El Gobierno da la espalda al español en Cataluña

El Gobierno de Pedro Sánchez no está dispuesto a dar la batalla por la defensa del castellano en la escuela catalana. En plena negociación de los Presupuestos y de la ley audiovisual con sus socios de ERC, Moncloa ha adoptado un perfil bajo, que roza la pasividad, ante el incumplimiento de la Generalitat de la sentencia del TSJC, avalada por el Tribunal Supremo, que obliga a impartir el 25% de las clases en español. El clima de crispación saltó de la esfera político-judicial a las aulas, cuando un menor de cinco años y su familia fueron acosados en Canet de Mar por ejercer su derecho a cursar las correspondientes horas lectivas en castellano.

En este contexto, la iniciativa del Gobierno central se ha limitado a pasar de puntillas para evitar contrariar a sus aliados independentistas. La ministra de Educación, Pilar Alegría, se ha puesto al menos en dos ocasiones en contacto con el consejero catalán de su ramo. La primera para dar «garantías» de que el Gobierno no ejecutará la decisión del Supremo, en palabras del propio Josep Gonzàlez-Cambray, y la segunda para ofrecerle los medios del Estado para proteger al menor de Canet. Ninguna intención de forzar la ejecución de la sentencia a través de la Abogacía del Estado (el TSJC no actúa de oficio) abriendo un incidente de ejecución. Fuentes gubernamentales descartan que se esté explorando esta vía y aseguran que «esperan que la Generalitat cumpla la sentencia».

Las críticas de la oposición por la pasividad del Ejecutivo cristalizaron ayer en una moción de Vox que se votará hoy «sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar la enseñanza del castellano en todo el territorio nacional» que únicamente buscaba retratar a Sánchez. Los de Abascal consiguieron la foto que buscaban y el PSOE anticipó su voto en contra de proteger el castellano en la escuela catalana, al igual que sus socios. Desde el Ejecutivo explican su posición por el rechazo al 155 educativo que pide Vox y porque no quieren contaminar con partidismo una cuestión que se ha dirimido ya en los tribunales. «La lengua es un elemento de riqueza y no puede ser utilizado como confrontación», señalan desde Moncloa.

Una posición que sirvió ayer no solo a Vox, sino también a PP y Ciudadanos para cercar al Gobierno y para situarles del lado de los partidos independentistas. La moción presentada por Vox buscaba no solo «asegurar la enseñanza del español y en español en los sistemas educativos» sino que también preveía un régimen sancionador para quienes «obstaculicen o impidan» el cumplimiento del artículo 3 de la Constitución, el guardián del castellano. Desde Vox, su portavoz Iván Espinosa de los Monteros mostró su «enorme preocupación y tristeza» porque el PSOE se alinee con «lo más ultra», en referencia a los independentistas. La moción quería recabar el compromiso para «revertir la instrumentalización que distintos poderes públicos regionales hacen de las lenguas españolas como elemento de división y confrontación entre territorios y entre ciudadanos».

PP y Cs presentarán enmiendas a la propuesta de Vox, pero sí secundarán la moción. Los populares son defensores también de un 155 en Cataluña en la cuestión educativa, además del partido que más presionó, ante la inicial inacción del Gobierno, para que investigara a través de la Fiscalía el acoso a las familias que exigían clases en castellano en el colegio de Canet de Mar. Esta presión se trasladará hoy también al a sesión de control en el Congreso, donde Inés Arrimadas interpelará a Pedro Sánchez sobre si su actuación es suficiente para garantizar los derechos y libertades de los españoles.