La Guardia Civil concluye que el 8-M “no se debería haber realizado”

La Guardia Civil considera que el Gobierno “ya conocía desde el mes de enero la gravedad real de la epidemia del coronavirus”, por lo que el 8-M “no se debería haber realizado”. Esa es una de las principales conclusiones del informe que ha remitido el Instituto Armado a la juez Carmen Rodríguez-Medel, que investiga las autorizaciones de esa protesta en Madrid pese a las recomendaciones sanitarias de evitar concentraciones multitudinarias. En el documento se afirma, además, que la Delegación del Gobierno en Madrid disponía de “datos objetivos suficientes” desde la primera semana de marzo y que ignoró casi una decena de alertas sanitarias sobre la pandemia.

En el informe, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se incluye la prohibición expresa, tres días antes de esa concentraciones por el Día Internacional de la Mujer, por parte del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y de Fernando Simón de un congreso evangélico que se iba a celebrar entre el 19 y el 21 de marzo en la capital. “No, eso no se puede hacer”, dejó claro a los convocantes el ministro. Ante la renuencia de los promotores del acto, un día después, el director del Centro de Coordinación y Emergencias Sanitarias se mostró igualmente tajante.

Tras explicar a los convocantes “la grave situación sanitaria”, Fernando Simón expresó “de manera taxativa” -según uno de los asistentes- que “ese congreso no se podía celebrar bajo ningún concepto por concurrir todas las circunstancias para ser considerado de alto riesgo para la propagación de contagios”, lo que suponía “un claro riesgo para los asistentes y la salud pública”. Los responsables sanitarios llegaron a proponer incluso “el cierre de todas” las iglesias evangélicas.

El informe policial hace referencia a las reuniones que se celebraron el día 5 y 6 de marzo con Illa y Simón, en las que Sanidad dejó claro que ese congreso no se podía celebrar. La Guardia Civil hace hincapié en que “las recomendaciones imperativas llevadas a cabo sobre el colectivo evangélico y el nivel directivo de los responsables sanitarios” que asistieron a esas reuniones “indicia sin lugar a dudas la preocupación de estos frente a la pandemia y su interés real en velar por la salud pública precisamente impidiendo la celebración de eventos multitudinarios, hecho que confronta con la celebración, incluso en fechas posteriores en que el número de contagiados acreditados era superior, de otra serie de eventos multitudinarios tales como reuniones/manifestaciones que llegaron a congregar a un número de personas muy superior al previsto para el congreso Unlimited”.

De hecho, subraya, en el congreso evangélico se preveía la asistencia de 5.500 personas (8.000 según el organizador), mientras "manifestaciones como la prevista para el 8-M, Día Internacional de la Mujer, en Madrid tenía prevista la participación de 1.000.000 de personas".

En el informe de 83 páginas de la Comandancia de Madrid, que hasta ayer dirigía el coronel Diego Pérez de los Cobos (destituido de forma fulminante por el ministro Fernando Grande-Marlaska), se hace especial mención además al hecho de que "los desplazamientos y accesos a los eventos juegan un papel fundamental en cuanto a la concentración masiva de personas, especialmente en el 8-M, motivado por un número tan elevado de asistentes que exige incluso la celebración de reuniones de coordinación con responsables de la EMT, RENFE o Metro precisamente para ampliar las necesidades de movilidad de un número tan elevado de personas".

“Todas estas circunstancias -concluye la Guardia Civil- hacen ver a esta instrucción que, a partir del 5 de marzo de 2020, no se debería haber realizado ninguna manifestación/concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria del Covid-19 y no celebrar unas y cancelar otras, como al final terminó ocurriendo”. El Instituto Armado recuerda que en esas fechas Sanidad ya contaba con un documento suscrito por la directora de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, que alertó el 6 de marzo de los “riesgos de transmisión”, y para la salud de la población, del coronavirus en “eventos multitudinarios de cualquier tipo”.

En la primera reunión con los responsables de Sanidad, el 5 de marzo, el consejero de Medios y el secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEDERE), Jorge Humberto Fernández Basso y Manuel Cerezo, respectivamente, se vieron cara a cara en la sede del Ministerio con Illa, Simón, el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, y el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Según declaró a la Guardia Civil Fernández Basso, en ese encuentro se trataron "diversos aspectos relacionados con Covid-19, en especial en relación a la información errónea que se había publicado acerca de contagios en sus iglesias, comprometiéndose los responsables de Sanidad a pedir disculpas públicamente".

Según aseguró, Simón expuso en ese encuentro "la situación de grave crisis sanitaria que atravesaba España y Europa, exponiendo los mayores riesgos que tenía la Iglesia Evangélica, debido a la movilidad de las personas y a las concentraciones a las que asistían".

Tras exponer la próxima celebración del Congreso Unlimited en la Caja Mágica, para el que preveían las asistencia de 8.000 personas, Illa "acompañó con gestos negativos en su cabeza la frase “No, eso no se puede hacer”, procediendo a emplazarles a una nueva reunión el día siguiente a la que además de ellos asistiera el organizador del congreso, Juan Carlos Escobar, presidente del Consejo Ejecutivo de la Federación de Asambleas de Dios de España (FADE)

Esa nueva reunión convocada por el Ministerio de Sanidad se produjo al día siguiente y en esa ocasión Simón planteó, según la declaración de Fernández Basso, “el estado actual de la pandemia”, considerándola “como un escenario grave de pandemia”, por lo que según explicó se estaba llevando a cabo “un seguimiento detallado de los contagios y una estrategia basada en la contención”.

En esa cita, la entonces directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid Yolanda Fuentes (que dimitió el pasado 7 de mayo disconforme con la decisión del Gobierno regional de pasar a la fase 1) les pide expresamente “que suspendan las reuniones previstas, en especial el congreso”, afirmando todos los representantes sanitarios que el congreso “no se podía celebrar de ninguna manera dada la grave situación ya existente y los riesgos asociados y que una recomendación expresa como la que se menciona equivale a una prohibición”.

Simón se compromete entonces a remitir al organizador del congreso “un documento acreditativo de la imposibilidad de celebrar el acto, enviándole el 7 de marzo un escrito firmado por Pilar Aparicio que guarda relación con las recomendaciones relacionadas con el Covid-19 y en el que consta expresamente la recomendación de aplazamientos de eventos multitudinarios”.

La juez Carmen Rodríguez-Medel instruye este procedimiento tras la denuncia del abogado Víctor Valladares contra el delegado del Gobierno en Madrid -al igual que hizo contra Pedro Sánchez en el Tribunal Supremo- por permitir esas manifestaciones del 8-M pese a la recomendación del Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades de seis días antes de que se evitaran concentraciones multitudinarias. El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, deberá declarar el próximo 5 de junio en calidad de investigado en el marco de esta causa.