Los etarras huidos quieren facilidades para regresar a España

La reciente entrega y posterior puesta en libertad de David Urdín, al que llegó a situarse en la cúpula de la banda terrorista, vuelve a poner sobre la mesa la situación del medio centenar de etarras huidos que ha conseguido burlar la acción de la Justicia española.

La Fiscalía pedía para Urdín una condena de 24 años y medio de cárcel por actos de «kale borroka», pero tras alcanzar un acuerdo de conformidad, esa petición se rebajó a dos años de prisión, a los que finalmente ha sido condenado, lo que –al no tener antecedentes penales– le permitió pasar en apenas unas horas de la clandestinidad en Francia a regresar a su domicilio sin mayores problemas.

El acuerdo de conformidad con Urdín –quien además de reconocer los hechos ha abonado las indemnizaciones a Adif por los daños causados en actos de kale borroka en vías férreas de Navarra– no es, sin embargo, extrapolable a los etarras huidos con delitos de sangre, subrayan fuentes jurídicas, que descartan en todo caso cualquier tipo de pacto en el supuesto de que optaran por regresar a España a afrontar sus causas pendientes.

Fuentes de la AVT consideran «impensable» que pudiese suceder algo así, pues «en ningún caso se ha dado una conformidad con un acusado de delitos de sangre». En el caso de Urdín, subrayan, «la única causa que tenía era esta y no tenía ninguna condena».

Sin embargo, recuerdan que en otros casos el regreso de fugados con causas pendientes ha estado exento de dificultades. Así sucedió, por ejemplo, cuando los etarras José Ignacio Echarte e Ignacio Olascoaga –procesados por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco por los vínculos entre ETA y las FARC– ni siquiera fueron citados a declarar pese a que la AVT solicitó la reapertura del procedimiento en marzo de 2019 cuando trascendio que habían regresado a España.

Y hace un par de años, subrayan fuentes de la asociación de víctimas, «dos procesados de Segi se presentaron en la Audiencia cuando la causa contra ellos estaba a punto de prescribir». Al haberse puesto a disposición de la Justicia, fueron finalmente condenados a dos años de prisión –recuerdan–, un tiempo que ya habían cumplido en prisión preventiva.

“Todos a casa”

Conocida es la estrategia dentro del lema general del mundo proetarra de «todos a casa», que no solo afecta a los presos de ETA, para los que se ha articulado un plan de acercamientos al País Vasco y Navarra cuya última finalidad es que logren la libertad en el menor tiempo posible, sobre todo después del traspaso de competencias de Instituciones Penitenciarias al Gobierno de Vitoria. También incluye a los que se ha dado en llamar por ETA y su entorno «refugiados» o «deportados», los huidos de la Justicia, algunos de los cuales (el tiempo hace que prescriban muchas causas, para dolor de las víctimas) aún tienen procedimientos pendientes en nuestro país.

La lista de fugados varía en número, según las fuentes que se consulten. Para las víctimas, superan el medio centenar. Pero fuentes antiterrroristas precisan a LA RAZÓN que muchos de ellos ya no tienen causas pendientes.

De hecho, en la página web de la Guardia Civil sólo se incluye a cinco, sobre los que pesan requisitorias judiciales: José Ignacio de Juana Chaos; José Luis Eciolaza Galán, «Dienteputo»; Oier Eguidazu; Eneko Aguirresarobe y Arnatz Arambarri. A estos habría que sumar el nombre de José Antonio Urruticoechea, «Josu Ternera» (en libertad con control telemático en París), cuya extradición para ser juzgado en España, entre otros por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, está pendiente.

Una prueba de los planes proetarras, a los que no son ajenos los acuerdos a los que llegó el Gobierno con EH-Bildu, que han propiciado el acercamientos de etarras, son las continuas peticiones que se formulan desde el entorno de la banda para que se facilite la vuelta de los denominados «deportados», que cifran en poco más de una decena. Entre ellos, se encuentran etarras que residen en la actualidad en Venezuela, Cuba, Santo Tomé y Cabo Verde.

En Venezuela, Eugenio Barrutiabengoa Zabarte; en Cuba, Josu Abrisqueta Corta e Ignacio Rodríguez Muñoa; y en Cabo Verde, Tomás Linaza Echevarria, José Antonio Olaizola Achúcarro, Emilio Martínez de Marigorta y Félix Manzanos Martínez. Son algunos de los citados desde la organización Etxerat, que agrupa a los familiares de los etarras presos o huidos.

La cifra de asesinatos y otros crímenes con que se les vincula llama al escándalo, pero como subrayan las fuentes consultadas no les constan requisitorias.

Sobre la cifra del medio centenar que se aporta desde las víctimas, algunos de ellos han seguido un camino «silencioso y discreto» para volver a sus casas en el País Vasco, Navarra o el sur de Francia. Primero, sus abogados se dirigieron a la Audiencia Nacional para informarse de si tenían causas pendientes; en caso negativo, se lo comunicaban a sus patrocinados que, de forma inmediata, se dirigían a la embajada de España del país de residencia y solicitaban que se les tramitara el documento nacional de identidad y el pasaporte. Al no constarles ninguna orden de búsqueda y captura ni otros impedimentos judiciales, se les realizaba dicha tramitación. Y, de allí, al aeropuerto. Asunto resuelto.

Algunos han recibido homenajes al volver a España, pero otros, quizás los más significados por la actividad criminal que desarrollaron, optan por la discreción. En cualquier caso, el plan está en marcha. Lo de David Urdín, al tener que llegar a un acuerdo con la Fiscalía, ha trascendido, pero la voluntad del mundo proetarra es que regresen sin tener que pasar por instancias judiciales.

Desde Etxerat –que eleva a 70 la cifra de huidos, de los que más de una decena han fallecido– se señala que «la deportación es una condena añadida». Y esgrimen el «nuevo contexto político», que es tanto como decir el acuerdo a que se ha llegado con el Gobierno, para «desbloquear» la situación con «acuerdos bilaterales de los estados español y francés con los gobiernos de los países de destino».

En el centro quedan las víctimas y los más de 300 asesinatos cuya autoría aún se desconoce. Y la sensación de que el paso del tiempo y las prescripciones harán que los que los que cometieron no sean juzgados. Es uno de los grandes asuntos pendientes y ETA no va a colaborar en su resolución.