González-Trevijano centra sus esfuerzos en terminar con la política de bloques en el TC

La nueva etapa en el Tribunal Constitucional se ha iniciado ya, pero los magistrados pisarán la línea de salida el próximo 15 de diciembre, cuando está convocado el primer pleno con los nuevos rostros. La meta para el recién llegado presidente Pedro González-Trevijano está fijada en junio (cuando se esperan nuevos nombramientos), pero en estos siete meses los objetivos son ambiciosos: acabar con las dinámicas de bloques y cambiar la comunicación del alto tribunal.

El hecho de haber elegido al presidente y vicepresidente, Juan Antonio Xiol, por unanimidad -algo que tiene muy pocos precedentes en la historia del tribunal- es una muestra de las políticas que quiere implementar González-Trevijano, según diversas fuentes consultadas. “Darle la vuelta al calcetín” es el fin, aun conscientes de que no es fácil con unas dinámicas tatuadas en cuarenta años de historia.

En primer lugar, la idea del nuevo presidente es dejar atrás el concepto de bloques irreconciliables en los que se hable del sector conservador y el sector progresista. Hasta ahora, los magistrados apenas debatían internamente los textos antes de llegar al pleno en el que, en ocasiones, más que poner en común las ideas para acercar posturas, cada uno daba argumentos encorsetados sin opción a cambio. La intención es que todas las “sensibilidades” (que no bloques) estén representadas en esas reuniones tratando de modular las posturas antes de llegar a puntos comunes.

González Trevijano y Xiol tienen una extraordinaria relación y las fuentes consultadas indican que ambos comparten el convencimiento de que esta renovación debe llevar implícita una nueva etapa de consensos más amplios. Por eso, el segundo de los retos pasa por conseguir sentencias con holgados apoyos. Terminar con la idea preconcebida de que hay grupos irreconciliables y de que se llega a los plenos con posiciones ya fijas y los votos contados.

En los últimos meses el Constitucional ha sufrido cierto desgaste con la aprobación de sentencias polémicas que han dividido a los magistrados, saliendo adelante por la mínima y con múltiples votos particulares. El ejemplo más palmario fue el fallo sobre la inconstitucionalidad del primer estado de alarma en el que, incluso, la filtración del borrador del voto particular de Cándido Conde-Pumpido en el que calificaba a sus compañeros de “juristas de salón” provocó tal malestar en el seno del garante de la constitución que tuvo que aplazarse el siguiente pleno hasta después de verano.

Estas “intimidades” del alto tribunal se han aireado traspasando las paredes del edificio de Moncloa y esto es lo que ahora la nueva dirección quiere evitar para reconstruir la imagen de solidez del órgano. Por ello, otro de los puntos claves consiste en regenerar el clima de distensión entre los magistrados porque en las reuniones venideras tendrán que salir adelante asuntos tan trascendentes y controvertidos como la sentencia sobre el aborto, que lleva 11 años bloqueada precisamente por falta de consenso; así como la nueva ley de educación, bautizada como Ley Celáa, la Ley de la eutanasia, o la limitación de nombramientos del CGPJ.

Y toda esta estrategia de costuras de las heridas del tribunal se completa con una nueva táctica comunicativa. En el último periodo se había instaurado en el Constitucional el sistema de adelantar el fallo, pero no hacer pública la sentencia hasta días, o incluso, semanas después. Esto ha dado lugar a todo tipo de especulaciones, como no saber los argumentos por los que el confinamiento no había sido ajustado a derecho, o casos más graves como la última sentencia sobre las plusvalías que dio lugar a un maremagnum de dudas sobre si podrían reclamarse o no todo el dinero recaudado hasta el momento por la administración.

González-Trevijano tiene un especial interés en que la política comunicativa se transforme para acercarla y hacerla más accesible a todos los medios por igual. Que una vez se conozca el fallo, puedan darse todos los argumentos para no crear una situación de inseguridad jurídica temporal o dar lugar a filtraciones que terminan perjudicando la reputación del órgano.