El Gobierno está a tiempo de rectificar

Las principales arterias de las capitales del país se tiñeron de naranja en una masiva movilización en defensa de la libertad de enseñanza, que comporta la defensa de los conciertos, y de rechazo a la Ley Celaá. La catarsis que pretende perpetrar el Gobierno en el sistema educativo ha generado un movimiento de oposición en los más distintos ámbitos que no para de crecer, y que resultó constatable por el nivel de protesta en las calles a pesar de las restricciones derivadas del estado de alarma, que obviamente amortiguan el clamor en la opinión pública. El argumentario oficial tilda poco menos que de falaces e indocumentados a los miles de españoles que interpretan el plan de La Moncloa como el ataque más devastador que han padecido las aulas y con ellas las generaciones presentes y futuras. El discurso es que nada hay que temer y que la libertad está garantizada por el Estado en un texto legal cuyo objetivo es «cambiar una filosofía elitista por la equidad», según la titular de Educación. En realidad, presentar a los centros concertados como instrumentos de agravio, desigualdad, injusticia y pelotazo con cargo al dinero público es torticero y ruin. Celaá, aunque sólo fuera por cierta coherencia y respeto a la trayectoria de otros gobiernos socialistas y de su partido, debiera recordar que fue un ejecutivo del PSOE el que alumbró el modelo que ahora pretende apuntillar, y del que ella misma se benefició, como el medio para el acceso a una enseñanza de calidad de familias de bajo nivel socioeconómico que favoreciera el principio de igualdad de oportunidades educativas. No concebimos demasiadas esperanzas en que ni la ministra ni sus compañeros del gabinete socialcomunista valoren la experiencia de sus predecesores, porque el propósito no es formar e instruir en saberes a las generaciones venideras en función de su esfuerzo, sino controlar y someter al dictado del poder político las estructuras educativas. Es hacer realidad aquello de que los hijos no son de los padres, sino del Estado, sentencia que consigna no sólo la convicción despótica de un ideario, sino la determinación de subyugar la libertad hasta el sometimiento. La causa de la libertad, en este caso de enseñanza, es una de las más nobles por las que movilizarse y combatir pues de ella depende que la democracia merezca tal nombre. Más aún cuando se atenta desde el poder contra los torrentes por los que circula la savia de la nación, el aprendizaje y el conocimiento, y se coarta y cercena el derecho de todos a tomar el ascensor social . Como especialmente indigno es el acoso a la educación especial, a aquellos que lo merecen todo. Ayer, padres, alumnos, profesores, sindicatos, partidos de la oposición y otras entidades emprendieron una marcha que debe proseguir. Ojalá Sánchez y Celaá decidan escuchar y reflexionar sobre las circunstancias de una Ley que ha nacido muerta y que tiene en contra a una mayoría de la comunidad educativa. Aún hay tiempo de enmendar un sinsentido.