Mientras la presidenta de las Cortes, Francina Armengol, ha habilitado hasta los días festivos para que se pueda celebrar la sesión de investidura de Pedro Sánchez, en una colusión entre el poder Legislativo y el Ejecutivo poco ejemplar, los negociadores nacionalistas catalanes, en este caso, los de Junts, se devanan los sesos para hallar qué más demandas se le pueden exigir al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para darle los votos.

Por supuesto, la cuestión tiene una derivada en clave interna, la disputa de la hegemonía del separatismo entre ERC y el partido de Carles Puigdemont, acosados a su vez por los sectores extraparlamentarios más extremos, si es que eso es posible, que creen que nunca se presentará una ocasión como la presente para forzar el referéndum de autodeterminación o, simplemente, ir a la ruptura unilateral.

El problema, a nuestro juicio, es que nada puede darse ya por absurdo o imposible en una negociación política alejada de cualquier convencionalismo y en la que una de las partes no está dispuesta a mantener límite alguno. Que la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, negara rotundamente hace cinco días que se iba a proceder a una quita de la deuda pública de Cataluña con el Estado, culpando además al Partido Popular de diseminar mentiras, confirma lo que muchos nos temíamos, que la ambición de Sánchez por mantenerse en La Moncloa pasa por encima de cualquier prevención, incluso la de la gestión de los fondos públicos, es decir, del dinero que se extrae intensamente a todos los ciudadanos en forma de impuestos, tasas y gravámenes.

Porque, lo cierto, es que la extensión de las quitas a otras comunidades autónomas tal vez reducirá el agravio comparativo, pero, desde luego, incrementarán el ya desequilibrado gasto del Estado. Con ello, no queremos decir que el resto de los gobiernos autonómicos no tengan derecho a reclamar una igualdad de trato, pero sí advertir de que ésta nunca será posible, porque, como proclaman los dirigentes nacionalistas, cualquier acuerdo se limita a la investidura del candidato socialista, lo que presupone que la gestión gubernamental va a estar condicionada por nuevas exigencias, ya sea a la hora de aprobar los Presupuestos o de promulgar nuevas leyes.

Y sin embargo, la cuestión del dinero, con ser importante, no es lo que más debería alarmar a la opinión pública española, porque a lo que asistimos es al vaciamiento de las instituciones del Estado en Cataluña –a las que seguirán las del País Vasco–, sin excluir, claro, las de interés estratégico nacional, como la Zona Franca del puerto de Barcelona. El resultado azaroso de las elecciones ha hecho posible esa colusión de dos de los tres poderes a la que nos referíamos al principio. Quedan los jueces, pero su papel está tasado y ellos sí cumplen las leyes.