La guerra por los alquileres retrasa los Presupuestos

La negociación de los Presupuestos entra en tiempo de descuento y en las dos patas de la coalición pugnan para que no lo haga también en vía muerta. El calendario aprieta y el compromiso del presidente del Gobierno de aprobarlos «en tiempo y forma» y en este mismo mes de octubre manda. El borrador de las cuentas ya está listo. De hecho, desde Hacienda aseguran que estaban en condiciones de elevarlo hoy mismo al Consejo de Ministros. Sin embargo, hay un factor exógeno e imposibilitador que lo impide: la ley de Vivienda. La guerra por la regulación de los alquileres, que ha enrarecido el proceso negociador entre los socios durante las últimas semanas, se mantiene a día de hoy como el escollo principal para permitir que los Presupuestos salgan de Moncloa hacia el Congreso y comiencen a negociarse oficialmente –ya existen contactos avanzados–con el resto de grupos de la mayoría de la investidura que los tienen que avalar.

En la parte socialista han intentado durante todo este tiempo separar ambas negociaciones, sosteniendo que «no tienen nada que ver» y que no pueden estar condicionadas. Sin embargo, tras varios intentos frustrados, el presidente del Gobierno encomendó a su mano derecha y ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que entablara un contacto directo con la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, para tratar de desatascar la cuestión. Después de haber mantenido contactos durante todo el fin de semana, en la mañana de ayer se produjo una reunión, que acabó sin avances y que obligará a aprobar las cuentas ya la próxima semana o en un Consejo de Ministros extraordinario. El objetivo de Sánchez es llegar al 40º Congreso del PSOE, que tendrá lugar de los días 15 a 17 de octubre en Valencia, con el acuerdo cerrado para exhibir fortaleza y «normalidad institucional».

En la citada reunión a máximo nivel para desbloquear las conversaciones en materia de vivienda, la ministra Ione Belarra recordó a su homólogo la obligación del PSOE de incluir la regulación del alquiler a la baja, sin embargo, según fuentes de Unidas Podemos consultadas por LA RAZÓN, el ministro de Presidencia le explicó “la preocupación del PSOE por como afectaría a las personas de clase media con dos o tres pisos la regulación”. Ante este escenario, la ministra Ione Belarra ofreció regular el precio solo de los grandes tenedores y buscar una solución para los grandes propietarios, sin embargo, estas fuentes destacan que “incluso así”, siendo conscientes de que con ello rebajan en gran medida su propuesta inicial, “ha sido imposible”. Desde el partido morado creen que “el PSOE defiende a los fondos inversores y que con esta postura es inaceptable”.

En Moncloa muestran su malestar por que Podemos vuelva a exhibir públicamente sus diferencias para tratar de meter presión. Fue la vicepresidenta Yolanda Díaz la que levantó la voz en este caso, aireando que existen «distancias» e incluso acusando al PSOE de no tener voluntad de negociar. Desde el sector socialista se apunta a que los trabajos continúan de manera «intensa» para poder cerrar la negociación cuanto antes y se impone la discreción, frente a las filtraciones, sobre el avance de la misma «hasta que el acuerdo esté cerrado». Mucho más explícita se mostró la portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, que recordó a sus socios morados que «estamos en un Gobierno. En el Gobierno se debate, se discute; pero en un Gobierno no se hacen ultimátums ni se condiciona. Se sienta y se negocia».

Podemos responde ante eso que lleva desde agosto tratando de negociar las cuentas públicas. Esta sensación de que no habrá una regulación de alquileres a la baja hace a los morados elevar el precio de la negociación. Están dispuestos a no apoyar el borrador, confirman en privado. El objetivo que se marcan es no incumplir el acuerdo de Gobierno, por ello, defienden, seguir peleando con el PSOE, porque, dicen en el sector morado, «no pueden permitir que los socialistas les hagan incumplir el acuerdo». Además, en esta ocasión no servirá que el PSOE se comprometa con un acuerdo porque, recuerdan, «ya tenemos un papel mojado» –en referencia al firmado hace un año entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias–. Quieren una garantía como que la ley de vivienda quede redactada en los próximos días.