La Fiscalía ha mantenido hoy su petición de absolución para el ex número dos del Cuerpo Nacional de Policía Eugenio Pino y su subordinado, el inspector Bonifacio Díez Sevillano, acusados de introducir de forma irregular un pendrive con datos de la familia Pujol en la causa donde el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investiga el origen de la fortuna del ex presidente de Cataluña Jordi Pujol. El juicio queda hoy visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Madrid.

La acción popular, ejercida por Podemos rebajó la petición de penas a cinco años de prisión para Bonifacio Díez y a seis y medio para Pino, al retirar el delito de falso testimonio para el primero de ellos y modificar de estafa procesal agravada al de tentativa, pero con agravante, de ese mismo delito para los dos y mantiene el de revelación de secretos. En un principio, reclamaba un total de diez años y medio de cárcel para los dos mandos policiales. Ahora, solicita un año por la tentativa de estafa procesal y otros cuatro por revelación de secretos para los dos acusados, mientras para Pino reclama también un año y medi por falso testimonio.

Por su parte, la acusación particular, ejercida por Jordi Pujol Ferrusola, ha mantenido su petición de condena de dos años y medio para los acusados por un delito de revelación de secretos. Las defensas insisten en que sus patrocinados no incurrieron en delito alguno.

En su informe final, el fiscal concluyó que, tras todas las pruebas practicadas, no se ha acreditado en ningún momento que el pendrive que entregó Pino a Manuel Álvarez, ex comisario jefe de la UDEF, fuese el mismo que se entregó posteriormente, junto con un informe, en la Audiencia Nacional. " No hay prueba pericial" que acredite que fuese el mismo, incidió al respecto el representante del Ministerio Público, y tampoco “queda claro que los archivos fuesen del ordenador de Pujol Ferrusola” ni que los acusados “tuvieran un conocimiento de que lo que se encontraba en el interior de pendrive tenía un origen ilícito”. De hecho, añadió, cuando la UDEF entregó el informe y el pendrive en la Audiencia Nacional “actuó de forma autónoma” .

Por todo ello, concluyó el fiscal, “no ha quedado acrditado los hechos de la acusación” de que PIno y Díez llevaran “ese prendrive a un proceimieno penal de manera ilícita”