La organización que dirige Pepe Álvarez exige por carta al presidente del Gobierno que universalice de nuevo el contrato de relevo y mete presión para que se impulse a la mayor celeridad posible la contrarreforma laboral.

El sindicato UGT, que dirige el astur-catalán José María Álvarez, tantea y mete presión al Gobierno de Sánchez. Lo apoyan, pero quieren más rapidez y contundencia en la aplicación de varias medias y, sobre todo, en la revocación de la reforma laboral, algo que la ministra Magdalena Valerio les ha prometido, en nombre del presidente del Gobierno, pero que se hace esperar. Por eso, los responsables de UGT, justo antes de las fiestas navideñas, empezaron a tensar la cuerda.

El 17 de diciembre, Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general del sindicato, y Gonzalo Pino Bustos, secretario de Política Sindical de la organización, remitieron una carta al presidente del Gobierno, con copia a la ministra de Trabajo, en la que reclaman la formalización inmediata de una seria de acuerdos alcanzados en las Mesas de Diálogo Social. Los sindicalistas exactamente escriben que «antes de finalizar ese mes de enero deberíamos contar con un acuerdo que dé satisfacción al conjunto de trabajadores, pues en otro caso la UGT tendrá que encauzar la defensa de sus derechos por otras vías».

La misiva, remitida a la Moncloa en nombre de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, no es ningún ultimátum, pero se interpreta como una advertencia. Para evitar que no haya marcha atrás, no la firma el secretario general, sino sus segundos, algo que facilitará que se dulcifique la posición. Además, la exigencia, en teoría, se limita al denominado «contrato de relevo», algo que, según los sindicalistas, no ha sido abordado en la Mesa de Diálogo Social, pero que forma parte de los llamados «Acuerdos en el ámbito bipartito que deben ser desarrollados en el ámbito tripartito con el Gobierno de España», suscritos por las patronales CEOE y Cepyme, y los sindicatos UGT y CC OO.

El pretexto para la advertencia sindical al Gobierno es la entrada en vigor, el 1 de enero, de una modificación de la regulación de la jubilación parcial y el contrato de relevo que, desde esa fecha, solo podrán aplicarse en «empresas clasificadas como industria manufacturera». El contrato de relevo permite que un trabajador se acoja a la jubilación parcial con 61 ó 62 años si ha cotizado 34,5 o 33 años. A cambio, la empresa se compromete a sustituir a esos trabajadores –cuya jornada puede llegar a verse reducida hasta un 75%, pero conservan el salario por ese tiempo trabajado y las prestaciones de pensión– por otros más jóvenes, con menor salario, y también se beneficia de bonificaciones en las cotizaciones sociales. El pocas palabras, el contrato de relevo permite una jubilación anticipada sin reducción de pensión. Fue aprobado por Ley en 2011 y se aplicaba con carácter general y el coste último recaía en la Seguridad Social. Por eso, sin duda, el Gobierno aprobó el 7 de diciembre un Real Decreto en el que limitaba la utilización de ese contrato de relevo a las industrias manufactureras.

El fin era echar una mano a las cuentas de la Seguridad Social, agobiadas por sus déficits. Sin embargo, los sindicatos –y en cierta medida la patronal– entienden que la norma discrimina a trabajadores y empresas por razón de su actividad. UGT ha encontrado la excusa perfecta para tensar la cuerda con el Gobierno, en un asunto en el que, además, CEOE y Cepyme no serán beligerantes, porque también les interesa la vuelta al sistema anterior.

«Dos a uno»

Todo indica que el propósito de UGT es presionar a Pedro Sánchez y a Magdalena Valerio para impulsar cuanto antes la contrarreforma laboral, en la que también como asunto menor volverían a universalizar el contrato de relevo. Todo parecía ir sobre ruedas para los sindicatos hasta mediados de diciembre. En las cinco Mesas de Diálogo social acordadas entre Gobierno, sindicatos y patronal, los responsables gubernamentales se alineaban con las posturas sindicales de forma sistemática. Yolanda Valdeolivas, secretaria de Estado de Empleo, número dos de Valerio, incluso llegó a protagonizar una anécdota ilustrativa.

En la discusión de un asunto sindicatos y Gobierno mantuvieron la misma postura, mientras que la representación empresarial defendía otro. Valdeolivas zanjó la cuestión de forma expedita: «Dos a uno. Todo claro, a otra cosa». Sin embargo, a pesar de la sintonía sindicatos-Gobierno, la contrarreforma aún no ha llegado al BOE y los sindicalistas empiezan a ponerse nerviosos. Por eso, y como advertencia, los segundos del líder de UGT han escrito al presidente del Gobierno para explicarle que pueden actuar por «otras vías». Esperan que Sánchez entienda el mensaje, que no es otro que la aprobación de una contrarreforma que deje casi sin contenido la de Rajoy y Báñez de 2012. No es una amenaza, pero puede parecerlo y no le habrá hecho gracia al presidente, que no puede permitirse una bronca con UGT y CC OO y los sindicalistas creen saberlo.