Al Consejo lo bloqueó Moncloa, no el PP

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió, ayer, aplazar una vez más la elección del presidente del Tribunal Supremo, que también ejercerá la del propio órgano de gestión de los jueces, por falta de acuerdo entre los candidatos propuestos, esencialmente, las magistradas Pilar Teso y Ana María Ferrer, por la parte progresista, y Pablo Lucas, como apuesta de consenso del sector conservador. El nuevo pleno ha quedado aplazado sine die.

Para explicar la situación de bloqueo en que se encuentra el nuevo CGPJ, –de difícil salida, puesto que es precisa una mayoría reforzada de los vocales para conseguir la elección–, es forzoso incluir como uno de los factores determinantes a la actuación de la Presidencia del Gobierno, que no ha ocultado en ningún momento su interés por la magistrada Teso, con cierta proximidad a las posiciones gubernamentales en casos como la anulación del nombramiento de Dolores Delgado, y a la que se presenta como la «opción feminista» con el entusiasta respaldo de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), aunque también aceptarían con parecido entusiasmo la candidatura de Ana María Ferrer, fundadora de JJpD junto con el actual presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y que fue la única magistrada de la Sala del Supremo que votó a favor de amnistiar a Carles Puigdemont.

Vaya por delante que las dilatadas trayectorias profesionales de ambas magistradas son aval más que suficiente para que cualquiera de ellas pueda representar a la más alta magistratura del Poder Judicial, como es la presidencia del Tribunal Supremo, y que, por poner algún pero, en el caso de Teso pesaría su falta de experiencia en gestión administrativa, factor que tiene su importancia a la hora de presidir el CGPJ. De ahí, que sea la presión desde La Moncloa, insistente según fuentes judiciales, y desde algunos sectores de la izquierda radical el mayor hándicap de las magistradas.

Porque frente a ellas no se propone, precisamente, un candidato de corte «conservador», no importa la acepción que se quiera dar al término, sino un jurista eximio, de indudable prestigio –académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas– que fue propuesto por los vocales progresistas del CGPJ para ser magistrado del Tribunal Constitucional y que siempre ha desempeñado su labor de manera independiente, hecho reconocido por la inmensa mayoría de la carrera judicial. Por último, sería caer en angelismos, dada la experiencia previa, si aceptáramos el argumento feminista del arco gubernamental, que no operaría con toda seguridad si la propuesta recayera sobre la magistrada Carmen Lamela, mujer, pero instructora de la causa contra el procés. Luego, decía el PSOE que era el PP quien bloqueaba la renovación del CGPJ.