José María Ruiz-Mateos pasó de ser el hombre más rico de España a ser una figura habitual de los juzgados y los medios de comunicación. Su imperio empresarial se edificó en un equilibrio siempre inestable, suspendido a compresión sobre un solo pilar, tal y como se levantaron las Torres de Jerez en la Plaza de Colón de Madrid, que se construyeron de los pisos más altos hacia los más bajos. Unas torres que terminaron siendo la sede del conglomerado de Ruiz-Mateos en los años setenta del pasado siglo. Tanto Rumasa como, años después, Nueva Rumasa crecieron por agregación, «sumando pisos», compañías, sociedades y empleados hasta llegar al suelo para derrumbarse finalmente en un laberíntico entramado jurídico, de acusaciones por presuntas estafas, fraudes e impagos con el emporio cayendo en números rojos.

Rumasa, el holding de la abeja, nació en 1961 a partir de una modesta bodega y terminó expropiado por el primer Gobierno de Felipe González el 23 de febrero de 1983. Las sospechas sobre la colmena de Rumasa comenzaron cinco años antes, con la UCD, cuando el Banco de España reclamó un estado real de la salud financiera de los bancos integrados en el grupo. El riesgo crediticio que mantenían los bancos de Rumasa en sus compañías superó el 60%. La auditoría no terminaba de llegar y el Gobierno socialista decidió por sorpresa la expropiación de Rumasa, sus 18 bancos incluidos, con un polémico real decreto-ley que fue recurrido ante el Tribunal Constitucional.

El Alto Tribunal respaldó, tiempo después, la expropiación con el voto de calidad del presidente que rompió el empate. Miguel Boyer, ministro de Economía, afirmó que la «situación del conglomerado era de extrema gravedad», con un agujero patrimonial gigantesco, una deuda con Hacienda de 21.000 millones e impagos a la Seguridad Social. Entre las compañías expropiadas destacaban el Banco Atlántico, Galerías Preciados, Loewe, la cadena hotelera Hotasa, numerosas bodegas... Unas 250 sociedades con 65.000 trabajadores.

Comenzó entonces un complicado proceso judicial con rocambolescos episodios. Ruiz-Mateos se convirtió en un maestro de las fugas, primero a Londres, después a Fráncfort, tras ser acusado de los presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad, delitos monetarios y estafa. Entraba y salía de la cárcel y de los juzgados con una intensa presencia catódica. Es la época más conocida de Ruiz-Mateos, la del «que te pego, leche» con agresión a Miguel Boyer, los tiempos de los disfraces a lo Superman y de las declaraciones provocadoras contra los jueces. Un protagonismo en los medios que aprovechó para salir elegido eurodiputado a finales de los noventa. A la vez, sus antiguas empresas eran privatizadas en un proceso tan polémico como su expropiación.

En 1991, el Supremo falló contra la reversión de Rumasa. En 1993 la Corte de Estrasburgo sentenció que en la expropiación se violó el derecho de Ruiz-Mateos a ser oído, pero rechazó cualquier indemnización. Cuatro años después, la Audiencia Nacional absolvió al empresario jerezano aunque afirmó que la falsedad y el impago de impuestos habían sido probados.

Ruiz-Mateos, entre juzgado y portada, había iniciado la creación de Nueva Rumasa, con 16.000 trabajadores y empresas tan conocidas como Dhul, Trapa, Elgorriaga o Clesa, entre otras. Con un regate se hizo con el Rayo Vallecano para proyectar su imagen. Muchas de estas sociedades ya acumulaban problemas antes de ser adquiridas y Ruiz-Mateos no tardó en tener nuevos encontronazos con la Justicia. En 2005, la Audiencia Nacional le condenó por el delito de alzamiento de bienes en el caso de la agencia de viajes Mundo Joven. La crisis económica golpeó también al nuevo holding de los Ruiz-Mateos; sufría falta de liquidez y su gestión, entrelazando unas sociedades con otras, no frenó el deterioro. Decidió desesperadamente emitir pagarés con intereses de hasta el 12%. El dinero no se devolvió al caer Nueva Rumasa. Unos cinco mil inversores quedaron atrapados. Otra vez se acumularon las acusaciones de presunto fraude y estafa, esto último por la venta de un hotel en la isla de Mallorca, con posterior ingreso en la cárcel de Soto de Real, en Madrid, por un día, el 17 de junio de este año, para ser conducido al Hospital Gregorio Marañón por su delicado estado de salud. La Audiencia Nacional comenzó a embargar inmuebles y a investigar el destino de los 300 millones de euros ingresados con los pagarés mientras los hijos se enrocan y apuntan al patriarca, José María Ruiz-Mateos, como el único que decidía la marcha del negocio en lo que es un nuevo embrollo judicial.