Las intervenciones parlamentarias en la toma en consideración de la proposición de ley de amnistía, con la clamorosa ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejaron un inquietante panorama para el futuro de la democracia española, porque, más allá de la gastada retórica de justificar en las imborrables maldades de la oposición una decisión de responsabilidad exclusiva del PSOE, además, sobrevenida por meras razones de interés partidista, quedó patente que los principales beneficiarios del engendro legal no lo entienden como un punto final, sino como un primer paso hacia la celebración de referendos de independencia.

Y no nos hallamos ante una cuestión reputada imposible, como demuestra el hecho de que ha sido el mismo portavoz socialista, Patxi López, quien ha tenido que defender la misma propuesta que se vio obligado a rechazar en 2021, y con igual contundencia, lo que no augura nada bueno respecto a la firmeza de las convicciones de los actuales dirigentes del PSOE. Entre otras razones, porque siguen abiertas las negociaciones entre Junts y el Gobierno, en Suiza y sin que los ciudadanos españoles lleguen a conocer de lo tratado, mientras desde el nacionalismo catalán se multiplican los mensajes sobre la inevitabilidad de la consulta independentista, so pena de dejar caer al Ejecutivo.

En este sentido, como aviso a navegantes, conviene situar la aseveración del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, sobre su disposición «a ganar o perder un referéndum», en sus justos términos, porque no se conoce ninguna formación nacionalista que haya admitido la derrota en las urnas sin intentarlo de nuevo. Ocurrió repetidamente en Quebec, hasta que se llevó a la decadencia a la provincia, y está volviendo a suceder en Escocia.

La amnistía pasa a ser, por lo tanto, la primera brecha en el ordenamiento jurídico de nuestro Estado de Derecho y choca el cinismo de algunos actores políticos que, ayer, trataron de convertir la maniobra en una cuestión menor, sin importancia, de mero trámite, cuando se ataca directamente a la separación de poderes y la igualdad ante la ley de los españoles.

De ahí que debamos elogiar la firmeza del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que habló directamente de fraude electoral, que no se quedó en la mera denuncia al anunciar una comisión de investigación en el Senado sobre los acuerdos de Pedro Sánchez con los nacionalistas, además de mantener todas las acciones institucionales y judiciales posibles, tanto en España como en la UE, para frenar este ataque al Estado de Derecho. Ya hemos señalado en varias ocasiones la dificultad del empeño, pese a que cuente con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos, como constatan todas las encuestas de opinión, pero es una batalla que es forzoso librar porque es mucho lo que tiene España en juego.