El TC admite a trámite a los recursos de PP y Vox contra la reforma del CGPJ

El Tribunal Constitucional (TC) ha dado luz verde a los recursos de inconstitucionalidad que plantearon PP y Vox contra la reforma exprés impulsada por el Gobierno que limitó las competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando está en funciones (entre ellas las relativas a los nombramientos), para forzar así su renovación, atascada desde hace casi tres años.

La decisión del TC se produce en un momento en el que las posturas de PP y PSOE para una posible renovación del órgano de gobierno de los jueces parecen más alejadas que nunca, pese a que el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, urgió a los políticos -durante su discurso de apertura del año judicial el pasado día 6- a terminar con la interinidad de la institución “en semanas”.

En las resoluciones en la que acuerda la medida, el Pleno de la institución ha decidido asimismo dar traslado de la demanda y de los documentos presentados tanto al Gobierno de Pedro Sánchez como al Congreso y al Gobierno para que puedan personarse en el procedimiento y formular las alegaciones que consideren oportunas.

En sus respectivos recursos, ambas formaciones sostienen que la reforma, además de adolecer de defectos formales en su tramitación, vulnera diversos preceptos de la Carta Magna (art. 9.3, 23, 122, 165, 167, 169, entre otros) por defectos formales en su tramitación parlamentaria así como por vulnerar el principio de independencia judicial o la reserva de Constitución para regular el CGPJ.

Sin escuchar al CGPJ ni al Consejo de Europa

De hecho, el PP ya recurrió ante el TC la decisión de la Mesa del Congreso la tramitación por la vía de urgencia de la polémica reforma, con el propósito según los populares de eludir las opiniones del órgano de gobierno de los jueces, del Consejo de Europa y de la propia magistratura. Algo que, según el PP, vulneró el derecho fundamental al pleno ejercicio de los función representativa de los diputados, quienes no pudieron escuchar antes de tomar esa decisión a esas voces autorizadas.

Para el partido que lidera Pablo Casado la reforma impulsada por el Ejecutivo pretende modificar el régimen competencial del Consejo General del Poder Judicial y, por añadidura, el régimen de separación de poderes.

La limitación de las funciones del CGPJ en funciones para forzar su renovación vino precedida del intento de PSOE y Podemos de modificar el sistema de mayorías parlamentarias necesarias para la elección de los vocales judiciales, a la que finalmente el Gobierno tuvo que renunciar.

En su recurso, el grupo parlamentario de Vox también reprochaba al Ejecutivo que con esa reforma acelerada hubiese eludido “la exigencia del previo dictamen del CGPJ” recurriendo al “medio fraudulento” de presentar una proposición de ley. “El mismo Poder Legislativo que a través de la nueva ley desfigura al CGPJ, es el único que tiene en su mano la completa renovación del Consejo y, por lo tanto, su mantenimiento o no en la posición debilitada de “en funciones””, denunciaba el partido de Santiago Abascal.