El presidente del Gobierno ha conformado un nuevo Gabinete sin grandes cambios en el sector socialista y en el que, por el ala comunista, se consuma la prevista extinción de Podemos y la asunción, por parte de Sumar, de que su papel en el nuevo Ejecutivo es el mismo que desempeñaba, con desigual suerte, la antigua formación morada. Salvo Trabajo, que sigue en manos de Yolanda Díaz, el resto de sus ministerios carecen de los auténticos instrumentos transformadores de un modelo social y económico occidental, anclado en la libertad de mercado, aunque sí sirven para prolongar el remedo de una batalla ideológica en los márgenes de la política real. El paradigma de esta realidad podemos hallarlo en el nombramiento como ministro de Cultura de Ernest Urtasun, modelo de activista de la «agitpro» de los años 90 del pasado siglo, con fuertes resabios antitaurinos, que, sin duda, hará muy felices a esos «creadores» de la izquierda que miden sus éxitos por la cuantía de las subvenciones que consiguen.

Se argüirá que la extrema izquierda ha obtenido ministerios importantes como el de Sanidad, en manos de Mónica García, como cuota de Más Madrid, pero se trata de un departamento prácticamente vaciado de unas competencias asistenciales que están en manos de las comunidades autónomas desde hace décadas y condenado a la desaparición a poco que se sigan extendiendo las potestades de los gobiernos regionales sobre la formación de los técnicos sanitarios, médicos y enfermeras, y la elección de los tratamientos farmacológicos.

Pero, solventada la parte de los socios y a la espera de que el frente abierto por Yolanda Díaz con Podemos no vaya a más, lo cierto es que el presidente del Gobierno se ha inclinado por un núcleo ejecutivo de continuidad, estrategia política que siempre da pie a las críticas del adversario pero que, en este caso, nos parece acertada –para sus intereses, claro–, por más que algunos de los nombramientos, como la confirmación de Fernando Grande-Marlaska en Interior, reafirmen una manera autoritaria de ejercer la política.

Ciertamente, no es posible negar que buena parte de la desafección de la Opinión Pública frente al anterior gobierno vino dada por la pésima gestión de los ministros de Podemos, como Ione Belarra, Irene Montero o Alberto Garzón, con unos planteamientos ideológicos muy alejados de la sociedad española, pero, puestos a sumar errores de bulto, el titular de Interior había hecho una más que significativa aportación, como pueden constatar las asociaciones profesionales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

En cualquier caso, si hay que señalar una clave en el nuevo Gabinete, más allá de que el presidente haya decidido mantener a su guardia de corps al frente de los ministerios más determinantes, es la doble cartera de Félix Bolaños, que asume Justicia y la suma a Presidencia y Relaciones con las Cortes, evidenciando la preocupación en La Moncloa por el inevitable choque con el Poder Judicial, implícito no sólo en la aprobación de la ley de amnistía o en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, sino en otras concesiones a los socios nacionalistas que pueden, cuando menos, rozar la frontera de los mandatos constitucionales. En este sentido, Bolaños no es solo uno de los mejores espadas de Sánchez, sino que conoce de primera mano los mecanismos de la negociación con los partidos independentistas.

Entre la oposición, especialmente la del Partido Popular, la fusión de la cartera de Justicia con la de Presidencia se ha interpretado como una vuelta de rosca más a la intención de controlar los tribunales que, por más que le pese, traslucen algunas de las actuaciones más polémicas del jefe de Gobierno y de sus socios comunistas. Pero sin entrar en el fondo de la polémica, Bolaños era la mejor elección posible.