El Ministerio de Trabajo y Economía Social, con Yolanda Díaz a la cabeza, ha reanudado el curso político con una serie de medidas que pretende implementar de cara a esta legislatura y, sobre todo, a este curso político. No obstante, la que se prevé que sea más inmediata es la reducción de la jornada laboral, una medida estrella que ya empleó Sumar durante la campaña electoral y que la vicepresidenta segunda ha llevado por bandera en este primer año de Gobierno.

Y es que esta es una de las medidas más populares y más esperadas en España por parte de los ciudadanos, ya que supondrá la reducción de la jornada laboral de 40 horas semanales a 37,5 horas a la semana, todo ello sin que el salario sufra ninguna variación, es decir, cobrando lo mismo que hasta ahora.

De esta forma, esta propuesta, impulsada por el Ministerio de Trabajo, se encuentra ahora mismo en fase de negociación con la Patronal y los Sindicatos en el marco de la Mesa de Diálogo Social impulsada por el Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez. De hecho, Yolanda Díaz, en sus funciones como ministra de Trabajo, visitó la semana pasada Barcelona para abordar la reducción de la jornada laboral con empresarios y sindicatos de Cataluña.

Beneficios y obstáculos de la reducción de la jornada laboral

Se estima que la reducción de la jornada laboral beneficiará a más de 12 millones de trabajadores en España que verían reducidas sus jornadas de 40 horas semanales a 37,5 horas. No obstante, según afirma el 'Diario de Sevilla', se calcula que en torno al 17% de los contratos actuales ya han puesto en marcha esta reducción de la jornada laboral que, por el momento, todavía no se ha materializado en ley.

Sin embargo, poner en marcha esta medida está siendo complicado para el Ejecutivo. Por un lado, en el acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar se estableció que el proceso debía ser gradual, comenzando primero por una reducción a 38,5 horas semanales y, después, culminando esta medida a 37,5 horas a la semana. Pero la situación actual del Gobierno en minoría parlamentaria y de una férrea oposición que no avala la reducción de la jornada laboral hace que el camino esté lleno de obstáculos.

Además, la Patronal no parece estar muy por la labor de implementar la medida, no tanto así como los Sindicatos de los trabajadores, ya que se prevé que la reducción de la jornada laboral, además de suponer una mejora en la conciliación personal y profesional, contribuiría a la creación de empleo y a redistribuir el trabajo. Con todo ello en la mesa, el Gobierno sigue adelante con sus planes de implementar la medida que, aunqueen un principio debía aprobarse la primera fase antes de que finalizase el año, ya se espera que entre en vigor a comienzos de 2025.

Otros derechos laborales que entrarán en vigor antes de 2025

No obstante, aunque lo prioritario para el Gobierno es la puesta en marcha de la nueva jornada laboral, el Ejecutivo pretende implementar otros derechos laborales gracias a la labor del Ministerio de Trabajo. Así, una de ellas es la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), tal y como lleva ocurriendo desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa.

De esta manera, aunque el SMI ya subió este año de los 1.080 euros de 2023 a los 1.134 euros de este año, tanto el presidente del Gobierno como la ministra de Trabajo prevén revalorizar de nuevo el SMI, aunque todavía se desconoce cuando, pero lo más probable es que sea para finales de este año o comienzos de 2025.

Retribución del permiso parental de 8 semanas y reforma del despido improcedente

Así, otra reforma que el Ministerio de Trabajo tiene entre manos es la retribución del permiso parental de ocho semanas, algo que previsiblemente abordará el Ministerio de cara a la negociación de los nuevos Presupuestos Generales para 2025.

No obstante, esta medida debería haber entrado en vigor antes del 2 de agosto de este mismo año, ya que así lo dicta la Directiva 2019/1158 del Parlamento Europeo, por lo que, ahora mismo, España está inclumpliendo la Directiva Europea de Conciliación, algo por lo que el Tribunal Superior de Justicia Europeo podría imponer sanciones de hasta siete millones de euros a nuestro país.

Otra gran reforma que el Ministerio de Trabajo pretende implementar es la reforma de la indemnización por despido improcedente, con la que el Ejecutivo busca cambiar el método de cálculo de indemnizaciones por despido improcedente. Así, en lugar de basarse en los años trabajados, se quiere evaluar el daño real sufrido por el trabajador, considerando factores como edad, formación y antigüedad en la empresa. Todo ello sin olvidar el motivo del despido, que deberá ser justificable y no arbitrario.

El Estatuto del Becario: otra de las prioridades

Además, Trabajo también tiene pendiente aprobar el conocido como Estatuto del Becario en un gran acuerdo en el que el Gobierno, los sindicatos y la CEOE deberían ponerse de acuerdo para publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el texto definitivo que regule de manera efectiva las prácticas que realizan los estudiantes durante su formación.

Así, esta nueva medida buscará eliminar las prácticas extracurriculares, establecer un apoyo económico para el becario, limitar el número de estudiantes en las empresas, que no deberá superar el 20% de la plantilla, y que estos tengan los mismos derechos que los trabajadores de la empresa.

Además, se regulará que las empresas coticen a la Seguridad Social por los alumnos que tengan en prácticas mientras que, al mismo tiempo, se implementarán subvenciones a aquellas empresas con becarios en su plantilla para facilitar la labor de las mismas con los estudiantes.

Si bien este conjunto de medidas representa una hoja de ruta ambiciosa para el Ministerio de Trabajo, su concreción dependerá de diversos factores, como el consenso político y las presiones sociales. No obstante, se prevé que algunas de estas reformas puedan materializarse antes de que termine el año, generando un impacto significativo en el mundo laboral.