La Justicia obliga a Marlaska a investigar si un guardia civil sufrió secuelas de Afganistán

La Audiencia Nacional ha obligado al Ministerio del Interior a investigar si la familia de un cabo primero de la Guardia Civil, ya fallecido, tiene derecho a recibir una indemnización como víctima del terrorismo en Afganistán.

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha ordenado en una sentencia de 19 de mayo al Ministerio de Fernando Grande-Marlaska, que había rechazado admitir a trámite la reclamación de la viuda, que abra un expediente para determinar si debe recibir una indemnización por los supuestos daños psicológicos que sufrió su marido en tres atentados perpetrados en Kabul en 2006.

En ese año este cabo primero formaba parte del contingente español destinado en Afganistán y, según la magistrada Fátima de la Cruz Mera, que ejerció de ponente del fallo, está “debidamente acreditada” la presencia del agente en los actos terroristas.

“Estuvo desplegado en Kabul”

“A estos efectos queda debidamente constatado en las actuaciones que el esposo de la recurrente, cabo primero de la Guardia Civil, estuvo desplegado en Kabul (Afganistán) del 1 de agosto de 2006 al 7 de julio de 2007, formando parte del Equipo de Protección personal del Alto Representante de la Unión Europea en dicha ciudad, desempeñando una misión de escolta y protección designado por el Ministerio del Interior, y que dicho equipo lo conformaban también otros compañeros, entre los que cabe citar a otro agente”, que ya ha sido considerado en una sentencia de la Audiencia Nacional como víctima del terrorismo por las secuelas psicológicas que le dejaron los mencionados atentados.

Precisamente, la esposa del cabo de la Guardia Civil incluyó en su reclamación “numerosa prueba documental” que, según su opinión, demuestra que las patologías psíquicas padecidas por su marido “fueron consecuencia de esos atentados”. Y en esta documentación consta un acta notarial de 12 de abril de 2012 en la que dos agentes “afirman que formaron parte del equipo de protección personal del Alto Representante de la Unión Europea en Kabul, desde el 1 de agosto de 2006 al 7 de julio de 2007, periodo durante el cual se produjeron diferentes situaciones de alto riesgo para la seguridad personal, entre las que resaltan las acciones terroristas de 31 de agosto, 8 de septiembre y 30 de septiembre de 2006”.

Y por ello fueron objetivo de los ataques terroristas, según profundiza el acta notarial, ya que en el primero de ellos “los morteros lanzados se dirigían a la Embajada de la UE”. En el segundo “por la coincidencia con el convoy militar en su misión de reconocimiento y limpieza de un trayecto del Alto Representante”, y en el tercer ataque los agentes estaban realizando “labores de reconocimiento del Ministerio del Interior a pocos metros del lugar de la inmolación”, relata la sentencia de la Audiencia Nacional.

“Margarita Robles es muy humana”

Pero lo más relevante, según los magistrados, es que el acta notarial determina la presencia del cabo primero “en el lugar y momento de los atentados terroristas” de 2006.

“El expediente todavía no se ha iniciado”, explica el abogado de la viuda, Florentino Martínez Alonso, quien lamenta que el Ministerio del Interior “siga un criterio muy restrictivo” en los casos de víctimas del terrorismo. Y por el contrario, destaca este letrado, la titular de Defensa, Margarita Robles, actúa de una forma “muy humana. Si tiene que entrevistarse con un soldado, siendo la ministra, le recibe en su despacho sin ningún problema. Se interesa como nadie sobre estos casos. Más de un soldado al que le llevo estos casos me lo ha comentado”, concluye Florentino Martínez Alonso.