La juez del 8-M rechaza que la investigación se dirija contra Simón

La juez del 8-M ha rechazado la denuncia de una asociación de consumidores contra Fernando Simón tras dejar claro que el procedimiento que instruye no se dirige contra el responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), sino exclusivamente contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Simón, subraya, “no ostenta la condición de denunciado en este procedimiento”.

En una providencia, la magistrada Carmen Rodríguez-Medel cita además a declarar como testigos el próximo 11 de junio a siete representantes de diversas asociaciones y colectivos sindicales cuyas manifestaciones fueron desconvocadas, algunas a instancias de una llamada telefónica de Delegación del Gobierno, en fechas próximas a la concentración feminista del Día Internacional de la Mujer. Varios de los convocantes de estas protestas declararon a la Guardia Civil que desconvocaron las mismas tras recibir esa llamada, de “evidente” tono “imperativo”, en la que se les trasladaba que la manifestación no se podía celebrar por la gravedad de la crisis sanitaria y por los “peligros” de contagio en esas concentraciones multitudinarias. Sin embargo, el informe del Instituto Armado remitido a la juez ha constatado que no hay registro de esas llamadas.

Según los datos de la Delegación del Gobierno, entre el 5 y el 14 de marzo se recibieron 177 peticiones de reuniones o manifestaciones, de las que se autorizaron 130. Finalmente, 35 fueron desconvocadas (26 de ellas por la crisis sanitaria del coronavirus) y otras ocho no se llegaron a celebrar. Catorce de esas protestas desconvocadas se anularon por los propios promotores y otras doce a instancias de la Delegación del Gobierno "mediante llamada telefónica", una actuación que ahora pretende esclarecer la magistrada.

La instructora acepta la personación como acusación popular de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, pero siempre que aporte mil euros de fianza, pero deniega su pretensión de ampliar la denuncia tanto frente a Simón como en relación a varios funcionarios de la Delegación del Gobierno a los que, le reprocha, "sin identificar imputa una serie de delitos contra la vida, la integridad física o contra el ejercicio de los derechos y libertades". Para Rodríguez-Medel, "no hay indicios de que hayan cometido ninguno de los delitos enunciados".

Respecto a Simón, deja claro a la asociación de consumidores que el procedimiento no se dirige contra él y que, "por el contrario, al menos otros dos juzgados diferentes" de Madrid "tienen asuntos ya registrados en trámite" contra él "por los mismos delitos recogidos en la ampliación de la denuncia", por lo que le emplaza a remitirla "ante dichos órganos jurisdiccionales y no ante éste".

“Los únicos hechos investigados en este procedimiento -precisa- hacen referencia a las decisiones tomadas a raíz de la crisis sanitaria derivada del Covid-19 por el delegado del Gobierno de Madrid en relación con las concentraciones y manifestaciones que le fueron comunicadas con anterioridad al 14 de marzo de 2020”.

Por último, Rodríguez-Medel deniega la personación en la causa del abogado Javier Fernández Torres y de la asociación Derecho a Decidir.

Ayer mismo, el abogado que impulsó la denuncia contra el delegado del Gobierno solicitó a la juez que cite a declarar como investigado a Simón por delitos de desobediencia o denegación de auxilio, una petición sobre la que aún debe pronunciarse la instructora, que investiga si la autorización de la manifestación del 8-M en Madrid obvió las advertencias del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades de evitar concentraciones multitudinarias.

La Asociación contra la Gestión del Coronavirus (AGC), impulsada por el denunciante -que está a la espera de que la juez acuerde su personación como acusación popular- atribuye al director del CCAES la supuesta comisión de un delito de desobediencia “al no informar acerca de la peligrosidad de la infección del coronavirus en reuniones tumultuarias ni manifestaciones ni impedir la celebración de la manifestación feminista del 8 de marzo, incluso alentando a la participación en la misma”.

Informe de la Guardia Civil

Esta asociación esgrime el informe de la Guardia Civil -que acarreó el cese fulminante del coronel Diego Pérez de los Cobos como responsable de la Comandancia de Madrid- en el que pone de relieve que el Gobierno conocía desde enero “la gravedad real de la epidemia del coronavirus”, por lo que el 8-M “no se debería haber realizado”.

En el mismo se expone cómo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el propio Simón prohibieron, 48 horas antes del 8-M, la celebración de un congreso de la Iglesia Evangélica en Madrid, previsto para el 19 de marzo, tras advertir a sus promotores de los riesgos de contagio. Simón expresó de hecho a los organizadores que el “escenario grave de pandemia” impedía la celebración del acto pues Sanidad estaba impulsando una “estrategia basada en la contención”

En las reuniones con los promotores del congreso evangélico, tanto Illa como Simón les dejaron claro que no se podía celebrar. "No, eso no se puede hacer", les dijo el ministro. Y ante la renuencia de los promotores a suspender el acto si Sanidad no les facilitaba los motivos por escrito, un día después el director del Centro de Coordinación y Emergencias Sanitarias expuso "la grave situación sanitaria" por el Covid-19 y de forma "taxativa" -según declaró a la Guardia Civil uno de los asistentes- defendió que el congreso "no se podía celebrar bajo ningún concepto" por ser de "alto riesgo para la propagación de contagios".

Según los autores del informe, esas "recomendaciones imperativas" por parte de la cúpula de Sanidad evidencian "sin lugar a dudas" su "preocupación" por la pandemia y su "interés real en velar por la salud pública precisamente impidiendo la celebración de eventos multitudinarios".

De ahí que el Instituto Armado confronte esa actuación de Illa y Simón con la celebración posterior de eventos multitudinarios como el 8-M "que llegaron a congregar a un número de personas muy superior al previsto para el congreso Unlimited".

Según el criterio de la Guardia Civil, a partir del 5 de marzo no se debería haber realizado ninguna manifestación en Madrid y censura que las autoridades decidieran “celebrar unas y cancelar otras”. El mismo 6 de marzo, recuerda, Sanidad ya disponía de un documento de la directora de Salud Pública, Pilar Aparicio, que alertó el 6 de marzo de los “riesgos de transmisión”, y para la salud de la población, del coronavirus en “eventos multitudinarios de cualquier tipo”.