Las críticas del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, de la ministra de Igualdad Irene Montero y del portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, a la condena a 19 meses de prisión a la diputada morada Isa Serra por enfrentarse a la Policía en un desahucio han encontrado hoy eco en el ámbito judicial. Tanto la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) como Foro Judicial Independiente les han reprochado hoy que hayan asegurado que Serra ha sido condenada “sin pruebas” por “protestar por un desahucio”.

La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) también censura -al igual que ha hecho el Consejo General del Poder Judicical (CGPJ)- las críticas a la sentencia por parte de los ministros de Unidas Podemos. La portavoz de la asociación, la magistrada María Jesús del Barco, decana de los Juzgados de Madrid considera “lamentable” que por parte de un vicepresidente y una ministra del Gobierno, “que tienen que velar por la defensa de las libertades y la separación de poderes, se critique de esta manera descarnada una resolución judicial” y la tachen de injusta “simplemente porque no les gusta”.

Se trata, denuncia, de "un ataque injustificado al principio de la separación de poderes, pilar fundamental del Estado de Derecho", por lo que lamenta que estos cargos públicos "no respeten lo esencial".

Serra, hace hincapié, “ha sido sometida a un juicio justo, como cualquier español, en un proceso en el que se han practicado todas las pruebas pertinentes, incluidas las solicitadas por su defensa”. Del Barco defiende el derecho a la libertad de expresión y asume que los jueces “estamos sometidos a la sana crítica”, aunque matiza: “Basta una lectura de la sentencia para comprobar que no se le condena por parar un desahucio, sino por golpear e insultar a dos agentes de la Policía Municipal”.

A los cargos públicos de Unidas Podemos la APM les reclama “una mínima responsabilidad institucional” que traslade a los ciudadanos “que el Estado de Derecho sigue funcionando en estas circunstancias excepcionales”.

También muy crítica se muestra la asociación Foro Judicial Independiente. En un comunicado, insiste en que la diputada madrileña de Unidas Podemos ha sido condenada por un delito de atentado, un delito leve de lesiones y un delito de daños y ha sido absuelta del de desórdenes públicos y que el fallo “no es firme” y puede ser recurrido.

“La Ley es igual para todos los ciudadanos, dado que sin distinción alguna de condición, cargo u oficio nos encontramos sujetos al principio de legalidad”, recalca la asociación en su comunicado.

“Sin perjuicio del derecho a la crítica a que todas las resoluciones judiciales están expuestas -asegura- la sentencia de 70 páginas aparece claramente motivada”. Los comentarios de Pablo Iglesias -quien expresó ayer en Twitter su “enorme sensación de injusticia” porque se condene “a quien protestó por un desahucio vergonzoso”- “procedentes de quien es miembro del Ejecutivo y ostenta el cargo de vicepresidente, no son en absoluto respetuosos con la separación de poderes, y suponen una injerencia en el Poder Judicial”, denuncia Foro Judicial Independiente.

En esa misma línea, hace hincapié en su réplica a Iglesias en que "a pesar de la declaración del estado de alarma, la separación de poderes es consustancial en todo Estado democrático y debe ser respetada por todos, especialmente por quien encarna uno de los poderes del Estado". Precisamente, añade, Serra "ha sido enjuiciada ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid como aforada, de forma especial y privilegiada, dada su condición de diputada de la Asamblea de Madrid, condición adquirida con posterioridad a los hechos".

JpD discrepa: “El Poder Judicial no puede estar ajeno a la crítica”

Unas críticas a Iglesias que no comparte Juezas y Jueces para la Democracia (JpD). El portavoz de la asociación judicial, Ignacio González Vega, asegura a LA RAZÓN que las palabras de Iglesias “se enmarcan dentro del derecho a la libertad de expresión y a la crítica de las resoluciones judiciales”. “Estamos en una sociedad libre y el Poder Judicial no puede estar ajeno a la crítica”.

Por su parte, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) considera las manifestaciones de Iglesias “mensajes de propaganda política que van destinados a un público determinado”. “No hay que darle mayor trascendencia -aseguran fuentes de la asociación-. Si los afectados no están de acuerdo pueden recurrir, como hacen todos los ciudadanos”.

Además de Iglesias, otros destacados dirigentes de Unidas Podemos mostraron ayer públicamente su disconformidad con el fallo, cuestionando incluso que la sentencia estuviese motivada. Pablo Echenique calificó en Twitter la sentencia de “injusta”. “Pensaba que los jueces estaban para impartir justicia. Qué vergüenza”, se lamentó.

Asimismo, Irene Montero censuró que haya sido condenada por ayudar “a parar un desahucio de una persona con discapacidad”. “Ni Isa ni ninguna persona que en España luche contra las injusticias estaréis solas. Somos más”, dijo.

En la sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) considera probado que ese 31 de enero de 2014, durante la protesta en contra de un desahucio en el madrileño barrio de Lavapiés, la diputada de Podemos "integrándose en los grupos de personas, pues unas veces se encontraba en uno de los cordones y otras veces en el otro, que increpaban, insultaban y acosaban a los agentes, profirió insultos dirigidos a los agentes en general, así como en particular a una agente de Policía Municipal, diciéndole: ‘Eres cocainómana’, ‘mala madre, hija de puta, con todo lo que hemos luchado las mujeres, contigo se pierde todo, no te quieren ni tus propios compañeros’. A otra agente de Policía le dirigió frases como: ‘Hija de puta, puta, zorra; que te follas a todos los policías municipales’. ‘Vergüenza, si fuera tu hijo tendría que cogerte un arma y pegarte un tiro’. Además de proferir insultos a los agentes, continúa el fallo, Serra “procedió también a dar empujones y lanzar objetos contundentes” a los policías”.