El juez se niega a acordar la prisión provisional de Ghali

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha vuelto a rechazar imponer medidas cautelares contra el líder del Frente Polisario Brahim Ghali. Hace unos días, el magistrado ya se opuso a las pretensiones de los querellantes, pero ante la insistencia de la Asociación Saharaui para la defensa de los Derechos Humanos (Asadehd) y del ciudadano español de origen saharaui Fadel Breica, que imputan al dirigente polisario delitos de torturas, genocidio y lesa humanidad, Pedraz ha vuelto a reiterar, según confirman fuentes jurídicas, su negativa a imponerle medida cautelar alguna.

En sendas providencias, el instructor se remite, en el caso de Asadeh, a su resolución en la que ya rechazó las medidas y acordó la reapertura de una causa por genocidio contra Ghali que se encontraba archivada desde octubre de 2020. En cuanto a Breica -que denuncia que fue torturado en los campamentos de Tinduf (Argelia) en 2019-, reitera igualmente su rechazo a las medidas solicitadas, entre ellas la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España, y le remite a la comparecencia de Ghali, prevista para el próximo 1 de junio, cuando si alguna acusación solicita la adopción de una medida cautelar contra el líder polisario se deberá celebrar la correspondiente vistilla antes de que el juez se pronuncie sobre las mismas.

El abogado de la Asociación Saharaui para la defensa de los Derechos Humanos reclamó ayer al instructor que acordara la prisión provisional, comunicada y sin fianza, de Ghali para garantizar su presencia ante el juez el 1 de junio.

Por su parte, la defensa de Breica, una vez rechazadas las medidas cautelares instadas, invocó el “altísimo riesgo de fuga” para apremiar a Pedraz a adelantar la comparecencia de Ghali, que lleva un mes ingresado en un hospital de Logroño y cuya alta hospitalaria está prevista para finales de este mes. La letrada llamaba además la atención sobre el hecho de que el líder del Frente Polisario aún “no se ha personado en la causa con abogado”. Sin embargo, el magistrado no está dispuesto a modificar la fecha prevista, que ya tuvo que ser aplazada -en un principio estaba fijada para el pasado día 7 por el estado de salud de Ghali.

“Por el momento”

Pedraz rechazó “por el momento”, con el aval de la Fiscalía, imponer medidas cautelares a Ghali al no advertir “indicios claros” de que sea responsable de las torturas que le imputan los querellantes. No obstante, sí reabrió la denuncia presentada en 2017 contra 28 personas, entre ellas Ghali, por Asadedh y por tres perjudicados por delitos de genocidio, asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas y desapariciones.

Pero el juez tampoco accedió a la pretensión de esta asociación de que se notificara la querella al líder polisario, un trámite procesal que aplazó al momento en que “comparezca en este juzgado o sea dado de alta hospitalaria”.

La otra querella que tiene pendiente Ghali -archivada en octubre del pasado año y que Pedraz reabrió en enero- la interpuso Fadel Breica por detención ilegal, torturas y un delito de lesa humanidad. En la querella, Breica afirma que el 20 de abril de 2019 llegó a los campamentos polisarios de Tinduf (Argelia), donde habría sido amenazado por parte de agentes del Frente Polisario que le acusaban de traidor, conminándole a abandonar el lugar.

Tras organizar varios actos de protesta contra los dirigentes del Frente Polisario y una manifestación con el mismo propósito en junio de ese mismo año, fue detenido por efectivos militares del Frente Polisario y trasladado “a varios lugares de detención indeterminados” donde, según dice, fue sometido “a golpes y descargas eléctricas”, manteniéndole “con los ojos vendados y manos y pies atados”. Una situación que le llegó a emprender incluso una huelga de hambre. Tras cinco meses de detención, fue liberado el 10 de noviembre de 2019.

Medidas rechazadas

El antecesor de Pedraz al frente del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, archivó la querella en octubre del pasado año tras constatar que ninguno de los querellados tenía nacionalidad española o residía en nuestro país.

Pero a instancias del querellante, Pedraz reabrió la causa el pasado enero para esclarecer si los denunciados tienen residencia en España aunque -como mantiene Breica, “no es siempre pública y notoria para evitar poder ser investigados”.

La defensa del ciudadano español de origen saharahui reclamó al juez que prohibiera a Ghali abandonar España y le retirase el pasaporte si es dado de alta antes de la fecha de su citación judicial, que la Policía notificó al líder polisario en el hospital el pasado día 11. Del mismo modo, instó al instructor a que pidiera al hospital de San Millán y San Pedro de Logroño, donde permanece ingresado, que le informase “en todo momento” de la evolución de su estado de salud y de una posible alta médica para que, en ese caso, se le citase a declarar “tan pronto como ésta se produzca”. Pedraz no accedió a ninguna de esas peticiones, pues no considera necesario limitar los movimientos del líder polisario al encontrarse localizable.