El Gobierno acerca al País Vasco al asesino de Gregorio Ordóñez y a otros dos condenados por delitos de sangre

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha vuelto a “agraciar” a otros cinco terroristas de ETA con el acercamiento a prisiones próximas al País Vasco, entre los cuales se encuentra Juan Ramón Carasatorre Aldaz, condenado por el asesinato del edil del PP de San Sebastián Gregorio Ordóñez. Otros dos etarras con delitos de sangre también serán trasladados a prisiones más cercanas a su domicilio: Sergio Polo y Martín Sarasola Yarzabal. Los otros dos etarras beneficiados esta semana son Gorka Vidal Álvaro e Ibai Beobide Arza. Con estos nuevos traslados, a prisiones del País Vasco o Navarra han sido acercados ya 135 etarras desde que Pedro Sánchez accedió al Gobierno, de los que 57 tienen delitos de sangre, según datos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

Juan Ramón Carasatorre será trasladado del Centro Penitenciario Castellón II la cárcel de El Dueso, en Cantabria. Fue condenado en 2011 por la Audiencia Nacional a 30 años de prisión como autor del asesinato del concejal del PP en el Ayuntamiento de San Sebastían Gregorio Ordóñez, el 23 de enero de 1995 cuando se encontraba en un restaurante de la capital guipuzcoana. Además, en 2014 fue condenado a otros a 29 años de prisión por el asesinato, en abril de 1995, del brigada del Ejército de Tierra Mariano de Juan Santamaría, y, posteriormente, a otros 30 años de cárcel por el asesinato también ese mismo año del policía nacional Enrique Nieto Viyella, quien era responsable de la Unidad Territorial Antiterrorista de Guipúzcoa.

Por su parte, Sergio Polo dejará la prisión de Herrera de la Mancha para trasladarse a la de Zaballa (Álava). La Audiencia Nacional le condenó a 110 años de prisión como autor material del atentado terrorista que acabó con la vida del Comandante Luciano Cortizo el 22 de diciembre de 1995 en León. También fue condenado en el año 2000 a 48 prisión por su participación en el atentado cometido el 18 de marzo de 1993 en San Sebastián y que acabó con la vida del guardia civil Emilio Castillo López de la Franca, el 18 de marzo de 1993. Además, fue condenado en el 2000 a 29 de años de prisión por su participación en el atentado contra Ángel María González Sabino el 2 de junio de 1993, a quien la banda terrorista vinculaba con el mundo de las drogas. En 2015 fue condenado a otros cien años de prisión por el asesinato frustrado del capitán Juan José Aliste, su hija y tres compañeros de instituto de la chica.

El tercero de los condenados por delitos de sangre que cambiará de prisión es Martín Sarasola Yarzabal, quien será trasladado de la prisión de Jaén al Centro Penitenciario de Dueñas, en Palencia. En mayo de 2010 fue condenado por la Audiencia Nacional a 1040 años de prisión como responsable del atentado cometido el 30 de diciembre de 2006 contra la terminal T4 del aeropuerto de Barajas, en el que perdieron la vida que acabó con la vida de los ciudadanos ecuatorianos Diego Armando Estacio Sivisapa y Carlos Alonso Palate Sailema.

Por su parte, Ibai Beobide Arza pasará del Centro Penitenciario Puerto III al de Burgos. Fue condenado en 2013 por la Audiencia Nacional a 20 años por pertenecer a ETA y ocultar explosivos en zulos y un trastero del País Vasco. En 2020 fue condenado a 29 años de cárcel por el atentado contra la sede de EITB en diciembre de 2008. Además, fue condenado en 2011 a 25 años de cárcel por la colocación de cuatro bombas en Cantabria durante el verano de 2008. En 2011 también fue condenado a 57 años y seis meses de cárcel por ser el autor material del atentado contra la Casa del Pueblo (sede del PSE) del barrio bilbaíno de La Peña, perpetrado el 17 de abril de 2008 y en el que resultaron heridos seis agentes de la Ertzaintza.

El último de los “agraciados” esta semana es Gorka Vidal Álvaro, quien terminará de cumplir su condena en la prisión de Zanalla (Álava), donde será trasladado desde la de Logroño. Fue condenado en febrero de 2007 a 22 años de prisión como responsable del traslado de una furgoneta bomba para atentar en Madrid. También por el intento de atentar en Baqueira.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo, además de denunciar que el Ministerio del Interior “sin darnos ninguna explicación y sin hacerse cargo del dolor que estos movimientos” de presos origina, considera que “estos movimientos provocan en las víctimas del terrorismo aun presumiendo de contar con una Dirección General de Víctimas del Terrorismo. Con estos acercamientos, queda en evidencia que el destino final de los presos es el País Vasco, con una primera parada en cárceles cercanas para finalmente acabar en prisiones de esta región”; unos traslados que, afirma la AVT, son del todo injusto, dolorosos y humillantes “para todas las víctimas del terrorismo que acumulan años y años de sufrimientos”.