Interior crea una oficina para investigar si Policía y Guardia Civil torturan a los detenidos

El Ministerio del Interior, a través de la Secretaria de Estado de Seguridad, ha decidido crear la llamada Oficina Nacional de Garantías de los Derechos Humanos (ONGADH), cuya finalidad, según el texto de la instrucción a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, es, entre otras, contribuir “al cumplimiento de las normas nacionales e internacionales contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado (FCSE), en garantía del respeto a los derechos fundamentales de las personas”.

En medios sindicales consultados por este periódico se ha señalado que esta instrucción parece formar del mismo “pac” que la proyectada reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana con las que, a la postre, se pone en cuestión la actuación de las Fuerzas de Seguridad, su profesionalidad, el principio de autoridad y se invierte la carga de la prueba. “Parece una nueva cesión a las pretensiones de Podemos”, subrayan. Además, ¿qué ocurre cuando se demuestre que las denuncias son falsas?.

La instrucción se justifica en la necesidad de crear “un mecanismo de seguimiento, coordinación y evaluación que coadyuve a visibilizar e impulsar el compromiso de las FCSE en el respeto a los Derechos Humanos, así como regular los criterios y el procedimiento para la recogida y registro del conjunto de datos necesarios sobre hechos y actuaciones que puedan poner de manifiesto una supuesta vulneración de los derechos fundamentales de las personas con ocasión de una actuación policial”.

Por lo que respecta al ámbito de aplicación, se dice que es aplicable al conjunto de actividades policiales desarrolladas por los servicios, centros y unidades de la Dirección General de la Policía (DGP) y de la Dirección General de la Guardia Civil (DGGC), y a las actuaciones profesionales del personal de las FCSE que puedan afectar a los derechos fundamentales de las personas. “Asimismo, podrá resultar de aplicación a los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias y en los términos que bilateralmente se acuerden”. Es decir, que también están afectados los Mossos D’Esquadra, La Policía Foral Navarra y la Ertzaintza.

En la referida instrucción se dice que tendrá los siguientes cometidos:

-- Comprobar y evaluar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en instrucciones u otras disposiciones sobre actuaciones policiales que puedan afectar al ejercicio de los derechos fundamentales.

-- Realizar el seguimiento, control y análisis de los sucesos en los que pueda resultar la muerte, suicidio, tentativa de suicidio o lesión de personas durante las actuaciones del personal de las FCSE, en su condición de agentes de la autoridad.

-- Garantizar el tratamiento adecuado de aquellos hechos conocidos a través del programa de quejas y sugerencias regulado en el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, que excedan de una simple manifestación de insatisfacción de los usuarios y puedan suponer una afectación de los derechos fundamentales.

--Actuar como punto de contacto nacional sobre las actuaciones de las FCSE en materia de DDHH, así como del Mecanismo de Denuncias de Frontex. En otro punto se añade que “la ONGADH prestará a la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería (DGRIE) los apoyos necesarios en el ejercicio de sus competencias en materia de DDHH”. Es decir, en lo relativo a la inmigración ilegal.

“La ONGADH estará habilitada para solicitar, conocer y obtener copia de cuantos documentos e informaciones, en cualquier tipo de formato y soporte, sirvan para recoger los hechos, situaciones o actuaciones objeto de análisis o evaluación, con respecto de las limitaciones que imponga la normativa procesal sobre el secreto de actuaciones, la relativa a la información clasificada, la seguridad de la información y a la de protección de datos de carácter personal”, agrega.

“El Ministerio del Interior asume con firmeza el fomento de la cultura en el respeto de los Derechos Humanos (DDHH) y, bajo la exigencia del principio de “tolerancia cero”, lidera la respuesta frente a cualquier conducta que pueda menoscabar su respeto”, subraya, como si España fuera un país en el que la actuación de las FCSE esté caracterizada por las torturas y los tratos degradantes e inhumanos.

“Es una prioridad la de mantener la confianza ciudadana en esta materia y, a esos efectos, se apuesta por incrementar el esfuerzo en garantizar la transparencia y el acceso a la información pública de conformidad con la normativa vigente”, se justifica.

“Resulta conveniente impulsar, de manera proactiva, acciones que otorguen mayor visibilidad al compromiso real y decidido en el respeto de los derechos fundamentales por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil: en cuanto al ciudadano, como refuerzo del servicio público que recibe; y respecto al personal policial, como estímulo para acomodar su actuación a los estándares y procedimientos exigibles en el ámbito de los DDHH”. “Una de las herramientas sobre las que debe apoyarse la actividad de la ONGADH es la aplicación informática en la que se recopilan datos actualizados de casos que puedan suponer una vulneración de los derechos fundamentales de las personas que se encuentren bajo custodia policial”, precisa.

“Se considerará como denuncia la atribución al personal de las FCSE de la condición de investigado o encausado en el ámbito procesal penal o disciplinario, por supuestas vulneraciones de los derechos fundamentales”.

Agrega que la DGP y la DGGC establecerán los procedimientos y emitirán las directrices oportunas para garantizar el conocimiento y la grabación completa y actualizada de las denuncias definidas en la instrucción anterior, determinando las unidades y el personal responsable de su grabación y seguimiento. La grabación de cada denuncia, así como de cada una de las vicisitudes que se vayan produciendo durante la actividad indagatoria y procesal, se efectuará según vayan siendo conocidas. La unidad administrativa de adscripción de la persona que aparezca como denunciada será la responsable del seguimiento de la causa penal o disciplinaria, “debiendo realizar cuantas gestiones sean necesarias para ello. Dicha información será transmitida sin demora a las unidades grabadoras, sin perjuicio del seguimiento periódico que estas deban desarrollar. Los expedientes que se encuentren activos deberán ser actualizados en el momento que se produzcan cambios en la situación procesal o administrativa del personal denunciado y, en todo caso, cada seis meses”.

“En aras de dar efectividad al principio de cooperación y colaboración entre las FCSE y los cuerpos policiales autonómicos, en particular, Mossos d´Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral de Navarra, se dará traslado de la presente Instrucción a sus respectivos departamentos competentes con el fin de formalizar, en su caso, los instrumentos jurídicos necesarios para su participación”, concluye.