El 27 de enero de 2015 los agentes que investigaban los casos «Gürtel» y «papeles de Bárcenas» tenían «una carga de trabajo muy elevada, con unas peticiones y plazos por parte del magistrado muy concretos para elaborar los informes», según declaró el inspector Manuel Morocho 21 de febrero de 2019 como testigo en el caso del espionaje al ex tesorero del PP.

Y pese a ello este agente, que casi dos años antes había señalado en un informe a Mariano Rajoy como uno de los perceptores de los sobresueldos, recibió una orden del máximo cargo de la Policía, el director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino, imputado en «Kitchen». Debía trasladarse para realizar otras labores, que tenía que compaginar con el «caso Gürtel».

Este inspector no entendió la decisión de su superior, ya que según explicó a preguntas de Anticorrupción, «el escenario» que tenía en ese momento la unidad que dirigía, el Grupo XXI, «era el de no levantar la cabeza del ordenador y estar pendientes del análisis de esa documentación», prosiguió.

“Se revistió administrativamente”

«Fue una orden que se me transmitió. El director adjunto operativo me hizo ir a su despacho y me dijo que a partir de ese momento necesitaban que estuviera allí, y que por mor de su categoría y del puesto que ocupaba, no tenía capacidad de decir que no. Eso se revistió administrativamente bajo el paraguas de una atribución temporal de funciones», que duró en total un año y medio, hasta el 11 de agosto de 2016.

El inspector no podía ser separado de las pesquisas por sus jefes, ya que como Policía Judicial solo debía dar cuenta de las mismas al juez Ruz.

«Le dije [a Pino] que mi traslado de las dependencias iría en detrimento de la ejecución de aquello que se me había encomendado» por el instructor. Pero Pino no cambió de opinión, por lo que se vio obligado a compaginar su nuevo cometido con las pesquisas de Ruz.

Miguel Serrano

Morocho, a preguntas del fiscal Miguel Serrano, aseguró que este cambio le provocó «estrés» y una «mayor dificultad» para desarrollar las investigaciones de la «Caja B» y de «Gürtel». Tuvo la impresión de que le querían «quitar» de ahí para que no pudiera seguir desarrollando su actividad normal: «Generó que el procedimiento fuera decayendo y se produjeran retrasos en la elaboración de informes que se han ido acumulando en el tiempo. Y la consecuencia que yo tuve es que se resintió mi labor», reconoció.

Además de Morocho, el comisario José Luis Gudiña, jefe de la Brigada Central de Investigación del Blanqueo, que se encargó de trasladar a Ruz el informe que señalaba a Rajoy, también había sido trasladado en 2014. Abandonó su puesto para dirigir una unidad de menos peso: la Brigada de Investigación del Banco de España.