Una ley que insulta a la inteligencia

El extenso y falaz preámbulo justificativo de la proposición de ley de Amnistía parte de una aseveración, el «interés general», que no es más que un insulto a la inteligencia colectiva de los españoles. Nunca un texto legislativo, al menos, desde que entró en vigor la Constitución, había respondido tan crudamente a los intereses personales de unos pocos ciudadanos frente al conjunto de la población.

Hubiera sido más coherente, más sincero, que los redactores del engendro hubieran reconocido lo que, paladinamente, reconoció el propio presidente en funciones del Gobierno y candidato socialista a la investidura: que se hacía de la necesidad virtud y que para alcanzar el objetivo propuesto era forzoso el pacto con los mismos que se habían de beneficiar de la norma. Baste con señalar que uno de los artículos de la ley, el 4.3, prevé que «quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión de las personas a las que resulte de aplicación esta amnistía, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención», disposición que hubiera podido simplificarse con una sencilla referencia a Carles Puigdemont y a sus ex consejeros con él fugados.

Con todo, lo peor no es que se pretenda pasar una mera conveniencia personal por una decisión que beneficia a la convivencia nacional, sino que se endose a la soberanía nacional la aceptación del relato del conflicto político del nacionalismo catalán, cuando, precisamente, los delitos que se pretenden amnistiar lesionaban directamente a esa misma soberanía nacional.

Es tal la falacia del argumento, que causa sonrojo repasar las declaraciones y aseveraciones de los dirigentes socialistas, entre ellos, el propio Pedro Sánchez, rechazando, hasta ayer mismo , como quien dice, lo que hoy afirman y que, además, es mentira. Porque sin renunciar al imperio de la ley, a la aplicación de la Justicia, el independentismo no había dejado de perder apoyos en Cataluña, como demuestran los resultados de las urnas del pasado mes de julio, y el manido término de «conflicto político» no era más que una referencia vacía de contenido para la opinión pública.

Queda, por último, comentar el estrambote de la proposición de ley, que no es otro que la autoafirmación de su constitucionalidad, con unas referencias a supuestas sentencias del TC que, simplemente, no existen, y a un supuesto «adn político» en el alma de la ciudadanía que, sinceramente, no sabemos cómo calificar, porque se trata de un ejercicio de voluntarismo absolutamente pasmoso. La realidad, tozuda, es que para aplicar la ley hay que reformar, una vez más el Código Penal, porque, como sucede con el texto constitucional, entre las causas que se refieren a la extinción de la responsabilidad criminal, artículo 130.1, figuraba el indulto, pero no la amnistía, que, ahora, se va a meter a calzador. Por «interés general», claro.