La reacción de la líder de Podemos, Ione Belarra, a la condena al diputado morado Alberto Rodríguez, que llevó a la ministra de Derechos Sociales a acusar al Tribunal Supremo de prevaricación, no fue suficiente para que la Fiscalía denunciara los hechos de oficio. Tampoco el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se limitó a censurar con dureza sus palabras por «generar una sospecha inaceptable» respecto a la actuación de la más alta magistratura del país.

Quien sí dio el paso fue la Fundación Libertad y Alternativa, que denunció a la ministra de Derechos Sociales ante el Supremo imputándole un delito de calumnias contra el Alto Tribunal y otros cinco contra los magistrados que respaldaron la sentencia que condenó a Rodríguez a un mes y 15 días de cárcel –que se conmutó por una multa que ya ha pagado– y otros tantos de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, que acarreó su pérdida del escaño.

Esa querella está ahora a la espera de que la Fiscalía del Supremo se pronuncie sobre su admisión a trámite, lo que abriría la puerta a la investigación de los hechos por parte del tribunal, único que puede investigar a Belarra por su condición de aforada.

En su denuncia, la asociación querellante sostiene que el fallo del Supremo «tiene un fundamento jurídico extremadamente sólido, sin que se aprecie indicio alguno, por leve que fuera, de prevaricación».

“Desprecio extremo y temerario a la verdad”

La querella –que firma otro de los vicepresidentes de la Fundación, el abogado Fernando García Capelo– sostiene que al acusar de prevaricación al alto tribunal, Belarra tenía «sobrado conocimiento de la falsedad de la imputación», pues actuó con «desprecio extremo y temerario hacia la verdad», acusándoles públicamente “y con grosera falsedad de haber cometido un delito de prevaricación”.

Esa deslegitimación, añade, “va más allá de su mero honor particular, afectando a la legitimidad de las resoluciones judiciales y, en definitiva, a uno de los poderes del Estado”.

Esas manifestaciones, argumenta, «no se producen de manera aislada», sino que las enmarca en una supuesta campaña de Podemos para «deslegitimar de manera genérica la Justicia». Ese «ataque», añade, «no sólo va dirigido contra unos magistrados concretos, sino también contra la institución», afectando «muy gravemente a su honorabilidad».

“Intensísima publicidad”

Al mismo tiempo subraya que la gravedad es mayor al tratarse de una integrante del Gobierno y a la «intensísima publicidad» con la que se propagaron sus palabras en Twitter. Y es que la Fundación Libertad y Alternativa señala que la cuenta de la ministra en la citada red social tiene más de 120.000 seguidores y que el tuit en el que acusó de prevaricación al Supremo fue retuiteado 3.579 veces hasta la fecha de la denuncia y citado en 1.633 ocasiones, contando con 7.665 “me gusta”. Con esos datos, mantiene que gozó de una publicidad “superior incluso a la que tienen numerosos medios de radiodifusión”.

Sus manifestaciones, insiste la asociación denunciante, “exceden ampliamente” la libertad de expresión. “No se trata de que realice una crítica severa, incluso áspera, a una decisión judicial, sino que directamente acusa al Tribunal Supremo y a los magistrados que dictan la sentencia y hacen ejecutar lo juzgado, de prevaricación, sin más matices”.

El derecho a discrepar, a opinar incluso “en los términos más ácidos” -argumenta- “no puede en modo alguno convertirse en un derecho a imputar falsedades y delitos”. Y menos aún, continúa, si se trata de una institución “sobre la que descansa una parte muy importante del sistema democrático y el estado de derecho”, cuya legitimidad ante los ciudadanos -recuerda- resulta “esencial para el correcto funcionamiento de la democracia”.