El traspaso de Rodalies contempla que el Estado asuma una deuda de 132 millones que la Generalitat tiene con Renfe

El acuerdo anunciado este jueves por PSOE y ERC para "culminar y ampliar el traspaso integral (...) a lo largo de la presente legislatura", incluye, entre otras medidas, la condonación de una deuda de 132 millones contraída por la Generalitat de Cataluña con Renfe. El documento establece en el apartado D relativo a los asuntos económicos "traspasar a la Generalitat los recursos necesarios para sufragar la deuda existente con Renfe relativa a los servicios prestados en el marco del Plan de Acción, que se cifra en 132.723.044 euros, fuera de los servicios acordados en el traspaso". Es decir, que el Estado asumirá la deuda contraída por el Ejecutivo catalán con la operadora pública por las mejoras suplementarias que se han requerido en el servicio. Recientemente, de hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) falló que la Generalitat debía abonar a Renfe 80 millones -incluidos en los 132 del acuerdo- por actuaciones del Plan de Acción para la mejora del servicio entre 2016 y 2019.

Empresa mixta con mayorías cualificadas

El documento también establece la constitución de una empresa mercantil bajo el nombre Rodalies Catalunya, heredera de lo que hoy es Renfe Viajeros en Cataluña, que se dotará con "los recursos materiales y humanos que hoy son utilizados y necesarios para la prestación de los servicios de Rodalies por parte de Renfe". Aunque sea mixta, la compañía, en la práctica, será controlada por la Generalitat dado que su consejo de administración estará compuesto a partes iguales por representantes de la Administración General del Estado y de la Generalitat, si bien el presidente, propuesto por esta última, contará con "voto de calidad" para decantar las votaciones. No obstante, las consideradas "estratégicas" requerirán de una mayoría cualificada del consejo.

Traspaso de las líneas R1, R2 y R3

El acuerdo contempla el traspaso "al menos" de las líneas R1 (la que discurre por el Maresme), de la R2 (Sant Vicenç de Calders-Barcelona) y de la R3 (Papiol-L'Hospitalet-Vic-Puicerdà), dejando fuera las que formen parte de la red de interés general del Estado, que seguirán en manos de Adif, si bien se deja abierta la puerta a posibles traspasos futuros de otros tramos. La gestión de las infraestructuras traspasadas la asumirá Ifercat, precisan fuentes del Ejecutivo catalán.

Traspaso del déficit tarifario

Contemplado en el marco del traspaso de 2010, el déficit tarifario nunca se ha llegado a traspasar a la Generalitat, pese al acuerdo inicial, nunca concretado, alcanzado en noviembre de 2021. Se trata de unos recursos que el Estado debería abonar a la Generalitat para que esta trate directamente con el operador ferroviario. A día de hoy, el Estado transfiere a Renfe estos recursos sin pasar por la Generalitat, pese a ser esta la titular del servicio. El pacto entre PSOE y ERC señala que este traspaso económico se acometerá en el caso de los recursos de 2023 a lo largo de 2024, mientras que "en los años sucesivos una vez vencida la anualidad y durante el primer trimestre de cada año se realizará el cálculo del déficit y la transferencia de recursos".