Un juez rechaza una querella contra Simón: no ve delito en el retraso en facilitar medios de protección

Un juzgado de Madrid ha rechazado investigar a Fernando Simón por homicidio imprudente, falsedad documental y un delito contra los derechos de los trabajadores, como le habían solicitado el hijo y el nieto de una mujer fallecida por Covid-19 en el hospital de Móstoles el pasado marzo. En su querella, los denunciantes solicitaron también la retirada cautelar de su pasaporte, medida sobre no se pronuncia el instructor.

Hace solo unos días, la juez que investiga la autorización por parte de la Delegación del Gobierno en Madrid de la manifestación del 8-M también rechazó investigar a Simón y remitió a los denunciantes a los dos juzgados de la capital que ya instruían causas contra él, uno de ellos éste que ahora se ha pronunciado.

El magistrado Juan Javier Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 11 de la capital, inadmite la querella y remite a los denunciantes a los juzgados de Móstoles, que según el instructor son los competentes para la instrucción de la causa respecto a la supuesta comisión de un delito de homicidio imprudente.Los familiares de la víctima denunciaron al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad por impartir “directrices erróneas y contradictorias” que minimizaron los efectos de la pandemia del coronavirus y cuyas consecuencias resultaron “fatales”.

En su resolución, el juez sí deja claro respecto a los otros dos delitos que se imputan en la querella a Simón que no advierte indicios de una hipotética falsedad documental ni de un delito contra los derechos de los trabajadores.

Respecto a este último -que los denunciantes le atribuyen por no haber facilitado a tiempo a los diversos ministerios “medios de protección individuales y colectivos”- mantiene que “no puede considerarse constitutivo de delito el hecho de no proporcionar medios de los que no se disponían ante una pandemia de imprevisible evolución y extensión”.

Tampoco ve indicios de falsedad documental porque, subraya, ante la evidencia de que existen diferentes métodos de contabilidad de los fallecidos por coronavirus, en función de si habían dado o no positivo previamente en el test por Covid-19, la opción por uno u otro método “no puede reputarse falsa si se indican los criterios tenidos en cuenta”.

La abogada de los familiares de la víctima, Verónica Suárez, ya ha anunciado a través de un comunicado que ha remitido la querella ante los juzgados de Móstoles, al tiempo que se ha recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión del instructor, a quien achaca haber incurrido en un fraude de ley por no haber incoado diligencias previas inhibiéndose a posteriori al juzgado que considere competente.

“Entendemos que esta actuación está buscando no hacerse con la causa para el supuesto de que los Juzgados de Móstoles no se reputen territorialmente competentes”, asegura la letrada de SF Litigación. Asimismo, subrayan que el juez estaba obligado a practicar diligencias respecto a la denuncia por homicidio imprudente -sobre la que “no ha dicho que no haya delito”- hasta que “otro juzgado asuma la competencia”.

Del mismo modo, defiende que esa investigación, ante la pluralidad de fallecidos, "debe ser enjuiciado tras la instrucción de un solo juzgado" de la capital", lugar donde ha habido un mayor número de fallecidos". "No se puede someter a las partes -se queja- a tener que acudir a 30.000 procedimientos distintos".

En la denuncia se atribuye a Simón “la mayor parte de la responsabilidad” de que España haya sufrido “las peores consecuencias provocadas por la pandemia de todo el planeta” y le responsabiliza de que, como “asesor experto del Gobierno”, hiciese creer a toda la población “que el impacto del Covid-19 en nuestro país sería mínimo”, lo que en su opinión acarreó que “de forma generalizada se bajase la guardia” y no se hiciese acopio de medios de prevención para hospitales “y ni para que la población en general pudiese trabajar y desarrollar su vida cotidiana con garantías de salud”.

Los denunciantes achacaban también a Simón que "aparentemente ha dado datos falsos" respecto al número de fallecidos, un balance que, estimaban, "podría ser el doble o más". Lo hizo, se quejaban los denunciantes, "a sabiendas o con una metodología tal que debiera hacerle sospechar que los datos eran falsos".

La querella incide en que Simón “públicamente le quitó hierro a la situación” con sus declaraciones previas a las manifestaciones del 8-M o cuando el pasado 31 de enero afirmó que España no iba a tener “como mucho más allá de algún caso diagnosticado” y que si se producía una transmisión sería “muy limitada y muy controlada”.