Sólo uno de cada seis hogares (un 16%) que entran dentro de los requisitos exigidos para poder recibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV) dispone de esta ayuda. Así se desprende de un informe publicado este jueves por la ONG Oxfam Intermón, en colaboración con el centro de pensamiento Future Policy Lab, en el que se señala a la burocracia, el desconocimiento o el estigma social como causas de este menor alcance.

En concreto, el estudio evalúa el impacto que tiene el Ingreso Mínimo Vital en la disminución de la pobreza y la desigualdad, y lo hace, concretamente, tres años después de su implementación. Para ello, "realiza una estimación del impacto potencial que tendría la prestación de solucionarse los errores de diseño que presenta, así como se calcula el impacto real que estaría teniendo actualmente. Finalmente, se plantean propuestas de mejora a esta herramienta", explican desde Oxfam.

Así, el informe recoge que, desde su aprobación en 2020 y hasta febrero de 2023, se habían aprobado 578.000 solicitudes. Esto se traduce en 1,63 millones de personas beneficiarias en términos acumulados. Unas cifras que se encuentran alejadas todavía del objetivo marcado inicialmente para el IMV, con el cual se pretendía llegar a unos 850.000 hogares, lo que supone alrededor de 2,3 millones de personas en situación de pobreza severa. Una diferencia importante, teniendo en cuenta que con ese alcance que se había previsto se podría haber reducido la tasa de pobreza severa más de 5 puntos, frente a los 2 puntos que se ha conseguido reducir actualmente.

Basándonos en estos datos, y según la normativa que se encuentra vigente, el 84% de los hogares con derecho al Ingreso Mínimo Vital se quedaría fuera de su alcance. Dicho de otro modo, esta prestación estaría llegando únicamente al 16% de los hogares que cumplen los requisitos económicos para solicitarlo. Este alcance inferior responde a diferentes motivos, según indica el estudio. Por un lado, algunos requisitos y condiciones de acceso de la prestación dejan fuera a determinados colectivos, lo que impide que se produzca una cobertura más amplia. Por otro, el desconocimiento que hay sobre su existencia, las dificultades a la hora de realizar la solicitud (brecha digital, burocracia) o incluso el estigma social que se podría asociar con el hecho de ser beneficiario de este tipo de prestaciones provoca que algunas personas no lleguen a solicitarla.

Diferentes combinaciones con rentas mínimas autonómicas

Asimismo, Oxfam ha llevado a cabo un análisis comparativo de tres comunidades autónomas, concretamente en el País Vasco, Cataluña y Madrid, mediante el que se demuestra que una estrategia adecuada donde se combina esta prestación con otras rentas mínimas de aplicación autonómica puede mejorar notablemente su alcance, tal y como ocurre en el País Vasco, por ejemplo.

Por el contrario, en comunidades como la de Madrid se está llevando a cabo una sustitución prácticamente total de la renta mínima por el IMV, sin reorientar esos recursos a otras prestaciones similares. En el caso de Cataluña, las dos prestaciones se complementan, consiguiendo así un mayor alcance.

Igualmente, en el estudio se proponen también un conjunto de propuestas orientadas a incrementar este alcance de la prestación. Entre ellas, destacan incluir a todas las personas con edades comprendidas entre los 18 y los 23 años como potenciales titulares de la prestación o el hecho de garantizar que los menores de 30 años puedan tener acceso al IMV con los mismos requisitos que el resto de población adulta.

A su vez, se plantea una modificación del periodo de cómputo de los ingresos, la flexibilización de los requisitos de patrimonio, el incremento de cuantías y umbrales, la generalización de los incentivos al empleo, así como una ampliación y homogeneización en la cantidad destinada como complemento a la infancia en todos los tramos de edad. E incluso otras medidas relacionadas con la simplificación de procedimientos y requisitos y la integración con la fiscalidad.