La España que no llega a fin de mes

Frente al triunfalismo de la propaganda gubernamental, que alumbra la especie de un nuevo milagro económico español, se alza una realidad bien distinta, sostenida no sólo en los fríos datos estadísticos del Banco de España, sino en la experiencia directa de una organización dedicada a la asistencia social como Cáritas, último recurso de los ciudadanos en apuros cuando fallan todos los demás.

Así, mientras el Regulador advierte de la brusca caída del ahorro de las familias, que han reducido en 24.600 millones de euros el importe de sus depósitos en los cinco primeros meses del año, los responsables de obra social de la Iglesia por antonomasia denuncian que el coste de la vivienda es el agujero negro por el que se van la mayor parte de los ingresos familiares. En 2022, sólo en ayudas directas al alquiler, Cáritas tuvo que socorrer a 112.000 hogares, mientras que otros 100.000 requirieron su asistencia para pagar servicios básicos como la luz y el agua.

En total, más de un millón y medio de españoles fueron atendidos el año pasado por Cáritas en sus necesidades más básicas, incluida, por supuesto, la alimentación, en un contexto de la subida de precios de la cesta de la compra, que es la segunda mayor de Europa. De ahí que no tenga razón la presidenta de las Cortes, Meritxel Batet, cuando afirma que la mayoría de los ciudadanos no tiene problemas para pagar el alquiler, porque desprecia el enorme esfuerzo de renta que tienen que hacer buena parte de los hogares para atender lo más básico: un techo bajo el que cobijarse.

Lo explica bien el Banco de España cuando revela que las familias consumen un 3 por ciento menos, pero se ven obligadas a gastar un 8 por ciento más por los mismos servicios. Precisamente, esa España que no llega a fin de mes o lo hace con muchas dificultades es la que ha sido bombardeada durante la presente legislatura por una lluvia de anuncios de medidas de apoyo social que, en la práctica, apenas han tenido incidencia sobre la situación económica de los hogares o que, como ocurre con la legislación sobre los alquileres, lo que hacen es trasladar la propia responsabilidad del Estado sobre los hombros de los ciudadanos, en este caso los arrendadores de viviendas.

Desde luego, no parece que la gestión económica del actual Gobierno de coalición social comunista pueda presentarse como un aval ante las próximas elecciones generales, mucho menos si tenemos en cuenta que nunca un Ejecutivo recaudó tanto dinero por impuestos y, sin embargo, la deuda pública no deja de crecer. Finalmente, no se trata de negar que la situación económica ha mejorado con respecto a la situación catastrófica que nos dejó la pandemia, pero sí de recordar, con las urnas ya a la vista, que millones de españoles no consiguen percibir en su vida diaria ni la mejora del PIB ni la acción benéfica del Gobierno.