Trabajo recula un poco y ofrece más flexibilidad, pero las empresas piden 5 años de moratoria para la reducción de jornada

Flexibilizar los actuales márgenes para que las compañías puedan distribuir de manera irregular los horarios, pero hasta un límite, y ampliar la capacidad sancionadora por incumplimientos de la reducción de jornada. Esas son básicamente las mejoras que ofrece el Ministerio de Trabajo a los empresarios para intentar convencerles para que firmen la reforma de la reducción de la jornada de trabajo. A CEOE y Cepyme no les suena mal, pero tampoco bien, piden flexibilizar también los plazos, es decir, retrasar la entrada en vigor de la reducción de jornada a 37,5 horas semanales. Con ambas propuestas, se ha cerrado la mesa de negociación reabierta emplazándose todas las partes a estudiar lo presentado.

La flexibilización de Trabajo tiene un componente únicamente temporal, ya que a lo único que acceden es a que las plantillas puedan disponer de más horas de trabajo durante las temporadas altas de actividad, pero que se compensen con una reducción de horas en periodos de baja carga de trabajo. Pero al menos es un punto de partida tras el bloqueo patronal y el ultimátum ministerial. Pero esta flexibilización tiene una letra pequeña, ya que Trabajo estaría dispuesta a que las empresas pueden distribuirse irregularmente hasta un 10% de la jornada anual, pero circunscrita a la jornada que tuvieran las empresas a la entrada en vigor de la norma y no a la nueva jornada reducida. "Eso da un mayor margen en las jornadas irregulares que entendemos que pueden ser útiles para que las empresas puedan ir cuanto antes al módulo nuevo de las 37 horas y media", ha apuntado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, a la salida de la reunión.

La intención ministerial es ofrecer "algunos márgenes más de distribución irregular de la jornada" para beneficiar a aquellos sectores con ciclos productivos inconstantes a lo largo del año, como la agricultura o algunas actividades relacionadas con la hostelería, donde hay una mayor carga de trabajo en verano o en el momento en que hay que recoger los frutos. En realidad, lo que ofrece es que el total de las horas de distribución irregular que dispone la empresa por trabajador no cambie, aunque el total de jornada anual disminuya. Sin detallar medidas concretas, se abre a la posibilidad de dar más margen en algunos casos -como las micropymes o las concesionarias- y los sectores concretos más alejados de las 37,5 horas semanales. "Hay márgenes para que la entrada en vigor sea ordenada", insistió.

Fuentes empresariales manifestaron a LA RAZÓN que aún es pronto para hacer una valoración es profundidad, "pero queda claro que se han movido muy poco de su postura inicial. Cuando pedimos flexibilizar la medida, nos referimos a eso, no hacer un movimiento testimonial que apenas cambia nada", criticaron.

Al menos en esta ocasión sí que parecen haber escuchado algunas de sus nuevas propuestas. La principal que han asegurado que estudiarán, que se extienda el plazo de aplicación de la reducción hasta la renovación de los nuevos convenios colectivos, para evitar disfuncionales, lo que retrasaría la implantación total de las 37,5 horas en el tejido productivo hasta 2030, un plazo que Trabajo no parece dispuesto a asumir, aunque sí plantean la posibilidad de ampliar su entrada en vigor durante un "plazo razonable". También podrían replantearse medidas para reducir el coste adicional que supondría para las empresas esta medida, que el último estudio de Cepyme valoró en un un coste directo de 12.000 millones de euros y de 42.000 millones en costes indirectos teniendo en cuenta la pérdida de valor añadido bruto.

El secretario de Estado ha afirmado que "hay muchas maneras de, junto con la negociación colectiva, establecer una entrada en vigor que sea lo suficientemente flexible para que nadie tenga que incorporar de golpe y porrazo una reducción de jornada que podría no asimilar. Pero el Ministerio no lo ha planteado en ningún momento. Esta es una medida que está aquí para quedarse durante otras cuatro décadas para reformular las relaciones laborales. No se trata de hacerla de manera desordenada o de generar un impacto por su entrada en vigor acelerada", reconoció.

Los sindicatos han rechazado cambios que supongan una "dilación injustificada" de la entrada en vigor de esta reducción, pero se han mostrado dispuestos a valorar las nuevas propuestas en aras de un acuerdo tripartito. "No estamos ni por el aplazamiento ni por la dilatación", ha recalcado el secretario de Estudios y Formación Sindical de CC OO, Carlos Gutiérrez. El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha apostillado que aceptarán la flexibilidad propuesta por el Gobierno siempre y cuando "los tiempos sean razonables" y que valorarán la propuesta del Gobierno, siempre y cuando esté "en la línea o con el objetivo" de acordar de forma tripartita la reducción y que se haga en un periodo "razonable" de tiempo. "No estaremos nunca de acuerdo con la dilatación y el aplazamiento de la entrada en vigor de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas".

Pese a haber suavizado su postura en algunos aspectos de la reforma, Pérez Rey ha dejado caer que también se ampliará el cuadro de sanciones para las empresas que incumplan la normativa. De este modo, Trabajo ha incorporado un agravante que eleva la multa para aquellas infracciones que provoque daños a la salud de los trabajadores por razones relacionadas con el tiempo de trabajo. Según explicó Pérez Rey, "no se trata sólo ganar bienestar, sino que las jornadas desproporcionadas de sol a sol matan y lo vemos cuando hay circunstancias climáticas adversas, pero también lo vemos cuando produce el agotamiento derivado de jornadas excesivas en ámbitos como el transporte. Por lo tanto, también hemos propuesto esa agravante en materia de sanciones cuando los excesos de jornada que incumplen la ley ponen en riesgo la vida de los trabajadores". El baremo de estas infracciones pueden determinarse en grave o muy grave y puede conllevar una sanción de hasta 10.000 euros por cada trabajador con el que la empresa incumpla la ley.

Con todo, el Ministerio ha decidido olvidarse del ultimátum dado la semana pasada a CEOE y Cepyme para que firmaran ya el acuerdo. El propio Pérez Rey ha señalado que ya no hay plazos marcados. El toque de atención lanzado desde Moncloa y desde el Ministerio de Economía, junto con el durísimo manifiesto publicado por la patronal de las pymes, ha hecho cambiar de postura a Trabajo, cuya intención es "llegar a un acuerdo del diálogo social cuanto antes", aunque han incidido en que no se olvida de los compromisos temporales del Gobierno, que son llevar a cabo la reducción de jornada este año.