La Audiencia sienta en el banquillo al ex consejero Alfredo Prada por el proyecto del Campus de la Justicia

El ex consejero madrileño Alfredo Prada y otros cinco investigados se sentarán en el banquillo por las presuntas irregularidades en la contratación del proyecto del Campus de la Justicia (CJM). Así lo ha decidido el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en una resolución en la que les da 15 días de plazo para que aporten una fianza solidaria de 40 millones de euros para hacer frente a posibles responsabilidades civiles.

La Fiscalía pide una condena de ocho años de prisión para Prada y trece de inhabilitación absoluta y de seis años de cárcel para el resto de acusados.

En noviembre del pasado año, el anterior titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, acordó el procesamiento contra todos ellos por delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas y malversación de caudales públicos. Según expuso el entonces instructor, Prada -quien supuestamente lideraba la toma de decisiones- y el resto de encausados “se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos de CJM, elaboraron un plan criminal y pusieron en marcha distintos artificios para llevarlos a cabo”.

Además de Prada, el juez abre juicio oral contra el ex director general técnico, subdirector general técnico y director financiero del Campus de la Justicia -Isabelino Baños, Mariano José Sanz y Alicio de las Heras, respectivamente-, y contra Andrés Gómez Gordo, ex director de Seguridad (uno de los comisarios clave del “caso Kitchen” y ex jefe de Seguridad de María Dolores de Cospedal) y otro ex directivo del proyecto, Félix José García de Castro.

Relación de propiedades para la fianza

En el auto en el que acuerda la apertura de juicio oral, el magistrado insta a los acusados y a los responsables civiles para que, en el plazo de quince días, aporten una relación de bienes y derechos de los que sean titulares para garantizar unas futuras responsabilidades civiles. Además, emplaza a los abogados de los procesados para que antes del 21 de septiembre presenten sus escritos de defensa.

Constituida en 2005, esta empresa pública tenía como objetivo ejecutar el proyecto del Campus de la Justicia de Madrid, un complejo donde se debían levantar 14 edificios para concentrar en ese espacio las sedes judiciales de la Comunidad. Pero el proyecto se abandonó cuatro años después tras una inversión de más de 350 millones de euros.

En la resolución en la que De la Mata acordó el pase de las diligencias a procedimiento abreviado (paso equivalente al procesamiento en un sumario), el magistrado defendía que el ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid y los directivos investigados “corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación de contratos del Campus de la Justicia, quedando afectada sustancialmente su operativa y los resultados económicos, menoscabando así los bienes jurídicos que tutela el tipo penal de la malversación de los caudales públicos”. Y es que no tenía duda de la “intervención personal y directa y la preeminencia absoluta” que habría ejercido Prada durante la primera fase del proyecto del Campus de la Justicia, en la que ejerció la presidencia del mismo, respecto a los procesos de contratación.

Pagos “exorbitantes” y “múltiples arbitrariedades”

“En este caso no estamos -subrayaba De la Mata- ante autoridades o funcionarios que hayan sustraído para su lucro personal el dinero de la administración en perjuicio del patrimonio público”, sino que su comportamiento afectó “al sistema de funcionamiento de una entidad pública, que ha resultado deteriorada, dañada y menoscabada, tanto en su imparcialidad, probidad y prestigio, como en su eficacia y en su integridad patrimonial”, acarreando unos perjuicios al erario público de “cientos de millones de euros”.

Entre las supuestas irregularidades, figuran las “cantidades exorbitantes” pagadas y las “múltiples arbitrariedades” detectadas en la adjudicación del contrato para la exposición Museo de la Justicia en Plaza de Castilla, que costó casi un millón de euros: 758.074 euros y otros 227.795 en publicidad.

Además, De la Mata se refería a un “aparente despilfarro de recursos” en la firma de tres convenios para la celebración de dos exposiciones -”La Justicia en el Arte. De la Edad Moderna hasta nuestros días” (2006) y “Campus, imágenes de la Justicia” (2007)-, muy alejadas del objeto social de la Ciudad de la Justicia.

Aunque esos convenios sumaban un desembolso inicial de 600.000 euros, el juez apuntaba que “se produjo un gasto adicional de fondos públicos” de 1.061.000 euros y de 1.015.631 en ambas exposiciones, correspondientes supuestamente a gastos de publicidad y propaganda que no estaban comprometidos. Y se hizo “sin necesidad, justificación y procedimiento de clase alguna, de modo completamente arbitrario”.

Para el instructor, los investigados “conocieron perfectamente la ilegalidad de su actuación”, dado que, por ejemplo, “no elaboraron la adecuada justificación de las necesidades que los contratos iban a atender, pasaron por alto las insuficiencias y defectos” de los pliegos y de los informes técnicos de valoración y en la mayor parte de las ocasiones orillaron a la mesa de contratación y “realizaron propuestas de valoración arbitrarias y no justificadas” o incluso prescindieron “de procedimiento de contratación alguna”.