Llop, una jueza especializada en violencia de género, aterriza en Justicia con la renovación del CGPJ como meta

La hasta ahora presidenta del Senado Pilar Llop será desde ahora la nueva ministra de Justicia en sustitución de Juan Carlos Campo. Hereda la cartera con el reto de desbloquear las negociaciones con el principal partido de la oposición, el PP, para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva paralizado desde finales de 2018.

Llop es jueza especialista en violencia de género y ha ostentado hasta la fecha la Presidencia de la Cámara Alta, puesto al que llegó en diciembre de 2019 siendo senadora del PSOE por designación autonómica de la Asamblea de Madrid. Además fue delegada del Gobierno para la Violencia de Género desde julio de 2018 a abril de 2019.

En la comparecencia de este sábado para anunciar los cambios en el Ejecutivo por la crisis de Gobierno, el presidente, Pedro Sánchez, ha destacado de ella que como presidenta del Senado ha destacado "por su mesura y su sentido institucional". Además, ha recordado que es juez de carrera y ha alabado que Llop "ha evidenciado siempre su compromiso feminista desde la sociedad civil y también desde distintas responsabilidades" públicas.

Llop es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, accedió a la Carrera Judicial por el turno libre en 1999 y ascendió a magistrada en 2004. Ha compatibilizado su función judicial con la de consultora internacional y ha trabajado en diversos países de la Unión Europea, así como en América Latina en temas relacionados con reformas de los sistemas judiciales, en materia penal y en violencia de género.

De marzo de 2011 a abril de 2015 fue letrada del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con responsabilidades como la jefatura de la Sección Observatorio Violencia Doméstica y de Género, secretaria de la Comisión de Igualdad, secretaria del Foro Justicia y Discapacidad, y secretaria del Comité de Dirección del órgano de dirección de los jueces.

Tras esa etapa resultó elegida diputada de la Asamblea de Madrid, donde ha sido portavoz en la Comisión de Justicia y en la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento de la Asamblea y Estatuto del Diputado.

En su última etapa, Llop ha presidido durante dos años y medio el Senado, tras hacerse con este cargo en la sesión constitutiva del 3 de diciembre del año 2019 por 130 votos a favor en la segunda votación. Sin embargo, al ser senadora por designación autonómica por la Asamblea de Madrid, necesitaba refrendar su cargo en la Presidencia de la Cámara Alta al volver a ser elegida como parlamentaria madrileña.

De hecho, la sesión plenaria para ratificarla en la Presidencia de la Cámara Alta se iba a celebrar este mismo lunes 12 de julio, un Pleno que ahora mismo está en el aire por el nombramiento de Llop como ministra.

Durante estos dos años y medio que ha ocupado la Presidencia de la Cámara Alta, Llop no ha podido completar la reforma del Senado que había planteado al principio de la legislatura para otorgarle mayor agilidad y representación territorial, pero sí que ha puesto en marcha el sistema de voto telemático para que los senadores no tuvieran que acudir presencialmente a las votaciones ante las restricciones impuestas por el coronavirus.

Eso sí, en las últimas fechas, Llop ha protagonizado una de las polémicas más sonadas de esta legislatura en el Senado después de que resolviera una solicitud de controversia del Gobierno y decidiera anular la votación de una enmienda en la ley antifraude que recogía la bajada del IVA de las peluquerías del 21% al 10%.

Esto ha provocado el enfado de la oposición, sobre todo del PP, e incluso de algunos grupos afines al Gobierno, que pedían la dimisión de Pilar Llop como presidenta del Senado. Sin embargo, Llop se ha defendido asegurando que hay que utilizar "con valentía" el Reglamento de la Cámara Alta.

LOS RETOS DE LLOP EN JUSTICIA

Ahora en Justicia, tiene por delante no solo el reto de renovar el CGPJ, se tendrá que entender con el responsable de Justicia e Interior del PP, Enrique López, sino también la renovación del Tribunal Constitucional (TC).

Está pendiente la renovación de cuatro miembros de los 12 que conforman el TC que corresponde elegir al Congreso, cuyo mandato de nueve años concluyó en noviembre de 2019. Hace meses que el presidente del Alto Tribunal, Juan José González Rivas, ya comunicó a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, que debía iniciar este procedimiento.

La Constitución establece que de los doce miembros que integran el Alto Tribunal cuatro son nombrados a propuesta del Congreso, que son los que ahora deben actualizarse; cuatro, por parte del Senado; dos, por el Gobierno; y otros dos por el CGPJ. Todos ellos son designados por un periodo de nueve años.

Además, deberá continuar con el diálogo con jueces y fiscales para el desarrollo e implementación de la nueva LECrim cuyo anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre de 2020 y con el que se pretende adaptar la normativa española a las exigencias de la Fiscalía europea.

El cambio de modelo --que permanecía sin cambios desde el siglo XIX-- da todo el protagonismo al Ministerio Público en la fase de instrucción en detrimento del juez, y fue contestado por los fiscales y jueces dado que consideran que tienen que ir acompañado de un aumento de la plantilla --puesto que tendrán más atribuciones-- y ha de llevar aparejada una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

LA SEDICIÓN Y LOS INDULTOS

También deberá afrontar otro de los retos de su antecesor Juan Carlos Campo, quien se propuso reformar los delitos de sedición y rebelión en el Código Penal para adaptarlos a los nuevos tiempos. Si bien llegó a decir que antes de que acabara 2020 estaría hecho al menos el de Sedición, lo cierto es que hasta la fecha no se ha llevado a cabo.

También hereda de Campo el anuncio por parte del ministerio de febrero de 2021 en el que avanzaban que estaba en estudio una reforma de los delitos de enaltecimiento del terrorismo, contra los sentimientos religiosos y de injurias a la Corona dentro del Código Penal para que no fueran castigados con penas privativas de libertad.

Además, deberá seguir lidiando con el proceso de despolitización del conflicto catalán, cuyo último hito ha sido el indulto a los líderes del procés que fueron condenados por el Supremo tras el referéndum ilegal de 2017.

Tras la medida de gracia del Ejecutivo de Sánchez, que supuso la salida de la cárcel de los nueve líderes, la pelota está ahora de nuevo en el Supremo, pero en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, donde Ciudadanos, Vox y PP han presentado recursos contra esos indultos.

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