Dos homenajes a la semana en 2021

No solo algunos etarras no se han arrepentido de sus macabros crímenes, ni han pedido perdón, ni contribuyen al esclarecimiento de los asesinatos que aún quedan sin resolver –más de 300– sino que continúan celebrando homenajes a etarras excarcelados con un largo historial de muertes a sus espaldas. El colectivo de apoyo a los presos de ETA, Sare, replanteó ayer in extremis el acto de homenaje al etarra Henri Parot en Mondragón para «evitar la confrontación» y lo sustituyó por varias manifestaciones contra la cadena perpetua, sin hacer alusión expresa a ningún preso. Pese a maquillar el acto, en esencia la intención del colectivo es poner en marcha un acto de exaltación a uno de los terroristas más sanguinariosque asesinó a más de 40 personas.

Los actos que se celebran hoy en varias plazas de pueblos del País Vasco pasarán a formar parte de la lista de homenajes a ETA que elabora anualmente el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite). Hasta la fecha, se han celebrado 103 actos de culto a miembros del grupo terrorista, lo que supone 1,9 actos a la semana, es decir, dos cada siete días tanto en la comunidad vasca como en el extranjero. La cifra es algo menor que la del año pasado cuando en los meses posteriores al pico de la pandemia del covid se celebraron un total de 193, la cifra más alta desde 2018. Desde Covite distinguen entre distintos tipos de actos de exaltación que van desde pintadas o carteles a fiestas populares en honor de los asesinos. Son precisamente las pancartas u homenajes en murales y paredes las expresiones de enaltecimiento del terrorismo más comunes. En lo que va de año se han registrado 59, menos que en 2020 cuando se catalogaron 82 actos de esta tipología. Le siguen los homenajes a miembros de ETA. En los nueve primeros meses del año se han celebrado hasta 19. En ellos, los asesinos son recibidos y vitoreados como auténticos héroes, una heroicidad que ha consistido en pegar un tiro en la nuca o colocar una bomba lapa. Pese a que estos homenaje a terroristas están prohibidos por ley por enaltecimiento del terrorismo, el ministerio del Interior prefiere mirar hacia otro lado. De hecho, desde que EH Bildu llegó a las instituciones de la mano de Pedro Sánchez, las víctimas son las grandes olvidadas.

Acercamientos

«Evidentemente, es la hora de abordarla de otra manera». Estas fueron las palabras en relación con la política de dispersión que pronunció el presidente Pedro Sánchez, en junio de 2019 cuando ofreció su primera entrevista tras llegar a la Moncloa. Esta medida que se aplicó durante 32 años y cuyo objetivo era facilitar la reinserción de los etarras fue efectiva ya que evitó que la organización terrorista ETA mantuviera un control férreo sobre sus presos imposibilitando cualquier signo de disidencia o reinserción.

En aquella entrevista, Sánchez tampoco ofreció muchos detalles sobre cuáles eran los planes de su Ejecutivo pero todo apuntaba en la dirección que finalmente ha tomado. El plan del inquilino de la Moncloa pasaba por el acercamiento de algunos reos a prisiones cercanas al País Vasco; la flexibilización de la condiciones para que los presos puedan pasar de grado para la obtención de beneficios penitenciarios y, por último, el posible excarcelamiento de los reclusos enfermos.

De facto, este es el esquema ha seguido la política penitenciaria de Sánchez. Basta echar una vistazo a los datos para corroborarlo. Un total de 202 etarras han sido acercados desde julio de 2018 a prisiones más cercanas al País Vasco, según los datos del Observatorio de Política Penitenciaria de la Asociación de Víctimas de Terrorismo (AVT). Es más, las nueve prisiones andaluzas, que contaban a principios de este año con un 20% de los presos etarras, están vacías y ya no queda ningún etarra allí. De los 202 que han sido trasladados, 109, es decir más de la mitad están acusados de delitos de sangre. A sus espaldas suman 216 atentados con 296 víctimas. En cuanto a su ubicación actual, el 40% se encuentra en cárceles de País Vasco o Navarra. Por número, le siguen las cárceles de Logroño, Cantabria y Zaragoza, que, casualmente, son las más cercanas a la comunidad vasca. De hecho, el resto, el 60%, se encuentran, gracias a los traslados que se han dado en el último año, en las prisiones periféricas. El acercamiento de los reos puede considerarse como la primera fase del plan de Sánchez, que ya se puede dar por concluido. El siguiente paso es trasladar a todos a prisiones vascas y que se aceleren las progresiones de grado así como los beneficios penitenciarios. Y es aquí donde el traspaso de la competencia de las prisiones a País Vasco juega un papel importante.

El Gobierno Vasco comenzará a gestionar desde el 1 de octubre la competencia de Prisiones, que llega 42 años después de la aprobación del Estatuto de Gernika. Esta competencia, recogida en los artículos 10.14 y 12.1 del Estatuto, prevé que el Ejecutivo vasco gestione «la organización, régimen y funcionamiento de las Instituciones Penitenciarias».

La cesión de esas transferencias atañe a los tres centros penitenciarios situados en su territorio – Basauri (Vizcaya), Zaballa (Álava) y Martutene (Guipúzcoa)– y aunque el Gobierno de Pedro Sánchez insiste en que la política penitenciaria seguirá en manos del Ejecutivo central, lo cierto es que las juntas de tratamiento de cada prisión, las encargadas de pronunciarse sobre posibles permisos penitenciarios o en relación a la progresión de grado (siempre a expensas de lo que diga en último término la Audiencia Nacional), pasarán a depender del Ejecutivo de Vitoria.

¿Qué implica este traspaso de competencias? Fundamentalmente, en el hecho de que las decisiones sobre permisos –que permiten una mayor flexibilización en el cumplimiento de la pena– ya no serán acordadas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, sino por el departamento homónimo del Gobierno vasco. Algo similar a lo que sucede ya en Cataluña.