El magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo Antonio del Moral ha citado a declarar en calidad de investigado el próximo día 4 de marzo, a las 10.30 horas, al diputado de Unidas Podemos y secretario de organización de esta formación política, Alberto Rodríguez Rodríguez, en la causa abierta contra él el pasado mes de septiembre por un presunto delito de atentado contra la autoridad y falta (o delito leve) de lesiones. El Congreso de los Diputados aprobó el pasado mes de diciembre el suplicatorio cursado por el alto tribunal para continuar el procedimiento contra el aforado. El magistrado Del Moral es el instructor de la causa.

La citación se produce tras haber comunicado la procuradora de Rodríguez que éste ya ha recibido el alta médica tras una indisposición de salud que obligó a suspender su citación inicial que fue para el pasado 28 de enero.

Los hechos de la causa se refieren a unos incidentes ocurridos el 25 de enero de 2014 en una manifestación contra la LOMCE en La Laguna (Santa Cruz Tenerife). La Fiscalía y el instructor consideran que existen indicios de que durante esos incidentes Alberto Rodríguez propinó una patada a un policía.

La causa se abrió en el Supremo a instancias del Juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna, que llegó en su día a dictar auto de apertura de juicio oral contra Alberto Rodríguez, lo que quedó sin efecto tras la elección del mismo como diputado y pasar a ser aforado ante el Supremo. El Juzgado de La Laguna remitió entonces una exposición razonada al Supremo con los indicios de la actuación del parlamentario.

El instructor Antonio del Moral ofreció al diputado la posibilidad, al amparo del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de declarar de forma voluntaria, sin necesidad de cursar el suplicatorio, pero Rodríguez declinó la comparecencia, remitiéndose a la declaración que había realizado ante el juzgado de instrucción de La Laguna. Ante la existencia de indicios de delito, el instructor consideró imprescindible entonces pedir el suplicatorio para tomarle declaración, que fue concedido por el Congreso en diciembre.