Los dos periodistas imputados en el “caso Dina” acusan a Pablo Iglesias de “envenenar” la investigación

Los periodistas Alberto Pozas y Luis Rendueles han pedido a la Audiencia Nacional que archive la investigación contra ellos en el “caso Dina” por un delito de revelación de secretos en un escrito en el que su defensa carga duramente contra la actuación de Pablo Iglesias y de su ex asesora Dina Bousselham en la causa. Un procedimiento que, denuncia su letrado, ha ocasionado además a ambos “muy graves perjuicios, especialmente a nivel laboral”, dado su carácter “tan mediático y político”.

La defensa de Pozas, ex director de Interviu, y Rendueles hace hincapié en que con sus versiones contradictorias ante el juez Manuel García Castellón –que intentó sin éxito que el Tribunal Supremo imputase al ex vicepresidente del Gobierno-, tanto Iglesias como Bousselham “han obstaculizado gravemente los mecanismos de la Administración de Justicia que ellos mismos activaron, y han regateado al Estado los medios de averiguación de la verdad”. Hasta tal punto, denuncia, que su actuación en la causa puede tacharse de “esquizofrénica e incongruente”.

De Bousselham -a quien en noviembre de 2015 sustrajeron su móvil, que incluía conversaciones con dirigentes de Podemos que en julio de 2016 fueron publicadas por Okdiario- e Iglesias –a quien el director de Interviú entregó la tarjeta, que el líder de Podemos retuvo tras comprobar su contenido-, dice el abogado de los periodistas que no pueden atribuirse la condición de perjudicados y, al mismo tiempo, “escamotear” lo que considera pruebas esenciales, “tanto materiales (la tarjeta) como personales (sus propias declaraciones)”.

Iglesias explicó al juez que cuando recibió la tarjeta de manos del presidente del Grupo Z, Antonio Asensio, en enero de 2016, pudo examinar el contenido del dispositivo que –además de fotografías de carácter íntimo de Bousselham– contenía pantallazos de conversaciones de dirigentes de Podemos, entre ellas una en la que el líder morado aseguraba que «azotaría» a la periodista Mariló Montero hasta que «sangrara». Pero el actual vicepresidente no se puso en contacto con su ex asesora en el Parlamento Europeo para devolvérsela hasta seis meses después, en julio de 2016, y cuando lo hizo, el dispositivo estaba dañado según aseguró en la Audiencia Nacional Bousselham el pasado 18 de mayo, una versión de la que posteriormente se retractó.

Bousselham “faltó reiteradamente a la verdad”

Esas “falsedades y omisiones”, esgrimen precisamente ambos periodistas –imputados por haber facilitado la tarjeta al comisario José Manuel Villarejo, un dispositivo que se le incautó en el marco de la “operación Tándem”- “desde el principio se han incorporado al relato acusatorio” y “han envenenado ya todo el procedimiento desde su inicio”. Y es que para el letrado hay indicios “firmes y sólidos” de que Bousselham “faltó reiteradamente a la verdad en sus declaraciones y que ello ha supuesto un grave obstáculo para la averiguación de la verdad”, por lo que según su criterio está “absolutamente deslegitimada para mantener la acción penal”, lo que hace “insostenible” que Pozas y Rendueles sigan imputados.

Su defensa hace hincapié además en el hecho de que Bousselham pretenda “excluir selectivamente” a Iglesias de la investigación, algo que no ve posible vista la resolución del Supremo en la que –pese a que renunciaba a imputar a Iglesias- instaba a la Audiencia Nacional a investigar más los hechos.

“Existe una directa conexión entre el descubrimiento de secretos del que sería autor el sr. Iglesias”, afirma, y el que se imputa a los dos periodistas, por lo que entiende que o bien Bousselham persigue penalmente a los tres “o bien los excluye, pero lo que no puede es perseguir a uno(s) y excluir a otro(s)”.

“En cualquier delito, pero especialmente en un delito perseguible a instancia de parte como el que aquí se investiga, debe exigirse del perjudicado que no incurra en omisiones y mucho menos en contradicciones”. Pero en su lugar, asegura que la ex asesora de Podemos ha ofrecido al instructor “relatos incompatibles entre sí”, omitiendo supuestamente “información que serviría para descartar unas líneas de investigación y para abrir otras” y ocultando “elementos probatorios físicos esenciales para que el juzgado pueda llegar a concretar el relato de lo verdaderamente ocurrido”. De ahí que resalte que dada su posición procesal no debe “dinamitar” una investigación que depende “únicamente de su voluntad”.