El juez escuchará a Dina Bousselham en marzo para aclarar la implicación de Iglesias en la rotura de la tarjeta

El juez Manuel García Castellón ha decidido ya cuándo hará las últimas diligencias que quedan por practicar en torno al “caso Dina”, del que ya se acordó que no habría prórroga para seguir investigando. El próximo 9 de marzo ha llamado a declarar a las personas que pueden arrojar algo de luz a quién destruyó la tarjeta del móvil de la exasesora de Pablo Iglesias. La escuchará primero a ella. Dina Bousselham será la primera en tomar la palabra a las 9 de la mañana, luego lo hará el que era su pareja (y que estuvo presente en el momento del robo del terminal) Ricardo Sa Ferreira, seguirá el Exdirector Adjunto OperativoEugenio Pino y, por último, los peritos que elaboraron el informe pericial de la destrucción de la microSD.

Así lo recoge el magistrado de la Audiencia Nacional en una providencia con fecha de este mismo viernes. Todos ellos van a declarar en calidad de testigos. Y es reseñable porque en un auto anterior el magistrado de refuerzo Joaquín Gadea había abierto la puerta a que Bousselham y Sa Ferreira lo hicieran como investigados para poder ser asistidos por un letrado, ya que en sus declaraciones anteriores habían incurrido en numerosas contradicciones. Estas citaciones fueron ordenadas tanto por el Tribunal Supremo -en respuesta al escrito en el que el juez proponía investigar al exvicepresidente del Gobierno- como por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Sin embargo, los investigadores no tienen fe en que nada de lo que vayan a decir vaya a cambiar ya el curso de la investigación que queda con varias incógnitas por resolver. Por eso, las citaciones no pasan de los quince minutos cada una y, por eso también, el juez acordó hace unos días no prorrogar más la causa en concordancia con lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción.

Todas las expectativas de resolver el caso se diluyeron a finales del pasado mes cuando la Policía Científica, después de casi un año de análisis, concluyó que no se podía acceder a la tarjeta sobre la que versa toda esta causa. Ni los técnicos de Samsung ni los agentes pudieron determinar ni quién destruyó la tarjeta, ni quién fue la última persona en acceder a ella, ni cómo se rompió. Sin todas estas respuestas no es posible avanzar hacia la tesis del juez que creyó en la implicación de Iglesias (como así se lo dijo al Tribunal Supremo) porque este tuvo en su poder el dispositivo sin devolvérselo a Bousselham durante muchos meses.

Cuando lo hizo éste ya era inservible y ella no pudo acceder a su contenido. Esto dijo, al menos, la primera vez que declaró en la Audiencia Nacional, si bien la segunda modificó su versión y añadió que primero sí había podido ver lo que había en el móvil, pero cuando lo intentó por segunda vez ya no. Y este fue el motivo por el que la envió a una empresa de Gales para intentar repararla. Tampoco fue posible. Previsiblemente el juez y la Fiscalía volverán a preguntar en esta línea para intentar aclarar algo más lo sucedido.

En cuanto a la citación de Eugenio Pino tiene más que ver con el procesamiento de los periodistas. A manos de estos que trabajaban para la revista Interviú llegó el contenido personal de esta tarjeta y ellos, además de devolvérsela a Iglesias, dieron una copia al comisario José Manuel Villarejo. Esto es lo que les recrimina el juez que los ha procesado por revelación de secretos, pero ellos defienden que se trataba de un policía y creían que era un mandato judicial. El magistrado debe resolver si Pino, máximo cargo de la Policía en ese momento, estaba al tanto de este requerimiento.