición de las autoridades argelinas y había decidido acoger a Ghali, que padecía una neumonía grave causada por la Covid-19, “por razones humanitarias”. El Ministerio de Asuntos Exteriores, que se encargó de gestionar su llegada y el traslado al hospital, dio la orden de que se le eximiera del preceptivo control de pasaporte y aduanas. La operación se llevó a cabo con el mayor sigilo para no desairar a Marruecos, enfrentada a Argelia por el conflicto del Sáhara Occidental, la antigua colonia española.

Así que pocos sabían que el paciente septuagenario que, acompañado por su hijo (y por un médico argelino) trasladaba la ambulancia era en realidad Brahim Ghali, a quien la Audiencia Nacional investigaba en dos causas por delitos de genocidio, torturas y detención ilegal, entre otros, y al que el juez Santiago Pedraz había intentado localizar sin éxito un mes antes (finalmente, el líder polisario declaró por videoconferencia el 1 de junio desde el hospital horas antes de regresar a Argel al no haberle impuesto el magistrado ninguna medida cautelar).

El sigilo de Exteriores

El sigilo de Exteriores hizo que el líder del Frente Polisario llegase al hospital de Logroño a las 22:48 horas de ese 18 de abril en el más absoluto anonimato. Allí se registró (lo hizo su hijo por él, según apunta la investigación) con un pasaporte falso a nombre de Mohamed Benbatouche. Y eso que Argelia había comunicado al ministerio que entonces dirigía Arancha González Laya que Ghali viajaba con pasaporte diplomático y su hijo, con un permiso de residencia, que resultó estar caducado y que se renovó cuatro días después, cuando trascendió que el líder del Frente Polisario estaba ingresado en el hospital riojano.

El conflicto diplomático con Rabat era inevitable y un mes más tarde, después de que Rabat avisase de que la fraternal acogida a Ghali no iba a salir gratis, la oleada de inmigrantes en Ceuta, mientras la Policía de frontera marroquí hacía la vista gorda, lo demostró sobradamente. El Gobierno se vio incluso obligado a enviar al Ejército para tratar de enderezar la situación.

Pero paralelamente a ese tira y afloja diplomático se puso en marcha la investigación judicial, impulsada por la denuncia del abogado Antonio Urdiales, que terminó centralizándose en los juzgados de Zaragoza y que acarreó la imputación de la propia González Laya y del que en esas fechas era su jefe de gabinete, Camilo Villarino, quienes defendieron ante el juez la legalidad de su actuación e invocaron el carácter secreto de esas gestiones para no revelar quién dio la orden de autorizar la entrada de Ghali en España, negando que se incumpliera el convenio de Schengen por eximir a Ghali del control de documentación y de equipaje a su llegada a España. Y, sobre todo, y dado que sobre ellos pesaba una imputación por encubrimiento y prevaricación, rechazando que se silenciara la llegada del líder polisario para no alertar a la Audiencia Nacional por su condición de investigado.

El juez señala a Pedro Sánchez

Pese al silencio de Laya, el instructor ha apuntado claramente a Pedro Sánchez como la persona que autorizó la entrada de Ghali, pero dejando extramuros del reproche penal esa actuación, que circunscribió en una reciente resolución al ámbito político, un terreno en el que el presidente del Gobierno ha optado finalmente por cerrar las heridas con Marruecos con su sorpresivo apoyo al plan de autonomía para el Sáhara que defiende Rabat (un cambio de rumbo que ha sellado con su reciente encuentro con Mohamed VI en el reino alauí). El Frente Polisario (que ha roto relaciones con el Ejecutivo español) y Argelia (con la amenaza siempre latente del suministro de gas) son, ahora, los que se sienten agraviados.

Un año después -y tras una exhaustiva instrucción en la que el magistrado Rafael Lasala ha recabado testimonios de altos mandos del Ejército del Aire, de la jefa de gabinete del ministro Grande-Marlaska y de la que fuera “número dos” de la vicepresidenta Carmen Calvo, del director adjunto operativo de la Policía y del comisario de Información, y de la mano derecha de la presidenta de La Rioja, entre otros-, el instructor ya encara la recta final de la investigación.

Una decisión judicial clave

Lo hace todavía con la incógnita de si mandará al banquillo a Laya o finalmente archivará las actuaciones. Sobre todo después de que el pasado marzo decidiera el sobreseimiento del procedimiento respecto a Villarino y acotase la instrucción al delito de prevaricación, descartando los de encubrimiento y falsedad documental. Contra esa resolución se han revuelto procesalmente tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, que reclaman idéntica medida para la ex ministra de Exteriores (a quien el “caso Ghali” le costó su salida del Gobierno de Pedro Sánchez en la remodelación de julio del pasado año), como de la acusación popular que ejerce el letrado Urdiales (a la que se ha adherido la otra acusación), que intenta revertir el archivo respecto al exjefe de gabinete de la ministra.

Corresponde ahora a la Audiencia Provincial de Zaragoza, por tanto, mover ficha. Y de lo que decida (tanto respecto a Laya como en relación a Villarino) dependerá en buena medida el recorrido judicial del “caso Ghali” de aquí en adelante. Si la Sala avala los indicios contra Laya y la mantiene imputada, ese espaldarazo de la instancia superior seguramente suponga que Lasala dé el paso de dictar auto de procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento en el sumario) contra la extitular de Exteriores. En caso contrario, el “caso Ghali” habrá llegado a su fin.