Era un ejercicio sencillo el pronóstico sobre la reunión de la comisión de secretos oficiales del Congreso acerca del caso Pegasus. Dijera lo que dijera la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, sería del todo insuficiente para apagar la revuelta liderada por los separatistas catalanes, los bilduetarras y Unidas Podemos. Como así fue. Se acreditó, con numerosa documentación, ante los portavoces parlamentarios la orden judicial que amparaba la legalidad de la vigilancia a 18 independentistas por presunta actividad ilícita. Durante cuatro horas Paz Esteban porfió en que el CNI actuó conforme a la directiva de Inteligencia y a Derecho, negó el espionaje masivo y atribuyó cualquier otra intervención a medios extranjeros u otros servicios del Estado. Fue inútil por estéril. Porque los grupos inquisidores no acudieron para recibir explicaciones e información confidenciales –que por cierto tardaron minutos en publicitarlas una vez concluida la cita, con la violación consiguiente del deber de reserva–, sino a por munición para cobrarse las cabezas políticas que persiguen, principalmente la de la ministra Margarita Robles, agudizar la dependencia de Sánchez de sus votos y explotar el consiguiente chantaje y fragilizar todo lo posible el Estado para asegurarse una posición dominante. El caso Pegasus, judicializado ya, está muy lejos de vislumbrar su desenlace, sino todo lo contrario, como quedó de manifiesto en las Cortes, porque el quid del asunto no es alcanzar la verdad de los hechos, sino el desgaste político y la tensión institucional con que desbrozar el camino a los enemigos de España para sus fines. La comisión de secretos oficiales refrendó ayer que ha sido un error de fondo y de forma que el Gobierno haya utilizado de cortafuegos un instrumento sensible en el que se pone en juego la seguridad de la nación. Trucar las mayorías para colar a los enemigos del Estado en un cónclave crítico sobre materia clasificada de ese Estado ha resultado, además de insólito en las democracias conocidas, absolutamente baldío para los planes y los propósitos de Moncloa. En un Estado de Derecho consolidado, que no sea agredido a diario por los colectivos antisistema que se acomodan en el Consejo de Ministros, el Congreso y en otras instituciones, los espionajes ilegales a autoridades son gravísimos solo si se demuestran, nunca si se crean o se fabula sobre ellos, y en todo caso existe el deber de probarlos y de someterlos a la fiscalización de los tribunales. Es la verdad judicial la que cuenta, no la política, no la de parte. Así funciona un régimen de garantías como el español. El CNI ha informado y no hay una razón de peso para cuestionar su intachable desempeño, como la propia oposición, PP y Vox, ha mantenido tras la comparecencia de Paz Esteban. Pegasus es el capítulo más reciente del declinante peregrinaje de nuestra democracia y algunas de sus instituciones capitales en manos de un gobierno capaz de cualquier cosa con tal de asegurarse un día más en el poder y hurtar a los españoles su derecho a enjuiciar en las urnas una etapa negra.