La Policía señaló a Bárcenas como el responsable principal de la financiación ilegal del PP madrileño

El inspector jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía que lideró la investigación de los casos “Gürtel” y de la “Caja B del PP”, Manuel Morocho, señaló a Luis Bárcenas como el responsable último de la financiación presuntamente irregular del Partido Popular (PP) madrileño. Así consta en un informe, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, en el que aseguraba que el administrador general designado ante la Junta Electoral Central por el PP, en el caso de las elecciones locales y autonómicas celebradas en 2003 y al Parlamento Europeo celebradas en el 2004, había sido el entonces gerente del PP: “Dicho representante de la candidatura electoral es responsable de todos los ingresos y gastos electorales realizados por la formación política, así como de la correspondiente contabilidad y de que esta se ajuste a los principios generales establecidos en el Plan General Contable”, especificó el agente en el oficio policial de 30 de julio de 2010.

Precisamente este miércoles Bárcenas declaró como testigo ante el juez que investiga en la Audiencia Nacional el “caso Púnica”, Manuel García Castellón, que la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam) fue creada para financiar de forma ilegal al PP de Esperanza Aguirre, a quien aseguró haber entregado “un sobre marroncito” que contenía 60.000 euros en billetes de 500 euros. La expresidenta madrileña lo ha negado y ha anunciado una querella contra Bárcenas.

El donante, según completó el extesorero, habría sido el dueño de la constructora Ploder, Luis Gálvez, quien fue objeto, junto con otras empresas, de un contrato millonario para la adjudicación para la construcción y la explotación durante 30 años del Hospital Infanta Leonor de Vallecas (Madrid). Los propietarios de las otras empresas que formaron parte de la Unión Temporal de Empresas que se hizo con el contrato también están implicados en casos de corrupción. Es el caso de la constructora Begar, cuyo dueño es José Luis Ulibarri; y Grupo Cantoblanco, propiedad del expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández, también implicado en el “caso Púnica”.

García-Escudero y Romero de Tejada

En su testimonio, Bárcenas también aseguró que los exdirigentes del PP Pío García-Escudero y Ricardo Romero de Tejada se pusieron en contacto con él para que hiciera de intermediario con empresarios de la patronal CEOE y conseguir así donaciones. Y como estos donantes preferían entregar los fondos a una fundación, los dos excargos del PP madrileño crearon Fundescam.

Y según especifica el informe del inspector, esta fundación, que tenía como sede social el número 13 de la Calle de Génova en Madrid, la sede del PP, fue constituida en el año 2000 por García-Escudero y Romero de Tejada: “Recibió fondos procedentes de empresas privadas que mantenían contratos vigentes con las Administraciones Públicas, en concreto de la Comunidad de Madrid, con el fin de financiar actuaciones relacionadas con los fines de la misma”, destaca el documento policial.

El informe, que alude a una información del diario ‘Público’, asegura que los principales donantes a Fundescam fueron las compañías Transportes de Cercanías (Gerardo Díaz Ferrán), Grupo Cantoblanco, Siemens, FCC, Unión Fenosa, Grupo Avanza, Mercurio, Promociones García Domínguez, Inmobiliaria COF, Francisco Santos, Ciuvasa, Valentín, Carlos de Bias García, Idea informática, José Antonio López Casas, FELOP, Hotetur Club, Expacontra, Aerolíneas Baleares y Germán López Madrid.

Entregas en 2003 y 2004

Y estas entregas de dinero se concentraron en 2003 y 2004: “A tenor de la información intervenida parte de los fondos obtenidos se dedican a financiar actos de la campaña electoral del PP en las elecciones municipales, autonómicas, generales, europeas o del congreso regional de Madrid de dicha formación política”, prosigue el inspector.

Además, el agente explicó en el informe que el PP madrileño y nacional elaboraron “un sistema de facturación dual” de los actos electorales, “enmascarando” la verdadera realidad de los mismos mediante la elaboración de facturas ‘ad hoc’ con cambios de entidades y conceptos; y un mecanismo de financiación de los mismos ajeno a lo contemplado en la Ley Electoral General y la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Y lo hicieron, completa Morocho, a través de Fundescam, que recibió fondos de empresas que mediante contratos vigentes prestaban servicio o realizaban suministros u obras para las Administraciones Públicas, entre otras de la Comunidad de Madrid, y que posteriormente canaliza los fondos para financiar actos del PP.

“Intercambio de favores”

Por ello, el informe de la UDEF considera que empresarios, a los que Administraciones Públicas gobernadas por cargos del PP les adjudicaron contratos públicos, financiaron mediante donaciones “finalistas” actos del partido en Madrid y a nivel nacional, “con lo que existe una propensión al intercambio de favores”.

Finalmente, el inspector Morocho explica que el PP, “en las cuentas relativas a las campañas electorales de las municipales, autonómicas, generales y europeas celebradas en los años 2003 y 2004, no refleja unos gastos en los que ha incurrido por la realización de actos de la campaña electoral lo que supone una alteración de las partidas contables que no ofrecen una imagen fiel de las operaciones realizadas conforme a los principios contablemente admitidos”.

Y el principal responsable de “los ingresos y gastos electorales y de que la contabilidad refleje los principios generalmente aceptados establecidos por el Plan General de Contabilidad corresponde a sus administradores generales, que para las elecciones locales de 2003 y al Parlamento Europeo de 2004 era Luis Bárcenas”, concluye el informe de la UDEF de 2010.