El Gobierno "maltrata" a policías y guardias civiles en la nueva ley de Seguridad Ciudadana para aprobar sus Presupuestos

De órdago en órdago y tiro porque me toca. Este es el bucle vital en el que se ha convertido el quehacer diario del Ejecutivo. A golpe de "chantaje" trabaja para complacer las exigencias de sus denominados "socios" de Gobierno y todo con un único objetivo: sacar adelante sus Presupuestos. Porque esa es la justificación última. Y en medio de este ir y venir de peticiones se encuentran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, utilizados como moneda de cambio en muchas negociaciones.

En este punto cobra vital importancia la anunciada derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana pactada entre el Gobierno de Pedro Sánchez y EH Bildu. Hay que recordar que esta iniciativa, bautizada por el PP como "ley Otegi", ya consiguió pasar su primer filtro parlamentario el pasado 29 de octubre, tras conseguir el respaldo de 176 diputados (mayoría absoluta). En concreto, de quienes impulsaron la reforma (PSOE, Sumar, Bildu y PNV), además de Podemos, Junts, Esquerra y BNG.

Sobra decir que PP y Vox, junto al parlamentario de UPN, votaron en contra (170 diputados). Ambas formaciones presentaron sendas enmiendas a la totalidad, que serán debatidas este jueves en el Congreso de los Diputados. La formación de Alberto Núñez Feijóo defiende la literalidad de la ley de 2015 pero introduce algunos cambios, como considerar infracción muy grave los homenajes a autores de delitos de terrorismo y castigar a las autoridades y funcionarios del ayuntamiento que los autoricen o faciliten.

También propone que sea considerada infracción muy grave la ocupación de inmuebles o la permanencia en ellos contra la voluntad de su propietario; así como portar, exhibir o usar armas prohibidas, como las armas blancas, o utilizarlas de modo negligente o intimidatorio.

Desde Vox, proponen cambios para dar cobertura a la expulsión de aquellos extranjeros en situación de irregularidad administrativa. En este sentido, también plantean reforzar la seguridad en las fronteras de Ceuta y Melilla. Abogan, además, por endurecer el régimen sancionador para la ocupación ilegal de inmuebles o la difusión de imágenes de agentes, a quienes quiere garantizar el establecimiento de una distancia de seguridad mínima para permitirles actuar "proactivamente" en el uso de la fuerza ante un "acometimiento".

Más agresiones a policías

Desde los distintos sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil han subrayado que esta derogación se produce en un momento muy negativo, con "efectivos desmoralizados y debilitados, en un escenario de violencia agravada y con una fragante pérdida del principio de autoridad". Una situación que, señalan, "deriva en un incremento de las agresiones a policías y a una peligrosa judicialización de la labor de los agentes con una falta total de respaldo por parte del Gobierno de España".

Por otra parte, critican que se derogue esta ley mientras se da la espalda a las reivindicaciones históricas de policías y guardias civiles en materia salarial, la equiparación con las policías autonómicas, las jubilaciones y las dietas; la jornada laboral o el derecho a huelga entre otras. A su juicio, las modificaciones que se pretenden hacer en la Ley de Seguridad Ciudadana "perjudicarán directamente la eficacia policial, con la consiguiente desprotección de la sociedad".

Y añaden que las reformas propuestas "van en dirección contraria a las necesidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para afrontar con garantías los nuevos desafíos a los que nos enfrentamos: delincuencia de alta intensidad, bandas juveniles violentas, mafias internacionales o delincuencia tecnológica". Por este motivo, la Plataforma No a la Inseguridad Ciudadana, compuesta por más de 30 sindicatos y asociaciones de todos los cuerpos policiales de España, se concentrará hoy frente al Congreso de los Diputados, para mostrar su malestar y su rechazo.

Los puntos polémicos de la "ley mordaza"

La Ley de Seguridad Ciudadana ya estuvo a punto de ser derogada en la pasada legislatura, pero hubo cuatro puntos que generaron un choque de PSOE y PNV con ERC y Bildu y la iniciativa quedó tumbada. En esta legislatura, el Gobierno parece que sí que ha cedido a las peticiones de la izquierda independentista, que aspiraba a cambiar los dos apartados del artículo 37 porque consideran que por ahí se cuelan la mayor parte de las sanciones que se imponen con esta ley.

En concreto, los cambios que se incorporan afectan al apartado 4 del artículo 37, relativo a las faltas de respeto, ya que ahora solo se considerará infracción cuando haya "expresiones relevantes, sin que pueda considerarse sancionable la sola disconformidad con un mandato legitimo o el ejercicio fundamental a la libertad de expresión"; y, al apartado 20 del artículo 37, que convierte en infracción leve "la desobediencia manifiesta y clara a la autoridad o a sus agentes". Además, se crea una disposición adicional para eliminar las pelotas de goma; y, se buscarán fórmulas para acabar con las devoluciones en caliente.

Y si bien ERC, PNV y BNG se sumaron al texto pactado entre PSOE, Sumar y EH Bildu, otros partidos como los ya mencionados PP y Vox, o Junts y Podemos anunciaron que presentarían enmiendas durante su tramitación.