Hacienda concluye que Pujol Jr defraudó 14,1 millones de euros

Los inspectores de Hacienda adscritos a la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude (Onif) encargados del “caso Pujol” que se investiga en la Audiencia Nacional han reducido en 2,5 millones el supuesto fraude cometido entre 2002 y 2012 por Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresidente catalán Jordi Pujol Soley. En un informe de 23 de octubre, al que ha tenido LA RAZÓN, los funcionarios aseguran que dejó de ingresar 14.117.912 euros, cuando en julio pasado calcularon 16,6 millones.

La reducción se debe a que Pujol Ferrusola y su ex mujer Mercé Gironés ya habían abonado impuestos desde las empresas Imisa y Project Marketing Cat SL por un valor de 2,5 millones, según constata el documento entregado al magistrado.

Sin embargo, no todo este fraude podrá servir para acusar al hijo mayor del expresidente catalán por delitos contra la Hacienda Pública, ya que los ejercicios anteriores a 2007 están prescritos, tal y como reconocieron los inspectores de la Onif en un informe de 15 de octubre de 2019. Ahora los fondos para los que no se ha extinguido el reproche penal serían 7,8 millones, cuando en 2019 los funcionarios calculaban que era de 8,6 millones.

Cinco delitos fiscales

Esto implica que solo se le podrá acusar de un máximo de cinco delitos fiscales entre 2007 y 2012, ya que en 2011 la cuota presuntamente defraudada fue de 85.000 euros, por lo que no superó los 120.000 euros que marcan el límite para imputar un delito contra la Hacienda Pública.

El informe de 23 de octubre pasado es el tercer cálculo diferente que realizan los inspectores de Hacienda por orden del juez De la Mata. En el primero aseguraban que la cuota dejaba de ingresar por Jordi Pujol Ferrusola era de 10,4 millones; en el segundo se elevó hasta los 16,6 millones, bajando en la actualidad a los 14,1 millones.

En cuanto a Mercé Gironés el instructor de la causa acordó en un auto de 28 de septiembre, en el que responde a los recursos que presentó tras proponer sentarla en el banquillo como integrante de la “organización criminal” de los Pujol, que no será acusada de un delito contra la Hacienda Pública cometido en 2007 al "haberse extinguido la responsabilidad criminal por haber prescrito la acción penal”.

“Caso Palau”

Sin embargo el juez De la Mata aprovecha la resolución para asegurar que el clan Pujol recibió “pagos ilícitos que encontraban su contraprestación en el ejercicio de concretas influencias en adjudicaciones, cambios de calificación urbanística, adjudicación de concesiones, etc., a lo largo y ancho del espacio geográfico catalán”. En otros casos, explica el magistrado, los pagos a la familia, “igualmente ilícitos”, se efectuaban "simplemente para congraciarse con la misma o para mantener la buena relación que ya tuvieran con ellos y así hacerse acreedores a futuras adjudicaciones y favores políticos y contractuales”.

De la Mata considera, además, que el “modus operandi” de esta familia fue “similar” al descrito en la sentencia del “caso Palau”: “Aquí también se toma en cuenta la complejidad del sistema que las personas investigadas construyeron. Aquí aparecen, de un lado, distintas empresas, interesadas por su objeto social en conseguir la adjudicación de contratos de obra pública en Cataluña. Por otro lado, la familia Pujol Ferrusola, con innegable influencia durante años en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña”.

Y esta familia, concluye el juez, estaba en disposición de ejercer la influencia necesaria "en un elevado número de personas, que ocultaron y encubrieron dichos hechos, dificultando en gran medida la posibilidad de fijar de forma concreta y determinada quién, sobre quién y en qué manera se producía la influencia, pues, como en el caso Palau, ‘todo ello se produjo en el marco de una atmósfera de sutiles lazos y mensajes, donde las influencias y recomendaciones fluyen por discretos y opacos canales que permiten garantizar el éxito de su objetivo y a la vez permanecer ocultos a los ojos de extraños’, relata el auto.