La Audiencia reabre el “caso Dina” y ordena interrogar otra vez a la ex asesora de Pablo Iglesias

La Audiencia Nacional ha revocado la decisión del juez Manuel García Castellón de poner punto y final a la investigación del “caso Dina” -el robo en 2015 del móvil de la ex asesora de Pablo Iglesias Dina Bousselham y la posterior difusión del contenido de su tarjeta- y ordenado al instructor que tome declaración tanto a Bousselham como a su pareja y al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, tal y como pedía la Fiscalía Anticorrupción.

La Sección Tercera de la Sala Penal resuelve de esta manera los recursos interpuestos por la Fiscalía y por las defensas del ex líder de Podemos, la propia ex asesora, el comisario jubilado José Manuel Villarejo y los dos periodistas de Interviú imputados, Alberto Pozas y Luis Rendueles, que rebatieron el auto en el que García Castellón proponía juzgar a los tres últimos y envió una exposición razonada al Tribunal Supremo en relación con la actuación de varios aforados, entre ellos el exlíder de Podemos.

Y es que, según la Sala, las diligencias solicitadas por Anticorrupción son “procedentes a los fines de la instrucción”. Los magistrados subrayan que durante la investigación Bouselham ha declarado varias veces sobre las capturas de pantalla de su teléfono publicadas por OK Diario (en una de ellas Iglesias aseguraba que azotaría “hasta que sangrara” a la periodista Mariló Montero) que, en algunos casos, “también habían sido divulgadas por ella”. Pero la Sala entiende que queda pendiente saber “el origen de la divulgación por los medios de comunicación” desde enero de 2016 de otra información contenida en el teléfono que le sustrajeron en un centro comercial, un esclarecimiento “a lo que la declaración de ésta podría contribuir”.

En relación con la declaración de su pareja, Ricardo Sa Ferreira, la Audiencia entiende que su declaración puede contribuir a explicar “algunas lagunas en la información que en su día suministró sobre la sustracción del teléfono y recuperación de la tarjeta”.

La Audiencia quiere también que Eugenio Pino dé su versión sobre lo expuesto por los dos periodistas imputados: que facilitaron una copia de la tarjeta a Villarejo porque pensaron que esa petición se efectuó en el marco de una investigación policial.

La Sala no se pronuncia sobre Iglesias

En este procedimiento se investiga la sustracción del móvil a Bousselham en noviembre de 2015 y la posterior difusión de información de su tarjeta SIM, incluidas conversaciones con el ex líder de Podemos, a quien el director de Interviú le entregó la tarjeta en enero de 2016, manteniéndola en su poder durante meses tras comprobar su contenido antes de entregársela dañada a su ex colaboradora.

Los magistrados no se pronuncian, al no ser de su competencia, sobre la exposición razonada enviada por el instructor al Tribunal Supremo con los indicios que, según él, justificarían la imputación de Iglesias, a quien García Castellón señaló como supuesto responsable de los daños de la tarjeta, que hicieron irrecuperable su contenido, cuando el ex líder de Podemos se la devolvió a su antigua asesora.

La defensa de Iglesias pidió a la Audiencia que anulara el procesamiento acordado por García Castellón y su decisión de remitir al Supremo las actuaciones contra él dado que, subraya, la perjudicada por el delito de revelación de secretos, la propia Bousselham, “ha señalado expresamente que no denuncia” al ex vicepresidente del Gobierno y que “nada tiene que reclamarle”.

La Sala deja claro que no es de su competencia, sino del Supremo, pronunciarse sobre la exposición razonada. Pero sí sostiene que “a fin de agotar la investigación” es conveniente “que sea oída Dina Bousselham para constatar de un modo inequívoco, con precisión y claridad” si efectivamente exculpa de la difusión de la información que contenía el móvil robado a Iglesias, que tuvo en su poder durante varios meses una copia de esa tarjeta SIM tras comprobar su contenido una vez se la entregó el entonces presidente del Grupo Z Antonio Asensio.

Por último, la Audiencia desestima el recurso de Villarejo en el que pedía la reapertura del procedimiento para incorporar los chats aportados por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente a la investigación del “caso Neurona” en un juzgado de Madrid. “La incorporación al procedimiento de los chats servirá en su caso para valorar la credibilidad o verosimilitud de lo declarado por el testigo que es propia de la fase de juicio oral y podrá interesarse como prueba a practicar en el mismo”, rebaten los jueces.