«Okupación»: la otra pandemia

En el número 38 de la calle de Asura, un lujoso chalet de dos plantas que se levanta en una zona exclusiva del noreste de Madrid, hay un llamativo trasiego de personas que vienen y van, la mayoría jóvenes entre 25 y 35 años de aspecto desaliñado, mirada huraña y actitud poco amigable. Tras un gran portón semiabierto que conduce al garaje se puede escudriñar lo que alguna vez debió ser un frondoso jardín y hoy no es más que un estercolero que delata la desidia de sus okupantes: sobre los hierbajos que crecen desordenadamente aquí y allá se amontonan aparatos de aire acondicionado destartalados, viejos ordenadores destripados, muebles en ruinas, botellas, heces de perro, fruta podrida...

Y, sobre todo, no pasa inadvertido el pestilente hedor que desprenden las inmundicias acumuladas en tres gigantescos cubos de basura que nadie se ha molestado en sacar a la calle en semanas y en la pequeña piscina de aguas fétidas también convertida en basurero. De repente, el portón se abre y emerge la figura de una mujer de edad indefinida, extrema delgadez y la huella indeleble en su rostro del coqueteo con las drogas. A la pregunta de cuántas personas viven en la casa, responde malhumorada: «¡Y yo qué sé cuántos hay ahí adentro! Yo he pasado la noche y ya me voy. ¡Vamos, Sira!», y la perrilla, obediente, sigue los apresurados pasos de su ama, calle arriba.

Según los últimos datos disponibles, más de 12.000 propietarios sufren cada año en España la okupación de sus viviendas. El PP, que acaba de presentar una proposición de ley en el Congreso para endurecer las penas y agilizar los desahucios, eleva esa cifra a 40 usurpaciones diarias. La dueña del chalet de Asura, 38 no sufrió directamente ese mal trago, porque falleció hace 13 años y dejó la casa en herencia a dos primas lejanas. Pero éstas renunciaron a ella porque no podían correr con los gastos de la sucesión, por lo que el inmueble pasó en 2018 a Patrimonio del Estado, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.

En agosto del pasado año un grupo de jóvenes asaltó la vivienda, y desde entonces viven allí instalados, aunque el número de inquilinos crece y decrece como un muelle con el paso de los días. La casa cuenta con no menos de seis habitaciones, algunas de ellas realquiladas a otros okupas, y los vecinos, que prefieren ocultar su identidad por temor a represalias, denuncian «la indefensión en la que nos encontramos». Según su versión, son muy frecuentes en la casa las broncas, las peleas, las amenazas de muerte, las fiestas hasta altas horas de la madrugada... «Nos consta que no se trata en absoluto de una okupación por necesidad, porque no hay ninguna familia con niños. Es más bien un centro de actividades ilícitas en el que sospechamos que se trapichea con drogas», aseguran.

Para allanar un domicilio, los okupas actúan de la forma más discreta posible para no llamar la atención de los vecinos. Conocen bien los agujeros negros de la legislación, y saben que si pasan desapercibidos al menos durante 72 horas, las fuerzas de seguridad necesitarán una orden judicial para desalojarlos; en cambio, si son sorprendidos durante las primeras 48 horas pueden ser expulsados sin miramientos. Suelen preferir casas vacías propiedad de Hacienda, de las administraciones, de bancos, de fondos de inversión, porque ello ralentiza habitualmente los trámites de expulsión. Y también saben que los desahucios se alargan meses e incluso años por el colapso de la justicia.

El chalet de la madrileña calle de Asura es un buen ejemplo. La Abogacía del Estado inició a finales del pasado año, en nombre de Patrimonio del Estado, un procedimiento para forzar el desalojo mediante una demanda civil de desahucio y una denuncia penal por usurpación. El pasado 5 de febrero el Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid dictó sentencia, en la que se ordenaba el inmediato desalojo del inmueble. Sin embargo, el fallo judicial fue recurrido por dos de los okupas denunciados, sin que hasta la fecha se haya tramitado el recurso, en primer lugar por la paralización de los plazos judiciales provocada por la eclosión de la pandemia de coronavirus, y en segundo lugar porque la sentencia aún no ha podido ser comunicada a un tercer acusado.

Según datos del Ministerio del Interior, la ocupación ilegal de viviendas ha aumentado un 58% en los cinco últimos años. Y sigue subiendo, sobre todo por los desorbitados precios de los alquileres, especialmente en las grandes ciudades, y la crisis económica provocada por la alerta sanitaria de la Covid-19. Dos fenómenos a los que se une la falta de medios de la Administración de Justicia. Un cóctel que ha disparado el fenómeno de la okupación. Los procesos judiciales de desalojo suelen prolongarse por un periodo que casi nunca es inferior a seis meses. Y las penas para los infractores son bastante laxas. El delito de usurpación está castigado en el Código Penal con penas de 1 a 2 años de prisión si la okupación se lleva a cabo con violencia e intimidación, o una multa de 3 a 6 meses cuando el allanamiento fue sin violencia.

El pasado mes de julio, el PP, Vox y Ciudadanos presentaron cuatro proposiciones de ley en el Congreso para hacer frente con más eficacia a la ocupación ilegal de viviendas. La formación de Pablo Casado propone elevar a 3 años de prisión las penas por usurpación, haya o no haya violencia, y prohibir a los ayuntamientos que empadronen a los okupas para que no reciban ayudas sociales, así como facilitar a las comunidades de vecinos que se sientan víctimas de las actitudes antisociales de los okupas la denuncia ante los tribunales. Ciudadanos, por su parte, propone aumentar la prescripción del delito de usurpación de 1 a 5 años, mientras que Vox defiende incrementar a 6 años la pena de cárcel para la usurpación sin violencia, que ahora sólo se castiga con multa.

Tras más de un año de okupación ilegal, los inquilinos de quita y pon siguen entrando y saliendo a su antojo de la finca de Asura 38. Saben que su desalojo puede estar cercano, pero es muy probable que ya tengan seleccionada una nueva vivienda que okupar cuando llegue ese momento. Según el testimonio de dos vecinos, varios de los okupas ya le tienen echado el ojo a otro chalet vacío situado en otra zona exclusiva, Conde de Orgaz, también en el noreste de Madrid. «No se cortan para nada, y no les importa que los demás escuchen sus planes», afirman. «La Policía está cansada de presentarse en la casa por peleas entre ellos y todo tipo de juergas, pero no pueden hacer nada. A veces se llevan a alguno detenido, pero a las pocas horas ya está de vuelta», añaden. Precisamente las Fuerzas de Seguridad recomiendan a los propietarios instalar alarmas en sus viviendas. De esta forma, la entrada en un domicilio ajeno se interpreta como tentativa de robo, y el desalojo de los instrusos se puede realizar de forma inmediata.