La Fiscalía rebaja de 9 a 3,4 millones la factura del “procés” a los líderes independentistas

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha reducido 5,6 millones de euros la cantidad que reclama a 35 ex altos cargos de la Generalitat, entre ellos los ex presidentes Carles Puigdemont y Artur Mas y el líder de ERC Oriol Junqueras, por el supuesto desvío de fondos en el “procés”.

Así lo pone de manifiesto en la demanda presentada hoy ante el organismo fiscalizador, en la que ahora reclama 3.429.342,43 de euros a los líderes del proceso independentista, muy alejados de los 9.054.005,95 euros de la liquidación provisional realizada en fase de instrucción.

De esa cantidad, 1,2 millones corresponden a la malversación por los gastos de preparación del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 (antes pedía 3,9 millones) y otros 2,2 a la promoción exterior del “procés”, fundamentalmente a través de Diplocat (concepto por el que reclamaba anteriormente 5,1 millones) y las embajadas catalanas.

En cuanto a los gastos del 1-O, la demanda señala la responsabilidad contable del “presidente y de los consejeros condenados por el Tribunal Supremo” (Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull), que -recuerda- “derivó al Tribunal de Cuentas la ejecución de la responsabilidad civil”. Además, incluye a los consejeros en rebeldía, “que, siguiendo el criterio de la sentencia del Alto Tribunal, pusieron sus departamentos al servicio de actos nucleares de ejecución” (Toni Comín y Lluís Puig), aunque precisa que respecto a ellos “no hay pronunciamiento, pues no han sido enjuiciados”.

Puigdemont, responsable máximo

A Puigdemont, aclara la Fiscalía, se le imputa en la demanda “en atención a su condición de responsable máximo de la Generalitat”. No se imputa por este concepto, sin embargo, a las ex conselleras Clara Ponsatí (también huida) y Meritxell Serret.

La demanda tampoco se dirige contra las interventoras de la Generalitat ni contra el ex “número dos” de Economía, Josep María Jové, uno de los cargos de confianza de Junqueras que fueron claves en la trastienda del 1-O. Del mismo modo, la Fiscalía excluye a Francesc Sutrías, al haber excluido de la factura del “procés” los gastos de Unipost (por el reparto de las tarjetas censales para el referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional) y el Call Center, al no haberse acreditado que esos gastos tuvieran “relación exclusiva con el referéndum ilegal”.

También queda al margen de la reclamación la cuantificación del uso de locales públicos para el 1-O, pues el Supremo -recuerda- la excluyó en su sentencia por la “falta de determinación del efectivo perjuicio que tal uso habría conllevado”. La Fiscalía sí recoge la partida destinada a la cartelería del referéndum, recogida en la sentencia del “procés”, que asciende a 61.879,00 euros.

En total, 1,2 millones por este concepto (Sociedad Civil Catalana, que también ejerce la acusación en el procedimiento, reclama 3,4 millones).

Diplocat y “embajadas” catalanas

En cuanto a la factura por los gastos de dinero público para promocionar el “procés” en el extranjero, la demanda incluye “tanto los viajes realizados por el presidente y los consejeros de la Generalitat, como los gastos efectuados por las distintas delegaciones en el extranjero y las diversas actividades de Diplocat”.

La demanda, dice la Fiscalía, “respeta y aplica también un principio de libertad ideológica respecto a la finalidad de los desplazamientos para impartir conferencias o para asistir a debates, jornadas y presentaciones de libros, pues la mayoría de las actividades no pueden reputarse dirigidas exclusivamente a publicitar el citado proceso soberanista”.

No obstante, el Ministerio Público considera que “el empleo dado a los fondos públicos en el ámbito de la acción exterior de la Generalitat de Cataluña se incurrió en múltiples actividades que no tienen cabida en el ámbito competencial de la comunidad autónoma”.

Gastos “injustificados”

Tras un trabajo “minucioso”, defiende, la demanda “se centra en aquellos gastos de los que puede predicarse la incorreción contable, en los gastos en que incurrieron las delegaciones de la Generalitat en el exterior y en los gastos de la entidad Diplocat tanto por algunas actividades de promoción del proceso soberanista como por otros gastos injustificados”.

“La afectación a algunos de los responsables disminuye de manera considerable -precisa- respecto del importe reclamado por la instructora, y respecto de la demanda de Sociedad Civil Catalana es preciso acotar concepto a concepto, puesto que los demandados y las cuantías son divergentes”.

En total, por la promoción exterior del proceso soberanista reclama 2,2 millones, lejos de los 5,1 de la liquidación provisional pero por encima de los 1,8 millones en los que cifra Sociedad Civil Catalana el supuesto desvío de fondos por este concepto.